El debate acerca del aborto está desde hace décadas plagado de falacias. La Iglesia católica ha contribuido a la confusión con sus ataques contra la «ideología de género», espantapájaros que distorsiona los postulados del feminismo y de los estudios de género.
No son nuevos entonces los gritos de «sí a la vida, no al aborto» que el domingo pasado recorrieron Reforma y otras avenidas del país. Lo nuevo y preocupante es la espectacularización de la maternidad adolescente que se llevó a cabo en la Ciudad de México mediante un ultrasonido realizado en público a una chica de 15 años con un embarazo cercano a término.
Si bien toda creencia religiosa o ausencia de ésta merece respeto y está protegida por la Constitución, manipular las creencias o convicciones personales con fines políticos impide, o cuando menos, obstaculiza las decisiones informadas. En este caso, el Episcopado , junto con organizaciones antiderechos, convocó a marchar en todo el país «por la mujer y por la vida», contra las determinaciones de la SCJN contra la criminalización total del aborto y la libertad de conciencia médica ilimitada.
Además de preguntarnos, si en un Estado laico es correcto que la jerarquía religiosa intervenga abiertamente en la vida pública o participe en una manifestación, cabe volver a señalar la apropiación del discurso «de la vida» para afirmar dogmas contrarios a la ciencia, que ni en el propio catolicismo son absolutos.
Seguir mintiendo acerca del inicio de la vida, equiparando embrión y feto; abogar porque en las constituciones estatales se proteja «la vida desde la fecundación»; mentir sobre las consecuencias del aborto en la salud física y mental de las mujeres, con estudios falsos, como han documentado diversas especialistas, y plantear que con la prohibición del aborto y su criminalización se defiende a «la mujer» y a «la vida», es alzarse contra los derechos y libertades de niñas, adolescentes y mujeres, cuya autonomía ya está restringida por la violencia, la violencia sexual, la precariedad y la doble moral.
Habrá quien diga que «el 48 por ciento de la población está contra el aborto», lo cual es dudoso: la medición depende de cómo se formule la pregunta. Cuando se indaga si alguien está de acuerdo con penalizar a la mujer que aborta, el porcentaje es mucho menor; en cambio si se equipara el aborto con un «genocidio», como se dijo el domingo, y se habla de «asesinatos» de bebés, no hay quien pueda estar de acuerdo. La cuestión es que con 12 o 14 semanas no hay «bebé» sino embrión, vida en potencia no viable ni, menos, «persona».
Los grupos antiderechos repiten este discurso falaz, rebatido desde la ciencia y las ciencias sociales, porque «la defensa de la vida» apela a las emociones. Nada dicen, en cambio, acerca de las vidas mutiladas por la violencia sexual o el feminicidio. Esas vidas no importan.
Ahora distorsionan también la decisión de la SCJN sobre la objeción de conciencia médica como si convirtiera a los médicos/as en víctimas de un Estado cruel y no se limitara a delinear normas para impedir que con la objeción aplasten los derechos de las mujeres o pongan su vida en peligro.
Si ya la propagación de falacias es preocupante, usar a una adolescente de 15 años para espectaculizar la imagen del feto, exhibir a la chica y aplaudir este atentado a su privacidad como un magno» baby shower», es deleznable. También es mentiroso: la defensa del aborto legal y seguro no elimina plazos ni atenta contra la maternidad elegida.
Ante este uso y abuso de una menor de edad, la Secretaría de Gobernación y el Inmujeres no pueden callar ¿Dónde quedó la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Qué consentimiento pudo dar «Ana»? ¿Por qué se escogió a una menor de edad para exhibirla así? ¿No preocupa que una chica de 15 años esté embarazada?
La legalización del aborto, por demás limitada en cuanto existen causales explícitas y en los cuatro estados donde se ha despenalizado los plazos son cortos, no obliga a nadie a interrumpir su embarazo, sólo permite que quienes no pueden o no quieren continuar un embarazo tengan la posibilidad de interrumpirlo sin arriesgar su salud y su vida.
La despenalización es un acto de justicia social, en favor de una maternidad libremente elegida para todas las mujeres.
21/LMP/LGL
