Ciudad de México. Defensoras de Derechos Humanos de El Salvador, México y Colombia, exigieron a sus gobiernos garantizar que las mujeres privadas de la libertad tengan acceso a productos de gestión menstrual, agua potable, medicamentos para los cólicos menstruales, baños limpios y espacios donde puedan transitar este proceso biológico de manera digna para así reducir los riesgos de enfermedades o infecciones.
Durante el conversatorio “Salud Menstrual de las Mujeres Privadas de la Libertad”, la directora de “Mujeres Unidas por la Libertad” México, Beatriz Maldonado Cruz, explicó que las mujeres privadas de la libertad no pueden llevar a cabo su menstruación dignamente porque las autoridades de las prisiones desconocen que tienen la obligación de brindar estos productos, en vez de ello, pasan esta responsabilidad a las familias, lo que las deja en total vulnerabilidad porque las familias no tienen dinero para ello o las abandonan.
Frente a este panorama, dijo, las mujeres recurren a otras medidas para llevar a cabo su menstruación “lo mejor que pueden”, como utilizar papel higiénico, pañales, calcetines, pedazos de tela o espuma de sus colchones, pues una toalla sanitaria llega a costar más de 78 pesos dentro de la prisión, según las organizaciones. A esta carencia se le suman la falta de acceso a agua potable, ausencia de espacios limpios y de limpieza en las celdas, por ello las mujeres en reclusión contraen infecciones o enfermedades de manera frecuente.
Maldonado Cruz señaló que a pesar de que han evidenciado esta situación, las autoridades no consideran importante destinar dinero para este proceso biológico. “Desafortunadamente nuestro gobierno se hace de la vista gorda. Dentro de las prisiones los derechos no existen, las mujeres viven su menstruación en condiciones precarias. Si obtienen una toalla sanitaria es gracias a que su familia se las proporcionó, además, las copas o toallas reciclables no son una opción porque deben ser hervidas y no hay agua”.
Al respecto, el pasado 14 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió una recomendación 35/2021 a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al comisionado de Prevención y Readaptación Social, Ángel Ávila Pérez, y al secretario de Defensa Nacional, Agustín Radilla, para garantizar el acceso de las mujeres privadas de la libertad a productos de gestión menstrual en México.
En esta recomendación, la CNDH detalló que realizó una investigación en la que encontró que los centros penitenciarios de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos, Sonora y Tabasco, carecen espacios adecuados para una menstruación digna mientras que en la Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Tamaulipas hay deficiencia en el suministro de agua, por lo que las mujeres pueden emplear calcetines, pedazos de tela, o una toalla sanitaria durante 48 horas para gestionar sus menstruaciones.
En el país, existen 217 mil 969 personas en reclusión hasta febrero de 2021, de las cuales 12 mil 253 son mujeres, de acuerdo con datos de la CNDH, por ello Maldonado Cruz, reiteró que es importante que este tema se posicione en la agenda de las autoridades y sea aún más visibilizado en la sociedad a fin de que se unan fuerzas para demandar que los derechos de las mujeres privadas de la libertad sean respetados, en particular su derecho a una menstruación digna.
Tema olvidado
En El Salvador, apuntó la defensora de «Mujeres Libres», Teodora Vásquez, la situación es un poco más grave para las mujeres privadas de la libertad porque ellas en su totalidad son olvidadas por sus familias por lo que no reciben apoyo de afuera para obtener productos de gestión menstrual y dentro de las prisiones es un “tema olvidado”, incluso las autoridades les dicen “que eso es responsabilidad de nosotras porque elegimos estar en prisión”.
Teodora Vásquez contó que en los 11 años que estuvo en prisión nunca le dieron una toalla sanitaria, por ello sus compañeras y ella utilizaban pedazos de tela, calcetines, papel higiénico o lo que estuviera a su alcance para poder gestionar su menstruación, pero aunque eso detenía un poco sus necesidades, venían otras como dolores menstruales, infecciones, falta de higiene, entre otras que convirtieron sus periodos en un martirio.
