Ciudad de México. La violencia obstétrica es una forma específica de agresión contra las mujeres que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal médico durante el embarazo, parto y puerperio que cause daño físico o psicológico y que puede resultar en muerte materna o esterilizaciones forzadas, por ello es importante que en los hospitales públicos y privados se promueva el respeto a las decisiones y voz de las pacientes.
Así lo dijo durante el conversatorio “Acompañamiento a caso de Violencia Obstétrica: La Experiencia de GIRE”, la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Alehí Balderas Sandoval, quien explicó que la violencia obstétrica es una constante en los hospitales debido a que el personal médico no está capacitado y sensibilizado en dar un trato humano a la pacientes y hay insuficiencia de medicamentos o aparatos, por lo que tres de cada 10 mujeres viven violencia obstétrica en México.
Este panorama, dijo, conlleva a que las mujeres puedan ser víctimas de una esterilización no consentida o forzada, suministro injustificado de medicamentos, retraso de atención médica de urgencia, falta de respeto a los tiempos de un parto, actos discriminatorio, uso de lenguaje ofensivo, humillaciones o falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo. Todo ello ha tenido como resultado muertes maternas o fetales, en particular de indígenas.
Con la llegada de la pandemia, señaló, GIRE tuvo conocimiento de casos de mujeres a las que se les negó la atención prenatal o de parto en los hospitales, otros más de embarazadas que llevaron a cabo su parto afuera de las instituciones médicas; y otros más en que fueron atendidas cuando ya había riesgo de muerte materna o fetal. Estas situaciones ocurrieron a pesar de que los servicios de atención obstétrica fueron declarados como esenciales durante la pandemia.
Derivado de lo anterior, de acuerdo con datos del Sistema de Salud, la razón de mortalidad materna aumentó a 58.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados hasta la semana 30 epidemiológica de 2021, lo que representa un crecimiento del 34.9 por ciento respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior. La principal causa de fallecimiento es COVID-19, con 372 muertes maternas, le siguen 23 por un virus no confirmado y 10.5 por ciento por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio.
Por tales razones la partería tradicional ha sido una opción para muchas mujeres en lo que va de la pandemia. Las parteras desempeñan un método muy diferente en el que las embarazadas son el centro de la atención y se les informa sobre qué sucede en todo el proceso. En cambio, enfatizó, en muchos hospitales el personal médico no se comunica con las pacientes, no les explican lo que pasa en sus partos y esto las deja con daños a su salud emocional y psicológica.
“Me han tocado casos donde rasuran a las mujeres o les realizan tactos vaginales sin su consentimiento. Hay medicación excesiva, a muchas mujeres les aplican oxitocina sin tener una razón médica, lo que puede tener daños, como que reviente la vejiga o el útero. Cuando ingresan al hospital, ellas perciben como si ya no existieran porque todo se enfoca a que nazca el recién nacido”, detalló Balderas Sandoval, quien acompaña casos de violencia obstétrica.
A estas omisiones y acciones se le suma la práctica de cesáreas innecesarias a quienes no lo desean o que el personal médico obligue a las mujeres a tener partos naturales, en vez de la cesárea que ellas desean. En 2020, según información del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), el número de cesáreas aumentó hasta un 50 por ciento en comparación con el número de partos.
La abogada resaltó que las mujeres pueden interponer una queja o iniciar un procedimiento según la legislación de su estado (no todas las entidades regulan la violencia obstétrica) y si el hospital fue privado o público. Algunas de sus opciones son poner una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o en la Comisión de Arbitraje Médico (CONAMED), sin embargo es importante que revisen la normativa de su entidad, ya que en algunas hay un límite de 15 días después del hecho aproximadamente para comenzar un proceso legal.
En los casos que ha acompañado GIRE además de la ayuda legal también se brinda asistencia psicológica a las mujeres y a sus parejas para que no padezcan tanto desgaste emocional, pues un proceso legal de violencia obstétrica puede durar más de un año en ser resuelto, y en el desarrollo, las víctimas son cuestionadas, victimizadas, y violentadas aún más. Un ejemplo claro de ello es el caso de Sandra, una mujer de 31 años, originaria de Jalisco, quien sufrió violencia obstétrica en 2017.
Balderas Sandoval contó que Sandra llegó a GIRE con el objetivo de que su caso sirviera para que otras mujeres no sufrieran lo que ella padeció, cuando en un hospital público fue sometida a un parto natural por más de 60 horas sin ningún resultado, luego agredida por el personal médico por no haber elegido un método anticonceptivo, a pesar de que ella quería tener más hijos e hijas; y fue condicionada a firmar un consentimiento de querer una esterilización para obtener su cesárea. Durante todo este tiempo, la vida de ella y de su hijo estuvo en alto riesgo de muerte.
En un análisis más profundo del caso se dieron cuenta que Sandra además fue medicada con oxitocina cuando ella no lo pidió, el personal no le explicó qué sucedió en todo el proceso y su esposo y un familiar de ella fueron engañados para que firmaran como testigos para que ligaran las trompas de falopio de Sandra. La víctima interpuso una queja y comenzó a trabajar su caso con apoyo del GIRE mientras tanto el hospital donde se atendió se defendía bajo el pretexto de que ella había firmado un papel para la ligadura de trompas .
El 26 de mayo de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) trató el caso de Sandra y declaró que en efecto ella había sido víctima de violencia obstétrica y que el papel firmado por ella carecía de los elementos para ser considerado como un consentimiento informado. La SCJN dijo, establece que el consentimiento informado debe realizarse antes del parto, las mujeres tienen que ser informadas de todos los métodos anticonceptivos, ya sean definitivos o temporales, y asesoradas por una consejería.
La CNDH también trató el caso de Sandra y desarrolló un estudio en el que reiteró que el consentimiento informado debe ser libre y pleno. Actualmente el hospital que atendió a Sandra debe declarar si acepta o no las recomendaciones de la CNDH, entre ellas capacitar al personal médico, realizar campañas sobre violencia obstétrica, garantías de no repetición, ayuda psicológica, entre otras.
En su opinión, para atender esta problemática es necesario que se hable de ella, sea un tema prioritario en la agenda del gobierno y se sensibilice a la población y al personal médico sobre lo qué es la violencia obstétrica y las repercusiones que ésta tiene en la vida de las embarazadas.
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