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Piden defensoras a autoridades de Tlaxcala dejar de mentir sobre violencia contra mujeres y niñas

Por Aline Espinosa Gutierrez

Ciudad de México. A cinco días de haberse declarado la Alerta de Género en Tlaxcala, defensoras y abogadas reiteraron que esta entidad no es segura para las mujeres, ya que 17 mil 820 han sido violentadas de distintas formas, hay 76 casos de feminicidio, y aumentaron las desapariciones y agresiones sexuales en lo que va del 2021, por lo que exigieron a las autoridades “dejar de mentir” y reconocer la gravedad que padecen las tlaxcaltecas. 

Al participar en el foro virtual “Tlaxcala no está en paz”, las defensoras y abogadas reprocharon que las autoridades de esta entidad se nieguen a emprender acciones que ataquen la gravedad de la violencia contra mujeres y niñas, eliminen las irregularidades del gobierno y aseguren el acceso a la justicia. La ausencia de sus obligaciones, añadieron, la justificaron bajo el argumento de que el estado “está en paz” y que “los números no son tan alarmantes como en otras entidades”. 

Prueba de ello, dijeron, es que la AVG tardó casi 6 años en ser declarada en el estado porque se consideraba que las mujeres no vivían en un contexto violento, pues las cifras eran “muy bajas”. Recordaron que en 2016 la AVG se solicitó para 13 municipios de Tlaxcala por trata de mujeres con fines sexuales, sin embargo, fue negada. Este 2021 fue declarada para los 60 municipios que existen en la entidad debido a la alza en el número de mujeres asesinadas y víctimas de violencia feminicida . 

“¿De verdad Tlaxcala está en paz? No compartimos esta afirmación cuando la violencia de género es una constante, cuando la violencia feminicida aumenta, cuando no hay respuesta de las autoridades hacia la desaparición de niñas y jóvenes…cuando todas las mujeres enfrentamos inseguridad y violencia en sus hogares y no se les garantiza el acceso a la justicia. Cuando tocan a una mujer nos violentan a todas”, declaró la periodista independiente e integrante de la Red Nacional de Periodistas, Elizabeth Muñoz Vásques. 

De enero de 2017 a agosto de 2021, las defensoras registraron 116 muertes violentas de mujeres, que documentaron medios de comunicación y de datos abiertos. De estas muertes se iniciaron 21 carpetas de investigación por feminicidio y 3 sentencias condenatorias ocurridas en 2019. Estos casos tardaron dos años en llegar a la justicia. “Esto significa hasta un 98 por ciento de impunidad”, dijo la abogada de la directora del Colectivo Mujeres y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin. 

Méndez Ahuactzin detalló que dos de las sentencias fueron desarrolladas por un proceso abreviado, lo que repercutió en que los agresores sólo fueran condenados a 26 años en prisión, cantidad que no fue igualitaria al daño que ellos causaron en la víctima, las familias sufrieron dificultades para recibir la reparación integral del daño. Esto demuestra la falta de perspectiva de género en las autoridades. 

“Hay una ausencia de la aplicación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso María Lima Buendía en 2015 y que ha significado un gran precedente de cómo debe ser investigado y realizada la debida diligencia en los casos de feminicidio y que toda muerte de mujer tiene que ser investigada con perspectiva de género.Todavía se sigue hablando de suicidio en las muertes violentas de mujeres”, añadió Méndez Ahuactzin. 

Las defensoras detallaron que la instalación en marzo de 2021 de la Unidad Especializada para la Investigación de Feminicidios en la entidad no ha traído resultados efectivos porque los asesinatos de mujeres son investigados aún por el grupo de especializado en homicidios dolosos, por lo que se pierden pruebas para acreditar las razones de género en los casos. 

Señalaron que en el tema de desapariciones de mujeres el panorama es igual, las autoridades no cumplen con sus obligaciones, retrasan la búsqueda y desestiman la desesperación de las familias bajo prejuicios sexistas, a pesar de que las organizaciones feministas han denunciado que en la entidad existen diferentes redes de trata de menores de edad y de mujeres con fines sexuales. 

“Queda como pendiente al Estado reconocer la desaparición como parte de la violencia feminicida que llevan consigo otras violencias como es el feminicidio, la violencia sexual, la violencia familiar y otras. Es importante atender que se aplique un protocolo que sí reconozca la violencia feminicida como parte de la desaparición de mujeres y de menores de edad porque se sigue contemplando como ausencias voluntarias. Las personas no desaparecen de un día a otro. Esta deuda queda pendiente con muchas familias de Tlaxcala”, añadió la experta en búsqueda con vida de niñas y mujeres, Miriam Pascual Jiménez.

Frente a este contexto, dijo la integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Erika Cervantes Pérez, los medios de comunicación de la entidad no ayudan a visibilizar la situación de las mujeres, ya que se limitan a replicar el comunicado de las instituciones y sólo dan voz a las fuentes oficiales. Esto, dijo, hace creer que las agresiones contra las ciudadanas en Tlaxcala no son tan graves. 

Detalló que a través de un monitoreo a medios periodísticos, registró 190 noticias sobre violencia de género de enero a agosto de 2021, es decir una nota cada dos días, de las cuales 30 plasman “un poco” la opinión de las organizaciones civiles que trabajan por disminuir esta problemática, pero no profundizan en el tema ni contrastan la información.

Resaltó que esta labor de los medios de comunicación contribuye a que la violencia de género se normalice, los estereotipos de género prevalezcan, no se suman a la exigencia al gobierno hacia estas problemáticas y deja en el olvido que las mujeres tienen Derechos Humanos que deben respetarse, por ello llamó a las y los periodistas a cumplir con su trabajo y contextualizar sus noticias con datos verídicos. 

Las defensoras demandaron que las autoridades de Tlaxcala definan estrategias con perspectiva de género y de Derechos Humanos de las mujeres que contemplen el verdadero contexto en el que viven sus ciudadanas y que incluyan a las víctimas y a las organizaciones civiles en el diseño porque las políticas públicas vigentes no han sido suficiente y eliminen las negligencias que comenten en las instituciones de justicia. 

Exigieron que las autoridades cumplan con los descrito en la AVG (80 acciones específicas), por ejemplo, reforzar el acceso a la educación, a la salud, y al desarrollo para mujeres y niñas, mejoren los mecanismos de atención, sanción y erradicación de la violencia, en especial en delitos cometidos contra ciudadanas y que todo homicidio de mujer sea averiguado como feminicidio. 

Asimismo, solicitaron que antes de que el estado entregue su plan estratégico establezca una mesa técnica de revisión de las recomendaciones y medias de la AVG y que este plan contenga presupuestos desglosados, autoridades responsables, indicadores de resultados e impacto, el tiempo en el que cada medida debe ser cumplida, y permita la presencia de las organizaciones expertas en la violencia contra las mujeres en estos procesos.

21/AEG/LGL

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