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Falta de control sobre uso de armas de fuego propicia incremento de asesinatos de mujeres

Por Aline Espinosa Gutierrez

Ciudad de México. Los asesinatos violentos de mujeres con armas de fuego pasó de tres de cada 10 en 2016 a seis de cada 10 en 2020 en México debido a que no existe un control o registro sobre cuántas armas extranjeras son importadas a este país de manera ilegal, las políticas públicas enfocadas en ello son ineficientes, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no informa en qué, cómo o dónde son utilizados los dispositivos adquiridos legalmente. 

Estas irregularidades, comentaron especialistas en el tema durante el programa “Análisis Feminista” de Radio Violeta, conllevan a que exista un vacío de información que no permite desarrollar estrategias efectivas, impulsa a que los asesinatos de mujeres con armas vayan en aumento y permite que estos crímenes queden en la impunidad porque no se puede identificar si los dispositivos son o no ilegales o quiénes los usan. 

Enfatizaron que se estima que nueve de cada 10 armas no están registradas ante la Sedena y aunque la adquisición de armas está controlada en México ( las personas deben ser mayores de 18 años y cumplir con ciertos requisitos), no hay un seguimiento de qué forma son empleadas, en qué lugares, si ha salido del domicilio registrado, si tiene o no municiones o porqué los permisos son o no renovados, por lo que estos dispositivos se han convertido en el medio para asesinar mujeres en la vía pública y dentro de los hogares. 

“En las escenas de los crímenes en México, muchas de las armas que se han resguardado provienen de Estados Unidos y no estaban registradas. Esto es un grave problema porque no hay una certeza de cifras sobre este tema, por ejemplo, en Guanajuato más del 85 por ciento de los asesinatos contra mujeres son con armas de fuego, entonces, es algo que se tienen que abordar sí o sí”, declaró la coordinadora del área de datos de Intersecta, Adriana E. Ortega. 

En promedio, 10 mexicanas son asesinadas al día, seis de estos crímenes fueron cometidos con armas de fuego, pero en Colima y Guanajuato son casi ocho de cada 10, esto se debe a la intensificación de la militarización de México, que comenzó en el gobierno de Felipe Calderón, y a la creciente disponibilidad de armas, pues se estima que hay 15 millones circulando en el país, de acuerdo con datos de la investigación “Violencia de género con armas de fuego en México” de Data Cívica, Equis Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos. 

Esta investigación evidencia que México es el sexto país con más armas de fuego en el mundo y que los asesinatos de mujeres con armas eran realizados en la vía pública hasta el año 2000, mientras que para 2007 ocurrieron dentro de los hogares. Hoy en día, las cifras se reparten en estos dos sitios y las víctimas son mujeres jóvenes que van de los 16 a los 25 años de edad.  

Asimismo, la abogada de “México Unido Contra la Delincuencia”, Cristina Reyes Ortíz, detalló que la militarización ha sido la estrategia de las distintas administraciones del gobierno por más de 12 años para combatir el crimen organizado sin importar los daños que se causen a terceras personas o el dinero que se gaste en ello, por ejemplo, 40.9 por ciento de las mujeres sufrieron violencia durante su detención por parte de la Marina y 20.9 por ciento por parte del Ejército, entre más militarización exista, más violaciones a los derechos hay. 

Con base en su experiencia, resaltó Reyes Ortiz, cada peso que se transfiere a las fuerzas armadas para aumentar aún más su poder y el control, es un peso menos que se le invierte a medidas de protección para las mujeres, a refugios para víctimas de violencia familiar, a fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otras más, y en resultado las brechas de desigualdad aumentan. 

Para enfrentar este panorama, mencionó Reyes Ortiz, es necesario crear redes de apoyo para las mujeres y así ellas encuentren seguridad en estos espacios, ya que acudir con las autoridades es sinónimo de ser más violentadas, además, el gobierno debe enfocarse en trabajar la seguridad y la justicia de manera descentralizada para así atacar el uso descontrolado de armas según el contexto de cada estado. 

Por su parte, Adriana E. Ortega dijo que es importante supervisar cómo funcionan las Fiscalías de los estados, ya que existen casos donde se negó la atención a las mujeres porque habían sido amenazadas o agredidas con un arma de fuego, lo que las deja aún más desprotegidas, por ello desean crear mesas de diálogo con las instituciones de gobierno para abordar esta problemática. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, 24 mil 264 mujeres reportaron haber sido lastimadas con un arma de fuego en 2015. En esa misma fecha, poco más de un millón fue agredida con armas en su comunidad, 102 mil 424 mujeres en su ámbito familiar (los agresores fueron padre o hermanos), 12 mil 032 en el espacio escolar y 42 mil 4874 en el entorno laboral. 

Nueve años sin justicia por feminicidio de Karla Pontigo

Durante la segunda parte del programa se abordó el feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto ocurrido en San Luis Potosí. En entrevista, la abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y quien lleva el caso, Yesenia Valdez Flores, explicó que están en espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación conforme a los lineamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, en el amparo en revisión 1284/2015. 

Este amparo, explicó, justifica la intervención de la FGR toda vez que ésta es integrante del Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres, esto con el fin de que el caso pueda ser resuelto, acceda a la justicia, los culpables sean castigados y se realice una investigación con perspectiva de género, ya que en 9 años no ha habido avances con las autoridades de San Luis Potosí. 

“Las autoridades manipularon el caso, en particular  los funcionarios que tomaron primero la investigación, esto para beneficiar a una o varias personas, y no hicieron su trabajo, en lugar de ello hicieron notar ante un juez que el feminicidio de Karla era un accidente. Durante todo este tiempo se ha denunciado que había irregularidades en el caso, pero, se tipificó como un homicidio culposo”, detalló Valdez Flores. 

En su opinión, este actuar de las autoridades impulsa a que más mujeres sean asesinadas porque (las autoridades) no cumplen con su deber de eliminar, prevenir ni detener la violencia contra ellas, en cambio, ayudan a que los agresores queden en libertad y contaminan el sistema de justicia. “Me parece que estamos en un punto importante para exigir que se deje de manipular los casos de feminicidio en el país”, añadió. 

Por su parte, la madre de Karla, María Esperanza Lucciotto, señaló que “es muy importante para nosotros que la FGR atraiga el caso porque aquí en San Luis Potosí hay muchos conflictos de intereses, por lo que no puede ser que un fiscal pueda ser juez y parte. Entonces, no nada más para el caso de Karla, sino para todas las mujeres”. 

Valdez Flores comentó que aunque no hay un plazo establecido para que la FGR atraiga el caso, deberá realizar una investigación expedita y con perspectiva de género para que la familia pueda acceder a la justicia después de nueve años. 

21/AEG/LGL

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