Ciudad de México.- Durante 10 años Mariana (nombre ficticio por seguridad de la víctima) vivió violencia física, psicológica, económica y sexual por parte de Marco Antonio O. A, quien fue su pareja durante ese tiempo y con quien tuvo una hija y un hijo quienes fueron separados ilegalmente de su lado por su expareja. Además de ello, ha tenido que enfrentar la violencia institucional que le ha negado durante 4 años, acceder a la justicia y recuperar a sus hijos.
En este tiempo, en su intento porque le sean devueltos, ha tocado diferentes puertas en instancias de justicia pero ninguna autoridad del poder judicial del Estado de México y de la Ciudad de México la ha reconocido como víctima de violencia ni garantizado sus derechos ni de sus hijos, pero sí ha criminalizado a su familia.
De acuerdo con lo que Mariana relató en entrevista con Cimacnoticias, la violencia física sucedió incluso cuando ella estaba embarazada de su primera hija; y se incrementó durante los años siguientes cuando además, él se convirtió en una persona adicta al alcohol y otras drogas.
Los primeros años de violencia
La violencia que Mariana vivió durante los primeros años consta en una denuncia de antecedentes que presentó en 2006 ante la Agencia del Ministerio Público 44, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México y por la que decide separarse. En ese mismo año, y luego de un primer intento de Marco Antonio de quitarle a la niña, Mariana consiguió que se le otorgara la guarda y custodia de su primera hija, además de un régimen de convivencia y una pensión que Marco Antonio nunca cumplió.
Presionada por el hostigamiento y la violencia psicológica que él ejerció contra ella, continuó su relación, no dio seguimiento a su denuncia y ésta quedó olvidada. Sin embargo, tras un nuevo hecho de violencia, Mariana decide irse a una casa de su propiedad en Chalco donde nuevamente es presionada por Marco para seguir con él.
Fue hasta 2014, luego de que sus vecinas le alertaron que Marco Antonio dejaba al menor de sus dos hijos afuera de su casa mientras ella se iba a trabajar, que decidió confrontarlo. Esto derivó en un nuevo hecho de violencia física que incluso involucró policías estatales y por el cual presentó una denuncia por violencia familiar, ante la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (Ampevis) de Ixtapaluca, Estado de México, donde le realizan una evaluación psicológica y a sus hijos y se determina la afectación por violencia. Gracias a ello se logró que el agresor saliera del domicilio y medidas de seguridad que consistieron en un patrullaje eventual afuera de su casa y la imposibilidad de que Marco Antonio se acercara a ella. Por seguridad y como apoyo, Ricardo (nombre ficticio por seguridad), uno de los hermanos de Mariana, se mudó a vivir con ella y su familia.
Le arrebatan a sus hijos
Mariana no supo más de Marco Antonio durante los siguientes dos años. Sin embargo, en 2016, la madre de él la buscó para pedirle que le permitiera ver a sus hijos porque estaba deprimido. Mariana aceptó que volviera a verlos pero puso como condición que no tuviera contacto directo con ella y que las visitas fueran en su domicilio.
Gracias a la intermediación de la hermana de Marco Antonio, la convivencia se hizo así un domingo cada 15 días por un año entero. Al observar que él respetaba los acuerdos, Mariana cobró confianza y flexibilizó las condiciones de la visita.
Ella lidiaba con todos los gastos pero aún así era insuficiente. En una ocasión, Mariana tuvo que pedir dinero al abuelo de sus hijos (papá de Marco Antonio) para poder pagar las cuotas escolares y éste le dijo que tomara el dinero que le enviaba a través de sus hijos para las clases de natación, es ahí donde se percata, por su hija, que ese dinero fue interceptado por Marco Antonio bajo la promesa de “pagárselos después”.
Tras varios encuentros, el 17 de septiembre de 2017 Marco Antonio pasó, como lo hacía habitualmente, por sus hijos. Horas más tarde, Mariana recibió una llamada telefónica de éste para insultarla. Luego de hablar con su hija e hijo, y cerciorarse de que ambos estaban bien, colgó. Los esperó hasta el anochecer, pero Marco Antonio ya no le regresó a su hija, de entonces 12 años de edad, ni a su hijo, de 7 años.
La búsqueda
Luego de varias horas de espera, Mariana decidió salir a buscar a sus hijos. Fue, sin éxito, a todos los lugares donde creyó que podría localizar a Marco Antonio. Al día siguiente acudió a la Ampevis de Ixtapaluca a denunciar la sustracción de los dos menores de edad, aún cuando ella tenía la guarda y custodia de su hija desde 2006.