“Nadie se preocupa por llegar a las prisioneras artículos de uso personal. La administración actual en el país no se enfoca en este tema, en las necesidades de las mujeres, ni en garantizar que ellas tengan toallas. Cuando estaba en prisión había otras 3 mil mujeres que padecían lo mismo que yo, no teníamos agua, algunas sufrían mucho por ello”, agregó.
Al igual que en México, agregó Vásquez, la llegada de la pandemia llevó a que esta problemática fuera aún más olvidada, pero situó a las mujeres ante un gran riesgo de enfermarse de la COVID-19. En los primeros meses de la pandemia, habían más de 200 casos de COVID-19 en El Salvador, de acuerdo con medios de comunicación de este país.
Cabe recordar que en 2020, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) alertó que las casi 4 mil mujeres privadas de la libertad en El Salvar corrían de un grave riesgo de infección de COVID debido a que viven en recintos pequeños, no tienen artículos de higiene, ni agua, ni productos de gestión menstrual, por ello entregó más de mil 300 kits con suministros esenciales para evitar el contagio.
“Nosotras hicimos una campaña para recaudar copas menstruales, porque creemos que ésta ayudarían a que las mujeres no tendrían que comprar mes con mes toallas, pero la misma, al no haber agua pues no nos dejaron entregar las copas, tampoco nos dejaron entregar las toallas que llevamos después porque decían que no tenían tiempo para ver que cada paquete no tuviera algo ilícito dentro”, añadió.
Teodora Vásquez recalcó que a pesar de que el camino se ve lejano, su organización ha unido fuerzas con otras para seguir exigiendo que se respete los derechos de las mujeres en prisión.
10 toallas nada más
“A mi me entregaban 10 toallas sanitarias cada tres meses cuando era reclusa. Eso no alcanza. Ahora según entregan 20 toallas en la prisión, pero muchas mujeres utilizan esas 20 en un periodo de menstruación porque tienen flujo abundante, entonces no alcanza y eso les genera más problema”, declaró la defensora de “Mujeres Libres Colombia”, Claudia A. Cardona.
Esta situación, detalló la defensora, es peor para las mujeres que “padecen ciertas cuestiones”, por ejemplo, algunas de ellas tiene flujo abundante, otras sufren de ovario poliquístico (afección en la cual una mujer tiene un niveles muy elevados de hormonas) y otras más tienen miomas, por lo que 20 o 30 toallas cada tres meses no “es suficiente para ninguna, además no las llevan al médico si lo necesitan”.
Un ejemplo claro de ello, dijo, es su caso: “cuando estaba en prisión, yo tuve un problema uterino (puede presentarse como hemorragias entre las menstruaciones o después de las relaciones sexuales), lo único que me daban era medicamento para el dolor, y las toallas las tenía que conseguir yo. Ahí comienza la reventa de las toallas entre las mismas mujeres, o hay guardias que venden las toallas pero a costos muy altos”, contó Claudia A. Cardona.
En su opinión su Estado no cumple con su obligación de garantizar el acceso de las mujeres en prisión a una gestión menstrual digna. Por eso, ella junto con otras organizaciones han hecho colectas, rifas y demás actividades para llevar a estas mujeres toallas, jabón y otros artículos, sin embargo, no es suficiente para que todas cuiden de su salud cada año.
Es necesario recordar que en 2021, la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en ocasiones que la menstruación digna es un derecho de las mujeres privadas de la libertad, no una solicitud, además, enfatizó que el Código Penitenciario y Carcelario de este país obliga a que se proporcione el suministro de artículos de aseo y uso personal de primera necesidad: rollo de papel higiénico, crema dental, jabón de tocador, y toallas sanitarias, por mencionar algunos.
21/AEG/LGL
