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Respaldan feministas morelenses trabajo de presidenta del IMM

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México.- Feministas morelenses y la secretaria ejecutiva del Instituto de la Mujer del estado de Morelos (IMM), Claudia Rivera Miranda, respaldaron la postulación de Flor Dessiré León Hernández para seguir al frente de este organismo. 

La LIV Legislatura de Morelos deberá designar antes de que concluya su periodo de sesiones a la próxima titular del IMM, cargo por el que compiten 14 mujeres, entre ellas –como permite la Constitución local desde 2018– la actual presidenta, Flor Dessiré León Hernández, quien puede ser reelegida por el congreso para cumplir con estas funciones por un periodo de tres años más.

En alusión a la nota “En Morelos 14 mujeres aspiran a dirigir el Instituto de la Mujer”, publicada este 29 de agosto en Cimacnoticias, un grupo de 16 feministas morelenses y la Secretaria Ejecutiva del IMM, Claudia Rivera, enviaron una carta y concedieron una entrevista a esta agencia de noticias para exponer su posición a favor de la actual presidenta de este Instituto. 

Las feministas y la funcionaria Rivera explicaron que el IMM se convirtió en un órgano autónomo a partir de 2018 cuando el congreso de Morelos reformó el Artículo 23-D de la constitución local y no por órdenes del gobernador Graco Ramírez. Esta reforma legislativa, explicaron, se hizo con el fin de construir mayor confianza en las tareas del Estado y promover la participación ciudadana no partidista en la toma de decisiones. 

Fue en ese mandato, publicado en el Diario Oficial del Estado el 16 de agosto de 2018, cuando se especificó que la presidenta debería durar en el cargo un periodo de tres años contados a partir de su designación, pudiendo ser ratificada por el propio congreso solamente por un periodo igual.

Sobre el presunto salario mensual por 80 mil que recibe la titular del Instituto, las feministas argumentan que al convertir el Instituto en un órgano autónomo se buscó homologar el salario de la titular de este organismo con el de los titulares, la mayoría varones, de otros organismos autónomos. 

Respecto al “incumplimiento” de las obligaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres dictada en la entidad hace seis años, Rivera Miranda refirió que la atención de este mecanismo no es sólo competencia del Instituto, sin embargo, además de cumplir con todas las acciones que le corresponden han buscado alinear todos los proyectos de la federación con el cumplimiento de esta declaratoria.

Por ejemplo, dijo la funcionaria, la Alerta pide crear módulos de respuesta inmediata para la atención de mujeres víctimas de violencia, para lo cual el Instituto buscó presupuesto estatal y federal para la creación de siete nuevos Centros de Atención externa, la mayoría en los municipios con AVGM. Además, aseguró, echaron a andar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM), que fue una de las acciones que les tocó derivado de la AVGM y, aseguró, fortalecieron el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las mujeres (SEPASE) al conseguir mayor articulación estatal. 

Agregó que el IMM elaboró la metodología para la rendición de informes de las diversas dependencias competentes y generó indicadores y es en este periodo que finalmente se elabora el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2020-2024, de acuerdo con las feministas.

Estas acciones del IMM con respecto al cumpliento de la AVGM ya se integraron y presentaron en un cuarto informe, concluyó.

​​Cabe recordar que de acuerdo con el informe “Alerta de violencia de género en Morelos, 6 años de su declaratoria”, que elaboraron las organizaciones solicitantes de este mecanismo, lejos de eliminarse el feminicidio, en esos seis años Morelos se convirtió en la primera entidad a nivel nacional en casos de feminicidio, según los reportes señalados por las autoridades federales. Desde la declaratoria de AVGM, el 10 de agosto del 2015, hasta el 31 de julio del 2021, las organizaciones documentaron un total de 512 casos de feminicidio, el 2019 fue el año con más casos. Estos asesinatos ocurrieron en los 32 municipios de la entidad, incluyendo los 8 que tenían AVG. 

El último dictamen que tiene público la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) para conocer el cumplimiento efectivo de cada una de las medidas dictadas en la AVGM corresponde a 2018, año en que la actual presidenta del IMM inició funciones. 

La secretaria ejecutiva aseguró que no existe ninguna queja por violencia institucional o laboral en contra de la presidenta del IMM, así como ningún procedimiento contra el instituto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje iniciado en la administración actual. 

No obstante, detalló la funcionaria, tras dejar de ser un organismo descentralizado el Instituto se reestructuró y dejó de tener cuatro direcciones para conformar un grupo de especialistas, lo que sí derivó en despidos (sin detallar cuántos), no obstante, todos han sido dentro de lo que establece la ley, declaró.

Rivera Miranda también negó que durante la pandemia por COVID-19 se haya expuesto al personal a algún contagio, y aclaró que el Comité COVID, que se conformó para la adecuada implementación de las medidas sanitarias dentro del Instituto, señaló que durante toda la pandemia no ha habido contagios dentro de este organismo, además de que estableció que ninguna persona con comorbilidad acudiera a las oficinas. 

Si bien el personal no tuvo seguridad social durante un año entero derivado de la conversión del Instituto a organismo autónomo, reconoció la funcionaria, al tener la Ley del Instituto ya se hicieron los trámites para incorporar a la plantilla laboral nuevamente a la protección social. No obstante, a fin de no vulnerar este derecho, dijo, la presidenta del IMM ordenó contratar un servicio de salud privado. 

Rivera Miranda aclaró que el personal contratado por honorarios no tiene seguridad social, sin embargo, a través de un fondo federal se consiguió desde 2019 que se les diera un bono extra para que pudieran adquirir durante un año, lo que dura su contratación, un seguro de salud para la trabajadora y su familia. 

Al respecto de la existencia de organizaciones feministas que cuestionan el trabajo de la funcionaria, las feministas que respaldan a León Hernández señalaron que la funcionaria mantuvo un diálogo abierto incluso tuvo una reunión con integrantes de la sociedad civil que cuestionan el cumplimiento de sus obligaciones, de lo que derivó el compromiso de agendar una nueva reunión a la que las integrantes de esa sociedad civil no dieron seguimiento. “Las denuncias jurídicas realizadas (derivadas de declaraciones de legisladoras y legisladores) se han resuelto a favor del IMM toda vez que han sido improcedentes”, aseguraron.

21/AJSE/LGL

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