Ciudad de México.– Sin informar el número de mujeres encarceladas por el delito de aborto, este viernes la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que trabaja para solicitar la liberación de personas procesadas o sentenciadas por interrumpir su embarazo.
El anuncio lo hizo a 18 días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y que se debe garantizar el derecho de las mujeres a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
En un comunicado difundido este 24 de septiembre, la institución encabezada por Adán Augusto López, expuso que ya se han identificado casos a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
La dependencia, según informó, trabajará con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas para liberar a estas personas.
Esto, derivado de la resolución del 7 de septiembre de 2021, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la entonces Procuraduría General de la República, en contra de la legislación sobre aborto en el estado de Coahuila.
Es de recordar que un día después de emitir esta sentencia, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, también informó en conferencia de prensa que el Instituto Federal de Defensoría Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, representaría a mujeres acusadas de aborto y a familias de víctimas de feminicidio.
No obstante, liberar a mujeres acusadas del delito de aborto a nivel federal es una obligación desde abril de 2020, cuando entró en vigor la Ley de Amnistía, cuyo objetivo es liberar a personas en condiciones de vulnerabilidad o tratadas injustamente en el sistema de justicia, entre ellas mujeres acusadas de aborto o de homicidio en razón de parentesco.
A más de un año de la vigencia de esta ley, el gobierno federal no ha informado cuántas mujeres han sido liberadas por medio de este decreto. Hasta marzo pasado, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la Comisión de Amnistía, que preside Segob, tenía en análisis 38 solicitudes de libertad, aunque no precisó los delitos de los que se les acusaba.
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