Ciudad de México. En Bolivia, una menor de 11 años fue amenazada, amedrentada y perseguida por personal médico y grupos antiderechos para que no pudiera interrumpir su embarazo producto de la violencia sexual que un familiar ejercía sobre ella, por ello el Sistema de Naciones Unidas de Bolivia (ONU) llamó urgentemente al gobierno de este país a garantizar los derechos de las menores de edad víctimas de este tipo agresión, que constituyen “actos de tortura”.
La menor de edad, de acuerdo con medios locales, fue víctima de violencia sexual durante 10 meses por un hombre de 61, quien era su abuelastro, en la localidad de Santa Cruz, Bolivia.
Resultado de esta grave agresión, la menor de edad presentó un embarazo y fue internada en un servicio de salud de la región para practicarse un aborto, sin embargo el personal médico vulneró su derecho a la privacidad y denunció a la menor de edad con los grupos antiderechos.
Frente a estos hechos, organizaciones feministas bolivianas, como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, condenaron en diversos comunicados el actuar del personal médico y de los grupos antiderechos, quienes bajo amenazas, persecuciones y hostigamiento, obligaron a la menor de edad a firmar el desistimiento para realizar la interrupción de su embarazo y filtraron sus datos personales a los medios de comunicación.
“Ninguna opinión puede estar por encima del deseo de una niña de 11 años que quiere recuperar su infancia y no continuar con un embarazo producto de violencia sexual. Es urgente priorizar sus necesidades y proteger su vida”, declaró en sus redes sociales, el Centro de Derechos Reproductivos.
Por su parte, el Sistema de Naciones Unidas de Bolivia (ONU) solicitó al gobierno de este país aplicar y respetar el marco normativo y nacional que protege los derechos de las niñas, en particular el acceso a la interrupción legal de embarazo en casos de violencia sexual, pues “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura, otra forma de violencia, inhumano o degradante”.
Detalló que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) señaló en su recomendación general número 35 que vulnerar el ejercicio del derecho a la salud o de los derechos sexuales y reproductivos, como forzar a una ciudadana a continuar un embarazo son actos de “maltrato y de tortura” contra ellas porque pone en mayor riesgo su salud, limita su autonomía corporal y capacidad de decisión e incrementa el riesgo de muerte materna.
En los casos de violencia sexual y embarazos no deseados, agregó, es necesario que el Estado boliviano active los mecanismos de protección integral de manera oportuna y los servicios de salud para garantizar el cumplimento de las normas nacionales vigentes y reconocer los derechos de las menores de edad, por ello -reiteró- era indispensable que la familia de la niña fuera informada y orientada, antes de otorgar algún consentimiento o tomar una decisión.
El artículo 266 del Código Penal boliviano, recordó, permite la interrupción legal del embarazo si éste fue productos de una violación, estupro o incesto, y si corre peligro la vida de la mujer. La mujer que aborte fuera de estas causales y que además diera su consentimiento para ella, se le adjudicará una pena de uno a tres años en prisión, según el artículo 263 del Código Penal de este país.
La Constitución Política de Bolivia, enfatizó, en su artículo 61 prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, sin importar si es cometida por la familia o la sociedad; el “Código Niña, Niño y Adolescentes” de este país, garantiza en su artículo 148 que las niñas deben ser protegidas de la violencia sexual; y la “Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014” establece que la mujeres y las menores de edad podrán acceder a un aborto en caso de violación, incesto, estupro o cuando su vida o salud esté en riesgo.
ONU Bolivia resaltó que el gobierno de este país debe trabajar más en la fortalecer los servicios de atención, prevenir la violencia sexual y embarazos no deseados, incrementar la educación integral sexual, y crear un sistema de atención psicológica y emocional para las menores de edad para poner fin al silencio y a la impunidad en los casos de violencia sexual.
Por su parte, las organizaciones feministas demandaron que el personal médico que violó el derecho a la privacidad de la menor de edad sean castigados; que el Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Justicia, y el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, sancionen a los integrantes del grupo antiderechos que interrumpió el proceso de la víctima y dejó su vida en peligro; y que las autoridades del país desarrollen una persecución penal para que el agresor sexual sea detenido y sancionado a 25 años de prisión.
De acuerdo con el Ministerio Público de este país, se registraron 4 mil 708 denuncias de violencia sexual en 2018, lo que significa que cada día 13 mujeres, niñas y adolescentes son víctimas de algún delito sexual, como abuso sexual, violación, acoso sexual. Esta situación fue considerada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) un problema grave de justicia sexual, por lo que este país fue considerado como el segundo en América Latina con más altos índices de violencia sexual.
UNFPA reportó que una de cada tres niñas y uno de cada siete niños son abusados sexualmente antes de los 17 años, sin embargo sólo 10 por ciento de estos casos llegan a ser denunciados, de los cuales apenas uno por ciento llega a concretar una sentencia contra el agresor, quienes suelen ser en un 32.82 por ciento los padrastros, un 14.06 por ciento los padres y un 7.81 por ciento un vecino o conocido de la familia.
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