El sismo del 19 de septiembre de 2017, que paralizó las labores en los MP, impidió que Mariana pudiera agilizar la búsqueda de su hija e hijo, no obstante, siguió preguntando por ellos en todos los domicilios donde pudieran estar.
Fue hasta el 26 de septiembre que la denuncia por sustracción quedó registrada, sin embargo, esto no derivó en ninguna diligencia por parte de las autoridades para que ella recuperara a sus hijos ya que el MP argumentó que la guardó en una USB que se “extravió”.
Desesperada, buscó por medios propios dar con el paradero de sus dos hijos. Así, el 11 abril de 2018 dio con la dirección de la nueva escuela de su hijo ubicada en San Juan Xalpa, Iztapalapa, donde esperó a la salida para verlo, sin embargo, la directora de la escuela alertó a Marco Antonio quien fue por él antes de la hora de la salida y se lo llevó por la puerta de atrás.
Pese a sus intentos por demostrar que sus hijos fueron sustraídos de manera ilegal por su expareja y de llevar a la policía a donde se encontraban, no pudo hacer nada para que detuvieran a Marco Antonio, por lo que acudió ante la Agencia 59 de la CDMX de atención a niñas, niños y adolescentes, donde presentó su denuncia por retención de menores, pero al conocer ya existía una iniciada en el Estado de México, por sustracción, se deslindaron de responsabilidad y remitieron las constancias a la Ampevis del Edomex bajo el argumento de no ser su jurisdicción.
Después de estas diligencias, el 13 de abril de 2018, la policía de la Ampevis en Ixtapaluca, Estado de México, detuvo a Ricardo, uno de sus hermanos, por la supuesta violación sexual en contra de la hija de ella.
La investigación estuvo a cargo, hasta agosto de 2018, de Jorge Alberto Magallan Ponce, quien fue destituido porque se le acusó de cometer cohecho en otros casos. Existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (1020141) en la que señala que éste ha caído en omisión de debida diligencia en casos anteriores.
Falta de pruebas, inconsistencias y omisiones
De acuerdo con la declaración de la niña que consta en la carpeta administrativa 248-2019 a cargo del juez Pedro Roa Herrera, del Tribunal de Enjuiciamiento en Chalco, Estado de México, la presunta violación fue un domingo de 2017, cuando Mariana estaba en casa. La hipótesis de los hechos, narra que Ricardo abusó sexualmente de la niña en una de las habitaciones de su casa. Mariana, supuestamente alcoholizada, abrió la puerta, observó los hechos y no hizo nada.
La denuncia por estos supuestos hechos se presentó el 16 de febrero de 2018, no obstante que en ese tiempo los niños ya vivían con su padre Marco Antonio desde hacía 5 meses, sin que se observara ningún cambio en la conducta de la niña.
En la carpeta también consta que las únicas pruebas en contra de Ricardo son la declaración de Marco Antonio, en la que acusa a Mariana “de ser alcohólica y tener muchos amantes”; la declaración de la niña, la cual fue cuestionada por el juez penal ante la inconsistencia en las versiones (por ejemplo primero dice que nunca le dijo a nadie de los hechos, luego asegura que su mamá lo presenció y más tarde dice que le contó y ella no le hizo caso); una evaluación ginecológica que elaboró la Fiscalía de Amecameca en la que se afirma que la niña tiene un “desfloramiento vaginal” el cual no necesariamente fue causado por una relación sexual; y una pericial en psicología que asegura que la niña tiene “afectaciones derivadas de la violación” basadas únicamente en el dicho de la menor de edad.
Los juicios
Actualmente Mariana lleva a cabo cuatro procesos legales simultáneos: tres de ellos en materia de lo familiar por la guarda y custodia de su hija e hijo, y uno más en materia penal por la acusación contra su hermano Ricardo, quien en abril pasado cumplió tres años en prisión preventiva en el Cereso de Huitzilzingo, en Chalco.
Uno de los procesos legales se lleva a cabo en el Juzgado 18 de lo familiar, en la Ciudad de México, a cargo del licenciado Gustavo Garduño Navarro. En este proceso, Mariana pelea desde noviembre de 2018 la guarda y custodia de su hijo.
Cabe señalar que durante una audiencia de “escucha de menor”, el hijo de Mariana señaló al juez que su papá lo instruyó para mentir en contra de su mamá. Al término de ésta el juez le advirtió a Marco Antonio que lo que hace con su hijo es violencia psicólogica y es un delito, por lo que ordena una evaluación psicológica para el niño y sus padres.
