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REPORTAJE: Piden paridad en Poder Judicial, Primera de tres partes

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Ciudad de México.- A partir de la histórica reforma aprobada y publicada en 2019 por la que se modificaron nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la paridad de género en los tres poderes de gobierno y en los órganos autónomos, la paridad también debió llegar al Poder Judicial.

En el caso de la Ciudad de México, desde hace 38 años ha sido un espacio masculino que ha juzgado con estereotipos, pero magistradas y feministas aseguran que si más mujeres ocupan puestos de decisión en los órganos que los integran, como el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX), crecen las posibilidades de que impulsen la justicia con perspectiva de género para las ciudadanas.

Las expertas advierten que si bien la presencia de más juezas y magistradas no garantiza un cambio total en el trabajo del Poder Judicial de la capital del país, sí abre la posibilidad de contar con una visión distinta a la hora de juzgar, pero además, su presencia contribuye a percibir un Poder Judicial más transparente, inclusivo y representativo.

De cara a la renovación de la presidencia del TSJCDMX, Cimacnoticias presentará 3 reportajes sobre la importancia de que la paridad también llegue a esta instancia que no ha garantizado que las capitalinas accedan a la justicia.

Paridad, paso necesario

Tras la entrada en vigor de la reforma de 2019, magistradas de todo el país llamaron a concretar reformas a leyes secundarias para garantizar que las mujeres llegaran a cargos de decisión en el Poder Judicial, así lo hicieron en junio de 2019, durante el foro “Construyendo paridad con las juzgadoras”, organizado por el Senado de la República.  

En esa ocasión la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, Elsa Cordero Martínez, señaló que los órganos de impartición de justicia, en las áreas jurisdiccionales y administrativas, tienen un número importante de mujeres que trabajan ahí, pero son menos las que acceden a espacios de toma de decisiones, donde no pasan del 30 por ciento en todo el país.

A su vez la magistrada presidenta de la Asociación Mexicana de Juristas, Julia María del Carmen García González, coincidió en que las mujeres tienen presencia como juzgadoras en todas las materias. “Las mujeres tenemos mucho que aportar y mucho que compartir, mucho que generar, mucho que abonar en el cambio que se necesita en esta sociedad”. 

Justicia patriarcal 

Hasta ahora falta mucho por hacer si se toma en cuenta que las decisiones judiciales tienen gran influencia sobre la vida de las personas, como lo señala la Women’s Link Worldwide, la organización internacional que desde hace una década revisa el trabajo de juezas y jueces en todo el mundo a través de los “Premios Género y Justicia al Descubierto”, un ejercicio para evidenciar sentencias, tanto innovadoras como discriminatorias en materia de Derechos Humanos de las mujeres. 

En tres ocasiones los jueces mexicanos han obtenido este antipremio internacional en la categoría “Garrote”. En 2018, por ejemplo, se evidenció que el Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Fuero Común de la Ciudad de México emitió una sentencia en la que expresó que la mujer no tenía ningún derecho a “perturbar a una pareja”. Esto determinó cuando una demandante buscó que el padre de su hijo pagara la pensión alimenticia y le “ocasionó problemas” a él y a su entonces esposa.  

En 2016 se otorgó el antipremio al Juez 42 de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, del entonces Distrito Federal, que determinó quitarle a una mujer, de nacionalidad española, la custodia de su hijo, basándose en que ella no cumplió con su “rol tradicional de madre” y le ordenó ir a terapia para aceptar las costumbres mexicanas sobre “los roles tradicionales de género”. 

En 2014, de nuevo un juzgador mexicano fue evidenciado en esta premiación por su actuar misógino. Se trata del Juzgado 68 de lo Penal, quien dictó auto de formal prisión a una joven que fue secuestrada y agredida sexualmente por dos hombres en 2013. A ella se le acusó de homicidio por defenderse de su agresor, a quien hirió con la navaja que él uso para intentar matarla. Ella logró huir, pero él murió. 

En este caso, la familia de la víctima, Yakiri Rubí Rubio Aupar, obtuvo apoyo de abogadas, organismos defensores de Derechos Humanos y del movimiento feminista y logró la libertad de la joven. Ella pasó casi tres meses en prisión hasta que el Tribunal Superior de Justicia reclasificó el delito a “homicidio con exceso de legítima defensa” y después la absolvió.

Estas resoluciones que castigan el actuar de las mujeres siguen vigentes a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diferentes jurisprudencias y tesis que la perspectiva de género obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta la forma en que afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres.

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La investigación “Justicia Patriarcal”, publicada en 2019 por la Red Nacional de Periodistas y CIMAC, mostró casos en donde los juzgadores, en su mayoría hombres, pusieron por encima de la ley sus prejuicios y estereotipos de género para sancionar con mayores penas a las mujeres, desvirtuar sus declaraciones o favorecer a los agresores.

Estructura de hombres

En la Ciudad de México quien investiga los delitos contra las mujeres y recopila las pruebas es la Fiscalía General de Justicia, pero quien imparte justicia es el Poder Judicial, que se integra por el TSJCDMX, organismo conformado por 75 magistradas y magistrados, y el cual a su vez cuenta con una Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura, 26 salas y 277 Juzgados.

La instancia judicial con mayor poder es el Consejo de la Judicatura, compuesta por siete consejeros. Esta estructura administra el presupuesto y nombra a jueces y magistrados, o bien, puede separarlos por cometer malas prácticas. Actualmente sólo hay cinco consejeros y dos cargos están vacantes.

En el cargo están Rafael Guerra Álvarez, Andrés Linares Carranza, Ricardo Amezcua Galán, y dos mujeres: Susana Bátiz Zavala e Irma Guadalupe García Mendoza. Además de ellas, desde 1994 sólo se han registrado 10 mujeres consejeras, siete de ellas electas o designadas a partir de 2008.

