Ciudad de México. El “Pacto por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género” fue presentado este 28 de septiembre como el primer registro para dar seguimiento a la construcción de una justicia abierta con perspectiva de género que responda a las realidades y contexto de las personas, en particular de las mujeres e indígenas, a través de siete estrategias y 20 acciones.
Durante la presentación virtual, las organizaciones, instituciones académicas, y de gobierno, explicaron que este pacto busca supervisar que los poderes judicial generen una justicia abierta con perspectiva de género centrada en la igualdad y no discriminación, para ello el pacto estará divido en cinco etapas y siete líneas de estrategias que serán trabajadas a través de 20 acciones para vigilar el trabajo de los poderes judicial en todo México.
Detallaron que la primera etapa es el compromiso, es decir, que más instituciones académicas, de gobierno, organizaciones, sociedad civil y organizaciones de distintas partes del país se unan al pacto para que reciban y analicen información judicial y participen en las mesas de diálogo para así generar propuestas dirigidas a mejorar la justicia abierta en el país y exigir que los tribunales sean instituciones más democráticas.
Las siguientes etapas, dijeron, se trabajarán poco a poco hasta el 5 de noviembre de 2021. En cada una se activará una línea estratégica (generación de información estadística, adopción de mecanismos de participación ciudadana, capacitación judicial con indicadores de evaluación de impacto, fortalecimiento de las unidades de transparencia, entre otras) a fin de promover un modelo de justicia innovador, incluyente, basado en prácticas relevantes, y la participación de la ciudadanía en ello.
“Buscamos que los poderes judiciales escuchen las voces de la ciudadanía en primera persona para así transformar las estructuras y las prácticas judiciales que han puesto en desventaja y en riesgo a personas que históricamente han sido excluidas de la justicia, sobre todo las indígenas. Para dar seguimiento a este pacto se creó una página web, en la que hay una cartografía de la justicia abierta en México ”, agregó la codirectora de Equis Justicia para las Mujeres, Fátima Gamboa Estrella.
Este mapa, agregaron, mostrará el avance de las estrategias y de los poderes judiciales que se sumen al pacto. Hasta el momento, sólo los poderes judiciales de Quintana Roo y el Estado de México son parte de este registro, pero anhelan que en unos meses sean más para que así México deje ser uno de los 10 países con mayor impunidad, la cual se calcula está en un 98 por ciento en cualquier delito.
Este pacto, enfatizaron, nace de la necesidad de atender los graves datos que organizaciones, como Equis Justicia para las Mujeres, encontraron en sus investigaciones, por ejemplo, el informe “(In)Justicia Abierta” evidenció en 2019 que todos los poderes judiciales locales estaban reprobados en justicia abierta, pues no cumplían con sus obligaciones en materia de transparencia, es decir no publicaron todas sus sentencias.
Esta investigación además registró que tan sólo uno de los 32 poderes judiciales del país habían publicado todas sus resoluciones. A pesar de ello, 10 entidades no reconocieron la obligación del poder judicial de informar sobre este rubro a la ciudadanía, ni tenía registro de cuántas sentencias habían emitido y no contaban con datos desagregados por género o identidad.
La realidad en el país, enfatizaron, es que sólo un poder judicial local contaba con un mecanismo de accesibilidad a las sentencias en 2017, muchos no tenían una política de transparencia proactiva, y 62.5 por ciento no asignaron presupuesto para sus unidades de transparencia, las cuales son las encargadas de llevar a cabo acciones para garantizar la difusión de información.
Asimismo la investigación “No es Justicia”, evidenció que 85 por ciento de las sentencias no consideraron cómo influyeron los estereotipos de género en los casos, en 69 por ciento las autoridades omitieron analizar las situaciones de riesgo para las mujeres y no dictaron órdenes de protección, y 86 por ciento de las resoluciones no proporcionaron medidas de reparación ni mucho menos medidas de seguimiento en las sentencias. Todo ello a pesar de que el poder judicial está obligado a aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
Señalaron que este actuar ha repercutido en que 7 de cada 10 personas consideran que las y los jueces son corruptos, existe una cifra negra de delitos del 92.4 por ciento, sólo cinco por ciento de las mujeres víctimas de violencia sexual denuncian y uno de cada 10 delitos son denunciados.
Recordaron que en julio de 2020, el Congreso aprobó la reforma al artículo 73 de la “Ley de Transparencia”, lo que obligó a los poderes judiciales del país a publicar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Así, a partir de 2021, los poderes judiciales tendrán que hacer efectiva esta reforma y publicar todas sus resoluciones. Esto supone un cambio importante respecto al derecho de la población a saber cómo funciona el poder judicial.
“Las unidades de transparencia deben contar con un presupuesto, con perspectiva de género, personal suficiente y se deben elaborar criterios para la publicación de información, difundir sentencias, ciudadanizar las sentencias para que se distribuyan con un lenguaje accesible a todas las personas”, agregó el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Superior de Justicia, Armando Maitret Hernández.
Las y los presentes llamaron a que cualquier persona interesada en trabajar a favor del acceso a la justicia sea una al pacto y ayude a que los objetivos de éste sean alcanzados de manera más pronta para que exista una justicia igualitaria que permita la relación del daño, no deje libre a agresores y salvaguarde la vida de las víctimas.
El pacto se puede consultar en la siguiente página: https://pactojusticiaabierta.mx/?fbclid=IwAR3HaPKyE1vOhVfhOaKFjxZCmnODT_l70VbghE8eKEbkQxSuLpqh-YO9cvc
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