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Invisibles las mexicanas para AMLO

Por Aline Espinosa Gutierrez

Ciudad de México. El tercer informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador visibilizó que a esta administración no le interesa desarrollar estrategias que atiendan las diversas problemáticas que afectan a las mujeres y niñas, como la desigualdad de género, falta de trabajo, violencia familiar y feminicida, ausencia de espacios seguros, entre otros, coincidieron especialistas en derechos de las mujeres. 

Durante el programa “Análisis Feminsita”, conducido por la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, las especialistas detallaron que el tercer informe demostró que el aumento de violencia y las necesidades de las mujeres son invisibles para esta administración porque sólo reconocieron que el feminicidio aumentó un 13 por ciento, a pesar de que otros delitos contra ellas incrementaron y redujeron los presupuestos de los programas destinados para ellas. 

Comparando el primer trimestre de 2020 con el de 2021, el delito de violación aumentó 32.3; la violencia de género incrementó a 12.9 por ciento y la violencia de familiar creció un 21.6 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional. 

Para las especialistas, el presidente se enfocó más en apelar a las emociones y hablar sobre la pobreza, la desaparición, el trabajo, y otros temas de forma general sin nombrar a las mujeres y niñas. “Hay una exaltación de la familia y entonces las mujeres están dentro de la familia y tienen un papel muy particular, pero no se sabe cuál es su condición ni se ve su realidad”, dijo la investigadora literaria y género, Lucía Melgar Palacios. 

En opinión de Melgar Palacios existe una “incompetencia” por parte del gobierno para prevenir, eliminar e investigar las desapariciones o asesinatos de mujeres. Un ejemplo de ello, dijo, es el caso del feminicida de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, quien por casi 40 años secuestró y asesinó a más de 4 mil 300 víctimas, de las cuales 19 han sido identificadas como mujeres hasta el momento, algunas de ellas llevaban desaparecidas más de 5 años. 

“Lo monstruoso es que nuestras procuradurías y fiscalías no investiguen las desapariciones de mujeres para ver dónde están y entonces claro que puede haber un asesino que puede asesinar a 7 o 10 mujeres y enterrarlas en su casa o donde sea porque nadie las está buscando. Esta es una de las deudas más terribles que existen. Este gobierno tendría que reconocer que efectivamente no ha tenido una estrategia de búsqueda de mujeres o de prevención de la violencia”, enfatizó Melgar Palacios. 

Ante ello,  la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta expresó que “cuando se habla de desaparición es de los años setentas o de los gobiernos anteriores, pero en este también hay desapariciones. Hay una deuda en términos de no querer leer lo que las cifras mismas dicen de una proporción preocupante de mujeres y niñas desaparecidas y se puede presumir que entran en las redes de trata”. 

En México, hay 91 mil 453 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 22 mil 590 son mujeres, la mayoría de ellas tenían entre 5 a 19 años de edad y eran originarias de Michoacán, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Ciudad de México y Yucatán, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

Para Melgar Palacios no es posible que se pueda prevenir la violencia contras las mujeres en un país donde se privilegia más el combate al crimen organizado y se incrementa el presupuesto para la policía  mientras que se reduce los recursos económicos para los programas dirigidos hacia mujeres y se argumenta que si las cifras de feminicidio van en aumento es porque los gobiernos anteriores no clasificaban este delito como tal. 

Asimismo, la editora la de “Cadera de Eva” y periodista, Diana Juárez Torres, explicó que todos los programas implementados por esta administración no tienen una segmentación de mujeres aunque se ha visibilizado que ellas deben tener programas exclusivos debido a que por su género se encuentran en un condición de vulnerabilidad y se cree que deben cumplir con ciertas obligaciones. 

Juárez Torres resaltó que los pocos programas existentes para las mexicanas sufrieron de una reducción a sus presupuestos en esta administración. Esta acción, dijo, es preocupante porque pone en riesgo el funcionamiento de los programas y condena que puedan desaparecer, lo que deja a las ciudadanas sin opciones de apoyo y en una mayor desigualdad. 

Para Juárez Torres la igualdad de género que presumió el presidente en su informe no existe porque las mujeres en espacios de poder aún no cuentan con la total libertad de alzar su voz o hacer uso de sus facultades, además, las mexicanas continúan ganando 58 pesos menos que los hombres, 7 de cada 10 personas desempleadas en la pandemia son mujeres y en ellas recaen los cuidados de la familia. 

