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Inauguran sin luz, agua y mobiliario, «Casa de los Saberes»para mujeres, en Ayutla de los libres

Por La Redacción
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Ciudad de México. Después de más de una década, este 17 de septiembre, la “Casa de los Saberes” (Gúwa Kúma) fue inaugurada en Ayutla de los Libres, Guerrero, a fin de ser un espacio comunitario donde psicólogas, abogadas, y personal médico del pueblo me’phaa brindará atención a las indígenas de esta entidad para así impulsar la protección de sus Derechos Humanos, su salud, y la eliminación de la violencia contra ellas, sin embargo carece de recursos óptimos para operar.

Esta “Casa de los saberes” es parte de las medidas de reparación dictadas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano en el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas talpanecas, que sufrieron violencia sexual y tortura por parte de militares en febrero de 2002, en Guerrero, sin embargo aún falta que se cumplan el resto de las medidas. 

Durante la presentación virtual, Inés Fernández Ortega declaró que la “Casa de los saberes” será gestionada por mujeres de la comunidad, pero es necesario que el Estado mexicano tenga más voluntad para desarrollar las medidas de reparación restantes y proporcionar de recursos necesarios a la Casa, pues aún hay carencia del servicio de energía eléctrica, agua, bomba, y de mobiliario para su adecuada operación. 

“Han pasado 11 años desde que se emitió la sentencia. Yo no quiero que otras niñas y niños sufran lo que sufrieron mis hijas e hijos cuando tuvieron que estudiar en Ayutla por eso es muy importante el albergue. Tampoco quiero que las mujeres sufran lo que yo viví hace años. Quiero que en este espacio las mujeres puedan ser escuchadas y atendidas”, añadió Fernández Ortega. 

Solicitó al gobierno de Guerrero mayor apoyo para mejorar las carreteras y los caminos que se han visto afectados por las lluvias, y pidió otra reunión con las autoridades electas en las pasadas elecciones para plantear las necesidades restantes para que la Casa sea administrada conforme al modelo que ellas y las mujeres embajadoras definieron.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población, y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez declaró que la sentencia de la CoIDH reconoció que la violencia sexual es un arma de poder y de sumisión en contextos de violencia sexual y política. Estos actos buscan tener un impacto psicológico y social. 

Encinas Rodríguez recordó que el caso de Fernández Ortega y Rosendo Cantú también impulsó que se modificará el artículo 57 del Código de Justicia Militar para limitar la jurisdicción militar y que todo delito cometido por cualquier elemento de las fuerzas armadas sea juzgado en el ámbito del fuero civil. 

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan (CDHM) explicó en un comunicado que la construcción de la Casa quedó inconclusa durante la administración del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y hubo un manejo “fraudulento” por parte del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. 

En 2019, dijo, el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, el actual gobernador de esta entidad, Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Derechos Humanos, Población, y Migración de la Segob en conjunto con Fernández Ortega se pudo retomar el proyecto. 

Lo anterior, debido a que en octubre de 2020, las y los jueces del máximo Tribunal Interamericano (que analizan el cumplimiento de las medidas de reparación) señalaron que el Estado mexicano debería cumplir con la creación de un “Albergue de niñas y niños en Ayutla de los Libre”, hoy “Casa de los saberes”, ya que este espacio era una de las reparaciones comunitarias que causarían un impacto favorable en las indígenas, por lo que el gobierno tuvo que atender el reclamo. 

Señaló que luego de una larga insistencia por parte del CDHM y Fernández Ortega, la “Casa de los saberes” pasó de ser lugar soñado a una realidad, donde mujeres y niñas me’phaa y tu’savi que sean víctimas de violencia de género serán atendidas en sus idiomas y dentro de su cosmovisión para que así ejerzan su derecho a una vida libre y digna. 

“En este ámbito de lucha por la reparación, tanto Inés Fernández como Valentina Rosendo, han sido tenaces. A pesar de las múltiples amenazas que han padecido. Son un ejemplo de persistencia y mucho amor. La inauguración de esta Casa Representa una victoria colectiva para Inés Fernández Ortega, así como para las presentes y futuras generaciones que tendrán la oportunidad de encontrarse y acompañarse en un espacio vital», declaró el CDHM. 

En el caso, añadió, de Valentina Rosendo Cantú, la CoIDH ordenó la creación de un Centro de Salud en Caxitepec, municipio de Acatepec, pero las autoridades sólo cumplieron con lo mínimo porque hasta la fecha no cuenta con personal médico ni hay medicamentos necesarios para asegurar la atención básica. Cuestión que ha afectado a la población más en el contexto actual de la pandemia. 

El CDHM reiteró que estas medidas de reparación son resultado del camino tortuoso, lleno de humillaciones, escarnio y violencia institucionalizada que tuvieron que pasar Fernández Ortega y Rosendo Cantú para buscar justicia. En medio de estas adversidades, estas dos mujeres han logrado vencer el machismo comunitario y demostrar que son capaces de construir sus propios proyectos. 

Al respecto, el CDHM declaró que a pesar de que Guerrero tiene dos Alertas de Género (AVG) -una de 2020 por agravio comparada y otra de 2017 por violencia feminicida- las indígenas y niñas enfrentan poco acceso a servicios de salud, incremento de violencia familiar en sus hogares y el desinterés de sus autoridades para cumplir con sus obligaciones en lo que va de la pandemia. 

El CDHM registró de marzo de 2020 a agosto de 2021, 25 casos de feminicidio, 30 caso de violencia sexual, 180 de violencia familiar, 72 desapariciones y 100 de violencia económica. En la mayoría de estos hechos, agregó, las autoridades favorecen a los agresores y no brindan ayuda ni seguridad a las ciudadanas. 

De enero a junio de 2021, Guerrero registró un total de 7 casos de feminicidio, de víctimas de entre cero a 18 años de edad; 64 homicidios dolosos contra mujeres; 638 lesiones dolosas: 3 de tráfico de menores; mil 804 de violencia familiar y 191 de violaciones, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional. 

21/AEG/LGL

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