En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitirá una sentencia contra el Estado salvadoreño por el caso de Manuela, una mujer de 33 años de edad que tras vivir un aborto espontáneo fue encarcelada y sentenciada a 30 años de prisión en donde murió de cáncer, mismo que le provocó el aborto.
En un comunicado, la organización Ipas Centroamérica y México, detalló que aunque se desconoce cuándo será emitida la sentencia, ésta será un gran avance para las salvadoreñas donde el aborto está prohibido de manera absoluta desde 1998, cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador penalizó totalmente la interrupción del embarazo y eliminó las cuatro causales permitidas: inducido, por razones eugenésicas, por violación y enfermedad de la madre.
En este país centroamericano el aborto se castiga hasta con 50 años de cárcel a las mujeres, y con 12 años al personal médico que realice la intervención, de acuerdo con los artículos 133, 134, 135, 136, y 137 del Código Penal salvadoreño. De 1988 a 2019, estima Ipas, alrededor de 181 mujeres han sido sentenciadas de 30 a 50 años de prisión por delitos de aborto u homicidio tras haber sufrido alguna emergencia obstétrica o complicación en su embarazo.
La organización explicó que tras varios meses en prisión, se descubrió que Manuela tenía tumores en el cuello de la matriz, producto de un cáncer de tejido linfático, enfermedad que probablemente provocó el aborto espontáneo, sin embargo nunca recibió la atención adecuada dentro de la prisión, lo que la llevó a su muerte, por ello su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.
Tras siete años de analizar el caso, la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño fue responsable por la violación a los derechos a la vida, a la libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, y derecho a la salud de Manuela, por ello emitió una serie de recomendaciones que el Estado no quiso acatar.
Por ello el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) quien tras 2 años de análisis anunció que iba a emitir su sentencia sobre las diversas violaciones a los derechos de Manuela en los próximos meses.
Esta sentencia, menciona Ipas, brindará una reparación económica y moral a la familia y a los dos hijos de Manuela, pero también sería un paso para que se establezcan medidas, como una disculpa pública por parte del Estado salvadoreño; que el Código Penal sea modificado y el aborto sea permitido al menos bajo algunas causales; y que el personal médico cumpla con su deber de proteger la salud sexual y reproductiva de las mujeres, a través del secreto profesional.
“Estamos en vísperas de una resolución que, por ser vinculante, podría cambiar la realidad de miles de mujeres en la región al observar que el personal de salud no deberá denunciar más a quienes requieran sus atenciones por causa de una emergencia obstétrica, que las regulaciones y sistemas judiciales deberán aplicar por lo menos criterios de excepcionalidad para evitar juzgar y encarcelar mujeres por el delito de aborto. Estamos cerca de que la historia de Manuela nos cambie a todos. A todas”, destacó la directora para Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM), María Antonieta Alcalde.
Por su parte, las expertas y defensoras del caso, Carmen Cecilia Martínez y Morena Herrera, dijeron que “la legislación de El Salvador penaliza de manera absoluta el aborto desde 1998, y su impacto llega al punto de criminalizar a mujeres y niñas por procesos reproductivos que, por lo general, están fuera de su control, tales como abortos espontáneos, partos precipitados, y otras emergencias obstétricas”.
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