“Nos empieza a dar mensajes de que él (Andrés Manuel) nos está apoyando, nos está dando cosas cuando la igualdad es un derecho y es una obligación del gobierno trabajar en ello. Con todos estos datos nosotras nos preguntamos a qué se refiere el presidente con “auspiciar la igualdad” (ofrecer ayuda o patrocinio para propiciar el desarrollo de algo) si los datos nos dicen otras cosas”, agregó Juárez Torres. 

Por su parte, Lucía Melgar Palacios enfatizó que si bien es un avance que haya más mujeres en el gabinete, aún falta supervisar que ellas estén sensibilizadas en perspectiva de género y derechos de las mujeres, ya que de no ser así nunca se van a impulsar políticas públicas que tengan el objetivo de ayudar y brindar una vida libre de violencia a las mexicanas. 

Ante este contexto, las especialistas coincidieron que esta administración no reconoce sus obligaciones hacia las mujeres y las considera como “personas que hay que ayudar”, en lugar de sujetas de Derechos Humanos. Esta visión, dijo Melgar Palacios, es patriarcal y se refleja en cómo este gobierno ha reprimido la protesta feminista y busca que las fiscalías especializadas en violencia de género abran su campo de trabajo. 

Las defensoras de los derechos de las mujeres expresaron que es necesario vigilar las acciones que desempeñen las y los candidatos que resultaron electos hacia las problemáticas que padecen las mujeres, en particular en Tlaxcala, Chihuahua y Sonora, donde recientemente se declaró la “Alerta de Violencia de Género”, supervisar el contexto de los otros estados con AVG, y demandar estrategias efectivas para las mexicanas, no discursos ni promesas. 

Temas pendientes en la SCJN 

La investigadora del Instituto Belisario Domínguez, Lorena López Correa, explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 6 de septiembre 3 proyectos sobre la inconstitucionalidad de algunas disposiciones que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas. 

Uno de estos proyecto, dijo, es el de Coahuila, donde el Congreso local aprobó una reforma al articulo 358 del Código Penal de esta entidad para tipificar el delito de aborto y penalizar de uno a 3 años a las mujeres que interrumpieran su embarazo de forma voluntaria y a las personas que las ayuden en este proceso.

Lo anterior, detalló, es resultado de que en 2019, la Procuraduría General de Coahuila pidió a la SCJN que se pronunciara sobre esta adición al Código Penal de esta entidad, ya que desde su perspectiva la reforma violaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

El segundo proyecto, agregó, es que el Congreso de Sinaloa aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución de esta entidad para que “la vida fuera protegida desde la concepción”, por lo que la Procuraduría General de Sinaloa llamó a la SCJN a pronunciarse sobre esta reforma, ya que la dependencia consideró que esta modificación va a generar una confusión en el personal médico sobre si pueden o no practicar un aborto y si las mujeres tienen o no derecho de interrumpir su embarazo. 

López Correa explicó que las dos impugnaciones tienen perspectiva de género porque argumentaron que el Estado no tiene derecho a conocer o a evaluar las razones por las cuales las mujeres deciden abortar y por ello las dos buscan que se invaliden las modificaciones que se realizaron a sus Códigos Penales a fin de garantizar el acceso pleno de las ciudadanas a decidir sobre sus cuerpos. 

El tercer proyecto, mencionó, es sobre la reforma al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud “que permite que el personal médico y de enfermería tenga la libertad de ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en prácticas que son obligatorias en la ley por considerar que son ajenas a sus creencias religiosas o de cualquier índole sin que eso tenga repercusiones laborales”. 

En 2018, explicó la defensora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó a la SCJN pronunciarse sobre esta reforma porque consideró que esta modificación puede generalizarse y todo el personal médico de un hospital podría declarase objetor de conciencia y esto evitaría que la o el paciente recibiera la atención que necesita, por ello era necesario que el artículo fuera declarado inconstitucional o se incluyera una especificación de que todo hospital debe contar con personal no objetor de conciencia.

“Esta reforma implica que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres puedan ser vulnerados porque no obliga a la autoridad a que exista personal no objetor de conciencia en los hospitales. Hubo un caso en Aguascalientes, donde todo el personal completo objetó conciencia y no hubo en la entidad personas no objetoras y se le privó del servicio a una mujer , detalló. 

Ante ello, López Correa dijo que es necesario prestar atención a lo que suceda con estos tres proyectos con el fin de que no existan retrocesos hacia los derechos de las mujeres, se protejan los avances y se supervise que todas las mexicanas puedan interrumpir sus embarazos de forma segura y digna.

21/AEG/LGL

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