Otro órgano de importancia es el TSJCDMX que tiene 10 salas civiles, cinco salas en materia familiar, nueve salas penales y dos salas de justicia para adolescentes.

A partir de la reforma de 2019, conocida como “Paridad en Todo”, el artículo 94 constitucional señala que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. 

Además de esta reforma, desde 2017 la Constitución de la Ciudad de México establece en su artículo 35 que en los nombramientos del poder judicial se observará la paridad. Actualmente está por iniciar el proceso para que se elija a una nueva presidenta o presidente del TSJCDMX, quien será electo este año y comenzará funciones en enero próximo. 

De acuerdo con la ley, la o el magistrado presidente deberá impulsar la justicia, procurar la correcta aplicación de la ley y velar para que la administración de justicia sea eficaz y expedita, y como lo han dicho las magistradas, impulsar la justicia con perspectiva de género. 

Este 2021, en el foro “Mujeres, Justicia y Paridad”, organizado por la Cámara de Diputados para revisar los pendientes en la agenda de género, la magistrada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Judicial capitalino, Celia Marín Sasaki, afirmó que la participación activa de las mujeres es fundamental para renovar al Poder Judicial y avanzar hacia una mejor sociedad con una visión diferente.

Sin embargo, según el Censo Nacional de impartición de Justicia 2020, en el país aún hay más impartidores de justicia hombres que mujeres. De acuerdo con estos datos, hasta 2019 había 2 mil 828 jueces y magistrados hombres y 2 mil mujeres en estos cargos. 

Aunque la brecha se ha ido cerrando, las mujeres representan 41.4 por ciento de las impartidoras de justicia en todo el país. En el caso de la Ciudad de México, de las 78 magistraturas que existen en el poder judicial, 63.5 por ciento (41) están ocupadas por hombres y 36.5 por mujeres (29), además de ocho vacantes al momento de realizar la estadística. 

Hay más mujeres, pero desde hace 38 años el Tribunal Superior de Justicia capitalino no ha tenido una mujer presidenta. La única en ocupar este cargo de responsabilidad fue la abogada Clementina Gil Guillén, en 1983, quien comenzó su carrera en el Poder Judicial como secretaria judicial, jueza de lo Familiar, magistrada y finalmente magistrada presidenta de este organismo. También fue ministra supernumeraria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1988.

La Constitución capitalina indica que el Consejo de la Judicatura designará a las y los jueces y quienes aspiran a este cargo deben participar en un concurso de oposición. En el caso de las magistraturas, estas son designadas por el Congreso de la Ciudad de México, a partir de las ternas que envíe el Consejo de la Judicatura.

Por otra parte, queda en manos del pleno del Tribunal Superior de Justicia la elección de su presidente.

Más mujeres, más justicia

En un foro organizado por la Cámara de Diputados, la magistrada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Electoral de la Ciudad de México,  Alejandra Chávez Camarena, aseguró que la paridad contribuye a percibir un Poder Judicial más transparente, inclusivo y representativo y pueden ser promotoras de la justicia con perspectiva de género, a fin de mejorar el acceso a la justicia.

Por ejemplo, desde que en 2019 se comenzó a hablar de paridad en el Poder Judicial, las juristas, en voz de la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, propusieron al Congreso incluir la comprensión del sistema género-sexo como parte de los temas que se examinan en las convocatorias de los concursos de oposición para impulsar la cultura del género. Esto también ayuduría a cambiar la visión masculina en la impartición de justicia.

Sin embargo, la sola presencia de más mujeres no ayudará a erradicar la impunidad. La jurista, especialista en género y Derechos Humanos de las Mujeres, Alda Facio, expuso en un texto publicado en 2014 que la impunidad se puede superar de dos formas, dependiendo de qué se entiende por impunidad.

La primera forma de solucionar este problema es implementando procesos judiciales eficaces, incrementando el presupuesto y los recursos destinados a jueces y fiscales, y capacitando adecuadamente a las y los funcionarios.Y la segunda es si devela y difunde el papel estratégico que ha jugado el sistema judicial, penal, policial y otras prácticas estatales, respaldadas por la ley, en la discriminación y explotación de las mujeres.

Por otra parte, la experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Leticia Bonifaz Alfonzo, señaló en otro encuentro con la Cámara de Diputados, realizado en septiembre de este 2021, que hoy en día el Poder Judicial y los tribunales juegan un papel importante para los derechos de las personas. 

“Si algo ha cambiado en México en estos años ha sido el papel que juegan los Poderes, porque en otro tiempo prácticamente la fuente principal del derecho era la ley y por eso todo el trabajo era legislativo. Hace tiempo el Poder Judicial empezó a tomar otro rol y por eso hay avances en el Poder Judicial que se dan a partir de la revisión de casos concretos”. 

Las y los jueces, expuso la experta, analizan casos concretos, y desde allí equilibran la relación entre mujeres y hombres. Por ejemplo, los recientes avances para en paridad, en alto a la criminalización del aborto voluntario y la seguridad social para trabajadoras del hogar se dieron en primer lugar en el Poder Judicial. 

Sin embargo, en la Ciudad de México, como en el resto del país, juzgadores y magistrados no siempre garantizan justicia a las mujeres víctimas de feminicidio, violencia sexual o violencia familiar porque a la hora de revisar los expedientes y dictar sentencias, se dejan llevar por estereotipos, desechan evidencias y peritajes, optan por procesos abreviados, no otorgan medidas de protección a las víctimas y minimizan la desigualdad y el contexto de violencia de género, como se revisa en el siguiente texto.

21/AGM/AEG/LGL

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