De acuerdo con Mariana, en la declaración de su hijo contenida en el expediente del Juzgado 18 de lo Familiar, éste asegura que su papá (Marco Antonio) le enseñó documentos con los que le dijo que su mamá lo quería meter a la cárcel y le pidió que dijera mentiras en el juicio. Mariana comentó que como parte del proceso, se hizo un interrogatorio a su hijo donde se le preguntó si quería verla (a Mariana) y él dijo que no. En opinión de Mariana esta decisión corresponde a la autoridad y no al niño toda vez que hay pruebas de que ha sido influenciado por Marco Antonio.
El otro de los procesos legales se lleva a cabo en el Juzgado 25 de lo Familiar, de la Ciudad de México, a cargo del licenciado Juan Martínez Mata. En este juzgado se revisa la guarda y custodia de la niña, la cual ya había sido concedida a Mariana desde 2006.
Luego de que Marco Antonio sustrajera ilegalmente a la menor de edad, Mariana recurrió nuevamente a este juzgado para acusarlo de incumplimiento de convenio y solicitó una modificación al régimen de convivencia con el fin de que le devolviera a su hija.
No obstante, en su defensa, la familia de Marco Antonio presentó ante el juzgado la carpeta de investigación por la presunta violación. Para este juicio también se solicitó una evaluación psicológica para ambos padres, pero nuevamente sólo Mariana presentó la suya (que resultó favorable), mientras Marco Antonio se negó a examinarse.
En este mismo proceso, comentó Mariana, Marco Antonio también presentó una evaluación psicológica de la niña en la que se declara que ella “presenta rezago educativo y otras afectaciones emocionales” que se adjudican a la presunta agresión sexual pero que no analiza el contexto en el que viven ambos niños actualmente. Aunque Mariana ha pedido reiteradamente conocer esta evaluación, no se le ha concedido.
Dan patria potestad al agresor
Pese a todo este contexto de despojo ilegal de sus hijos, tiene que enfrentar un tercer proceso judicial, iniciado por Marco Antonio donde demanda la pérdida de la patria potestad, el cual se lleva a cabo en el Juzgado Octavo de Proceso Oral Familiar, a cargo de la jueza interina Laura Mejía Sosa.
El pasado 2 de julio se dictó una sentencia en la que Mariana perdió la patria potestad de ambos menores de edad.
Esta decisión se tomó con base en la denuncia por presunta violación de la niña sin valorar que aún no se han reunido las pruebas suficientes que comprueben el supuesto delito. Asimismo, la jueza admitió copias simples (no certificadas) de la carpeta de investigación por violación. Pese a que no existe ningún antecedente de violencia hacia el niño, la jueza determinó igualmente otorgar la patria potestad al agresor.
La jueza aseguró que Mariana cayó en omisiones de cuidado, a pesar de que esto nunca ha sido acreditado por ninguna de las partes. A esto se suma que la entrevista con sus hijos se hizo sin el “Protocolo de actuación para quienes imparte justicia en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes”.
Así, la jueza quitó la patria potestad de ambos menores de edad a Mariana, sin pronunciarse sobre el régimen de convivencia al cual tienen derecho los menores de edad, ni considerar las condiciones en las que viven con su padre, una casa de dos habitaciones que comparten seis personas: Marco Antonio, su pareja actual, una bebé, un adolescente hijo de su nueva pareja, así como la hija y el hijo de Mariana.
Durante este proceso, agregó Mariana, tampoco se constató si Marco Antonio ha cumplido con garantizar educación, alimentación, cuidados, salud (ya que él mismo aceptó no haber llevado a ningún tipo de terapia a sus hijos no obstante la presunta afirmación que hace que la madre los violentaba) y vivienda digna a la niña y el niño, ni si cumple con los requerimientos para su cuidado; y los jueces han sido omisos para exigir a Marco Antonio su evaluación psicológica.
Mariana enfatizó que por las omisiones de las autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México quienes no han hecho uso de sus facultades para solicitar los informes necesarios y medios de prueba sobre el caso, se favoreció a su agresor al grado de otorgarle la patria potestad de sus hijos.
Por todo esto, Mariana ha tenido que valerse de organizaciones que de forma altruista la han ayudado para la defensa de su caso, toda vez que esta tarea que le corresponde al Estado, no le ha sido otorgada y ella carece de los recursos necesarios para defenderse.
Finalmente, se interpuso una apelación el pasado 23 de agosto contra la sentencia de pérdida de patria potestad (que aún no está firme), la cual está por resolverse.
21/AJSE/LGL
