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Modificar Códigos Penales para garantizar acceso a aborto

Por Aline Espinosa Gutierrez

Ciudad de México. Después de los fallos recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las normativas en Coahuila y Sinaloa respecto al aborto, expertas en el tema coincidieron que las autoridades de cada estado deben emprender acciones para garantizar el acceso a un aborto para todas las mujeres, modificar sus códigos penales e impulsar un cambio cultural que reconozca la autonomía corporal y la maternidad libre a fin de que puedan decidir sin temor sobre su cuerpo. 

Las expertas explicaron durante la mesa “Aborto en México ¿Qué implicaciones tienen los reciente fallos de la SCJN” -organizada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida- que en septiembre de 2021, la SCJN declaró inconstitucional que el estado de Coahuila sancione con pena de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente tenga un aborto y anunció que ningún juez o jueza podía castigarla por tomar esta decisión. 

De igual manera, dijeron, en otra sesión histórica, la SCJN determinó que los estados de la República no son competentes para definir el concepto de persona, por lo que invalidó la reforma constitucional de Sinaloa que desde 2018 protegía la vida “desde la concepción” y determinó que no se podía dar la misma protección jurídica al feto y al embrión que a las personas nacidas porque esto pone en riesgo el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva. 

Estos dos fallos, comentaron, son un precedente para que todos los tribunales del país inicien acciones que modifiquen sus legislaciones a fin de que las mujeres dejen de ser criminalizadas por decidir sobre su cuerpo, elegir ser o no madres o interrumpir su embarazo. “Estos fallos enviaron un mensaje muy claro de que las maternidades deben ser libres. Los fallos evidenciaron la importancia de respetar la autonomía y la dignidad humana de las mujeres”, declaró la investigadora de la división de mujeres en Human Rights Watch, Ximena Casas.

En su opinión, estas resoluciones abren el camino para que ciertos casos no vuelvan a repetirse en el país, como el de Paulina, quien fue víctima de violación a sus 13 años de edad por dos delincuentes durante un asalto a su domicilio en Baja California, que resulto en un embarazo, pero grupos conservadores le impidieron acceder a un aborto.

En 2006, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual imputó responsabilidad al Estado mexicano por violar los derechos de la menor de edad y como parte de los resolutivos del acuerdo se creó la Norma Oficial Mexicana 046 sobre Violencia familiar, sexual y contras las mujeres. 

Para Ximena Casas los fallos permitieron ver lo que el movimiento de “Marea Verde” ha evidenciado durante muchos años: “negar un aborto viola muchos Derechos Humanos de las mujeres. La criminalización no elimina el aborto, en vez de ello, orilla a las mujeres a cometer abortos en condiciones inseguras y las condena a morir. La Marea Verde ha implementado las bases de la lucha”. 

Otros retos a futuro, mencionó la directora ejecutiva de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, Oriana López Uribe, es que los cambios normativos vayan de la mano de un cambio cultural y de una educación enfocada en entender qué es el derecho a decidir sobre el cuerpo, la autonomía corporal, la despenalización del aborto, y la labor de las acompañantes de estos procesos con el fin de que los estigmas y tabúes entorno a estos temas sean eliminados. 

Los estigmas y tabúes, enfatizó López Uribe, son uno de los mayores obstáculos que limita el acceso de las mujeres a un aborto seguro aún cuando éste se encuentre despenalizado en su estado, en resultado, son las acompañantes quienes aseguran que las mujeres puedan tener un aborto seguro en otra entidad o en sus casas por medio de medicamentos. 

Actualmente la Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y Baja California, son los únicos estados de México que permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas por decisión propia de la mujer. En el resto del país existen excluyentes de responsabilidad, dijeron las expertas, es decir, circunstancias bajo las cuales no se castiga un aborto, lo que se traduce en una “discriminación jurídica”, pues las mujeres tienen más, o menos derechos de acceder a un aborto de acuerdo con su lugar de residencia. 

Tan sólo de enero a noviembre de 2021 se han realizado 9 mil 15 abortos en clínicas de la Ciudad de México, la mayoría de las pacientes eran originarias del Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Querétaro, Jalisco, y Guanajuato.

Frente a este panorama, expresaron las especialistas, es importante impulsar una reeducación en el país para que la población comprenda la importancia de que las autoridades de cada estado cambien su normativa según lo fallos de la SCJN, ya que ello contribuiría a disminuir las muertes maternas, daría mayor fuerza a las voz de las mujeres, reconocería derechos esenciales para ellas, y dejaría un mejor futuro para las nuevas generaciones. 

“La SCJN nos está diciendo sírvanse con cucharada grande para permitir el acceso de todas las mujeres a un aborto sin tener que viajar a otro estado, sin temer por ir a un hospital o arriesgar su vida. Esto debe ser permitido para todas, migrantes, en situación de calle, las primeras en actuar deben ser las autoridades”, concluyó  López Uribe. 

Este conservatorio forma parte de una serie de mesas, organizadas por GIRE, que se llevarán a cabo el 9 y10 de noviembre para tratar temas relacionados con el aborto, violencia obstétrica, muerte materna y reproducción asistida. 

21/AEG/LGL

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