Ciudad de México.- A 20 años de que se localizaron los cuerpos de 8 mujeres (según cifras oficiales) en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, caso que dio origen a la sentencia conocida como “Campo Algodonero”, otros casos de feminicidio siguen impunes, con expedientes abiertos y al menos siete de ellos están en espera de ser admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Al participar en panel “A 20 años del caso Campo Algodonero”, que este 21 de octubre organizó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, madres de niñas desaparecidas y asesinadas en aquella entidad, en la década de los 90 y principios del año 2000, recordaron las omisiones y negligencias de las autoridades mexicanas que llevaron a que en 2009 la CoIDH emitiera una sentencia histórica contra México por estos hechos.
En el acto conmemorativo, Paula Flores, mamá de la joven y trabajadora de la maquila, María Sagrado Flores, relató que tras la desaparición de su hija, el 16 de abril de 1998, diversas autoridades de Chihuahua no buscaron a su hija de forma inmediata y luego le aseguraron que hallaron el cuerpo de la joven, pero no la identificaron plenamente.
Hace 23 años la exfiscal especial para investigar los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Sully Ponce Nieto, quien años después fue investigada por impedir el acceso a la justicia de las víctimas, le negó a Paula Flores ver el cuerpo de su hija, le entregó pruebas de ADN con resultados diferentes y le impidió presenciar la supuesta exhumación.
A más de dos décadas de la desaparición de María Sagrado, su madre aún no tiene certeza de que el cuerpo que las autoridades le entregaron corresponda al de su hija. Sin embargo, ella y su familia dieron con uno de los presuntos responsables del crimen, lo entregaron a las autoridades y ahora está por cumplir una sentencia de 20 años de cárcel.
Durante estos años, Paula participó en diversos actos de exigencia de justicia y memoria y formó una fundación con el nombre de su hija, espacio desde donde acompaña a otras familias con hijas desaparecidas o asesinadas en esa época. Actualmente espera que el expediente de su caso, y el de seis familias más, sea evaluado por la CoIDH en un sólo caso para ser admitido.
Por su parte, Benita Monárrez, madre de Laura Berenice Ramos Monárrez, joven de 17 años de edad, desaparecida en 2001, relató que si bien su caso fue uno de los tres que se litigaron ante la Corte Interamericana y dieron origen a la sentencia conocida como “Campo Algodonero V.S México”, para ella aún no hay verdad.
Tras la desaparición de su hija, el 28 de septiembre de 2001, y después de localizarla sin vida en en el valle donde antes hubo un campo algodonero, las autoridades, lejos de ayudarla en las investigaciones, la intimidaron, amenazaron y persiguieron para obligarla a reconocer un cuerpo que no correspondía a las características de Laura.
Benita Monárrez denunció estas irregularidades, pero después dos de sus hermanos y un sobrino fueron asesinados. En 20013 ella formó la organización “Integración de Madres por Juárez”, para abrir una tortillería que apoyara económicamente a otras madres como ella y organizar proyectos de prevención de la violencia.
No obstante, Benita recibió diversas amenazas que la obligaron a dejar México y exiliarse en Estados Unidos, desde donde sigue exigiendo justicia. Actualmente, aseguró, no tiene certeza sobre el asesinato de su hija y a esto se suma que el resto de su familia la abandonó por miedo a ser asesinada y por no querer apoyarla en su búsqueda de verdad y justicia.
La ahora defensora de los derechos de las mujeres pidió al gobierno mexicano revisar el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, resolución que se publicó hace más de una década, en noviembre de 2009, ya que actualmente las víctimas no tienen garantizada la atención médica ni la reparación económica.
Las mujeres señalaron que en la década de los 90, en el campo algodonero de Ciudad Juárez se encontraron 12 cuerpos y no ocho, como dijeron las autoridades. Además, advirtieron que aún hay restos que no han sido identificados.
A esto se suma que muchas mujeres con hijas desaparecidas en aquellos años murieron o enfermaron, sin que el Estado les procurara justicia ni las respaldara en la búsqueda de sus hijas.
En el eveto, la antropóloga feminista, Marcela Lagarde, y la abogada, Andrea Medina Rosas — impulsoras de las investigaciones sobre asesinatos de mujeres en Chihuahua durante los 90– coincidieron en que la sentencia de la CoIDH fue histórica porque por primera vez se responsabilizó a un Estado por la violencia contra las mujeres y también fue la primera ocasión que se usó el término feminicidio para referirse a estos crímenes.
Si bien las causas que originan el feminicidio se mantiene y se perpetúan a través de la impunidad y el no reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, durante estos 20 años el movimiento feminista en América Latina tuvo importantes logros, principalmente en la creación de leyes.
Como ejemplo, mencionaron, está la incorporación del tipo penal de feminicidio en la ley y la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, destacaron que las generaciones de mujeres que fueron marcadas por estos hechos, ahora protagonizan las protestas sociales a favor de las mujeres.
La abogada Medina Rosas dijo que la Alerta de Violencia de Género que se declaró en agosto pasado en cinco municipios de Chihuahua tiene indicadores de medición tomados del mecanismo de seguimiento de la Convención Belém Do Pará (sobe violencia contra las mujeres) e incluyó la creación de una comisión de la verdad y reparación del daño integral para las defensoras y familias que tienen décadas exigiendo justicia
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