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La Suprema Corte y el derecho al aborto en EU

Por Lucía Melgar Palacios
Imagen cortesía de Andrea Franco

Los Derechos Humanos, en particular los de las mujeres, están en riesgo en épocas de crisis y ante el ascenso de movimientos conservadores. En México, pese al discurso presidencial que pone en cuestión la validez de los Derechos Humanos y del feminismo que defiende la autonomía y la libertad de las mujeres, la Suprema Corte de Justicia ha emitido sentencias significativas que ponen un dique a las prácticas que criminalizan el aborto, al abuso de la objeción de conciencia del personal médico y a la arbitrariedad de los estados que han incluido en sus leyes la “protección de la vida desde la concepción”.

En Estados Unidos, el Ejecutivo actual defiende el derecho al aborto pero éste depende también de las decisiones que la Suprema Corte tome de aquí a diciembre acerca de leyes estatales que desafían la histórica sentencia conocida como Roe vs. Wade. Desde 1973, la determinación de la Corte acerca de Roe sentó precedente a favor del derecho constitucional de las mujeres al aborto en todo el país, como respeto al derecho a la privacidad, derivado del debido proceso inscrito en la constitución. Esto implica que los estados pueden regularlo pero no imponer restricciones excesivas al acceso al aborto antes de que el feto sea viable.

Desde entonces, Roe ha sido varias veces cuestionado en diversos casos legales sin que la Corte lo invalide, pese a las variaciones ideológicas de la mayoría de los ministros. Su vigencia ha impedido en principio la prohibición total del aborto y restricciones arbitrarias como el intento del gobierno de Texas de poner
fin a esta práctica exigiendo a las clínicas que cumplieran con los mismos requisitos que un hospital, revertido en 2016.

El estado de Texas, sin embargo, volvió a desafiar la protección federal al derecho de las mujeres con una nueva ley (SB8) que prohíbe el aborto después de la sexta semana, incluso en casos de incesto o violación. En la práctica se trata de una prohibición casi total ya que en ese plazo muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Igualmente grave es que, para no asumir su responsabilidad, el estado otorgara a cualquier persona el derecho a denunciar a quienquiera que haga posible el aborto, desde la mujer que lo busca y el personal que lo realiza hasta quien lleve a la mujer a la clínica o le preste dinero para pagar el procedimiento.

Como explica Michelle Goodwin en Ms Magazine, esta disposición recuerda la ley de esclavos fugitivos que en el siglo XIX permitía denunciar a éstos y obtener
una recompensa por ello. La ley SB8 en efecto no sólo otorga a cualquiera el derecho a inmiscuirse en las decisiones de las mujeres, les permite además reclamar una “reparación” hasta por diez mil dólares, una especie de recompensa por denunciar. La vileza de esta ley que criminaliza la solidaridad y la empatía y deja en la indefensión a víctimas de violencia sexual debería bastar para desecharla en un país democrático.

No obstante una petición para que la Suprema Corte la bloqueara, la SB8 entró en vigor el 1 de septiembre. Cinco de nueve ministros la validaron sin pronunciarse sobre su constitucionalidad, aunque las ministras Sotomayor y Kagan la consideraron “inconstitucional”. El lunes y martes de esta semana se
llevaron a cabo audiencias para dirimir nuevos recursos contra la SB8, presentados por prestadoras de servicios y por el Departamento de Justicia Federal.

Aunque algunos aspectos de esta ley han llevado incluso a la ministra conservadora a señalar que ninguna ley puede estar por encima de la constitución,
la composición de la Corte, con tres ministros postulados por Trump, permite pensar que sus sesgos ideológicos y tecnicismos legales favorezcan al archiconservador gobierno de Texas. Éste sería un nefasto precedente para el recurso contra Roe presentado por el estado de Mississipi , que la Corte
discutirá en diciembre.

La ley SB8 ya ha provocado la saturación de clínicas de estados vecinos donde el aborto es legal por parte de mujeres texanas que pueden costear el viaje. Quienes carecen de recursos o dependen de un salario diario, sobre todo latinas y afroamericanas, no tienen esa alternativa. La falta de justicia y el
impacto negativo de las decisiones conservadoras en la vida de las mujeres es innegable.

Si bien Texas se distingue por el conservadurismo extremo de un gobierno que permite la portación irrestricta de armas pero coarta incluso el acceso al aborto temprano, no es excepcional. Otros estados siguen buscando limitar los derechos de las mujeres. La ola conservadora que se intensificó con Trump y
el legado envenenado de éste en la Suprema Corte y en el partido republicano ponen en riesgo las libertades y la vida de las mujeres.

21/LMP/LGL

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