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Violatorio de DH protocolo “Quédate en México”

Por Aline Espinosa Gutierrez

Ciudad de México. Durante la implementación del protocolo “Quédate en México” se registraron más de mil 900 agresiones contra personas migrantes y menores de edad, entre ellas violaciones, secuestros, golpes, entre otras, por parte del agentes de migración, 8 embarazadas y 4 niñas migrantes fueron retornadas a sus países de origen, a pesar de que algunas de ellas fueron víctimas de abuso sexual y de violencia, lo que las condenó a ser agredidas nuevamente, de acuerdo con el informe “Recursos para entender el protocolo: Quédate en México”, del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

Frente a estos resultados, diversas organizaciones civiles solicitaron en un comunicado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, rechazar que el protocolo “Quédate en México” se ponga en marcha de nuevo porque éste causó daños extremos a más de 72 millones de personas solicitantes de protección internacionales, en particular mujeres, menores de edad y personas con discapacidad, quienes fueron regresadas a México a esperar sus audiencias. 

Al respecto “Quédate en México”, mejor conocido como Protocolo de Protección a Migrantes, obliga a las y los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en ciudades fronterizas mexicanas mientras se resuelven sus casos. Este proceso puede durar de 6 a 8 meses y eso no asegura el asilo, además, el Imumi documentó en un informe que en esos lugares, las personas son secuestradas, violentadas, agredidas sexualmente, y entregadas por agentes migratorios a grupos criminales.

Las organizaciones civiles detallaron el 20 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, rechazó la petición de la administración del presidente  de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden, de detener la activación del protocolo “Quédate en casa” y falló a favor de los estados de Texas y Missouri, por lo que éste debía ser implementado de manera inmediata e indefinida a partir del sábado pasado, pero no fue así. 

Es necesario mencionar que los estados republicanos de Texas y Missouri demandaron a la administración de Biden por no querer activar esta política impuesta de enero de 2019 a enero de 2021 por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hasta el 31 de diciembre de 2019, Estados Unidos retornó a 62 mil 144 personas solicitantes de asilo, de las cuales 26 mil 393 fueron mujeres y 20 mil 741 fueron menores de edad.

Debido a la decisión del Tribunal de Apelaciones,  explicaron las organizaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos revisará esta semana la orden del Tribunal de Primera Instancia (ésta fue la primera que solicitó a la administración de Biden reinstalar el protocolo y aprobó la demanda de los estados de Texas y Missouri) y suspendió temporalmente la decisión del Tribunal de Apelaciones. 

El juez de la Corte Suprema de Estado Unidos, Samuel Alito, solicitó a los estados de Texas y Missouri que respondan a la petición que les envió el gobierno de Biden antes del 24 de agosto, y le dio al máximo tribunal hasta el 25 de agosto para revisar el caso, por lo que aún es incierto si el protocolo entrará o no en activación. En este proceso, reiteraron las organizaciones, el gobierno tiene la obligación de visibilizar su opinión y de rechazarlo. 

Las organizaciones resaltaron que a pesar de que el presidente Biden aseguró que el desarrollo de “Quédate en México” fue y es posible sólo con el apoyo de México, el Tribunal de la Primera Instancia indicó que el gobierno de Estados Unidos seguirá trabajando porque el protocolo sea reinstalado como “un acto de buena fe”. 

“Es imposible volver al protocolo de una manera que se respeten los Derechos Humanos y el debido proceso, México tiene la responsabilidad de bloquearlo. Las instituciones mexicanas aún están evaluando la legalidad del protocolo y las violaciones de Derechos Humanos de las personas devueltas a México bajo este programa”, dijeron las organizaciones. 

En México, agregaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa un caso sobre la participación del gobierno mexicano en una política que vulnera el derecho internacional y otra denuncia penal federal acerca de los miles de secuestros de personas solicitantes de asilo, en suma, existen diversas quejas de esta población pendientes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Las organizaciones mencionaron que el regreso de “esta política inhumana” exacerbaría las condiciones e inseguridad para quienes solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos. Recordaron que las y los solicitantes que fueron sometidas al protocolo vivieron en condiciones de hacinamiento y de miseria y además fueron víctimas de distintos delitos, por lo que desde 2021, la administración de Biden tomó pasos determinantes para resarcir estos daños, que hoy se encuentran en riesgo de desaparecer. 

En entrevista con Cimacnoticias, la responsable de comunicación de Imumi, Miriam González, dijo que durante la aplicación del protocolo se registraron más de mil 900 agresiones contra las y los solicitantes, de estas 90 por ciento fueron contra mujeres, menores de edad y sus familias. 

Estas personas, agregó González, padecieron diversas violaciones a sus Derechos Humanos porque las autoridades no cumplían con lo que estipulaba el protocolo como que embarazadas, menores de edad, o con discapacidad, que sufrieron de amenazas por grupos criminales no fueran retornadas a México, sin embargo, eso no se cumplió y condenó a esas persona a más violencia. 

“Cuando se activó el protocolo en México un porcentaje importante de solicitantes eran mujeres y niñas, ellas sufrieron un gran impacto emocional. En enero de 2021 se suspendió este protocolo y en junio 2021 se hizo oficial. Antes de que el Tribunal decidiera reinstalar el protocolo se había iniciado una segunda fase para atender los casos de refugio cerrados. Esta era importante, pero quedó parada”, explicó González. 

De acuerdo con Imumi, sólo 187 personas recibieron asilo en Estados Unidos de enero a diciembre de 2019, pero hoy existen más de 19 mil casos que siguen pendientes.

21/AEG/LGL

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