Ciudad de México. El dictamen que propone borrar la palabra “mujer” de diversos artículos de la Constitución federal es un retroceso a los Derechos Humanos de las mujeres, quienes han luchado por años porque sean nombradas en los marcos normativos a fin de ser reconocidas como sujetas activas en la sociedad, autónomas, y que su voz sea tomada en cuenta, coincidieron abogadas y especialistas en el tema durante el programa “Análisis Feminista” de Radio Violeta.
Cabe recordar que este dictamen fue presentado en 2018 por el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, quien propuso reformar siete artículos constitucionales para introducir conceptos como identidad, expresión de género, entre otros conceptos, para reformar 28 artículos constitucionales en materia de igualdad. Este dictamen, que además conjunta 50 propuestas de diferentes partidos políticos, fue aprobado en marzo de 2021, pero no fue votado, por lo que pasó a manos de la actual legislatura en la Cámara de Diputados. El pasado 23 noviembre, las y los diputados tuvieron la intención de aprobar el dictamen, que borra la palabra “mujer de la Constitución Federal”, sin embargo debido a la complejidad de esta acción y del contenido del dictamen, acordaron replantear el proyecto.
Esta decisión de las y los diputados también obedeció a la alerta que defensoras de los derechos de las mujeres hicieron al referir que sólo es un trampa que simula inclusión, pero pretende borrar y desplazar a las mujeres de la Constitución, en particular de los artículos 4o y 34; abre lagunas para no cumplir con la paridad de género, y vulnera los derechos.
“El problema surge por la terminología que se utiliza en diferentes artículos. Hay un desconocimiento del marco jurídico protector de los Derechos Humanos, y se pretende eliminar dos de las categorías que dan origen a la lucha contra la discriminación en todo el mundo, que son la categoría de sexo y raza”, detalló la abogada feminista y defensora, Patricia Olamendi Torres.
Señaló que dentro del dictamen hay una confusión entre el principio de igualdad de todas las personas con el principio de igualdad ante la ley entre mujeres y hombres, por lo que ninguno debe ser modificado porque son un compromiso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados garantizar la igualdad, tanto en las normas y leyes, como en los hechos y resultados.
Olamendi agregó que son la base de “la paridad porque el fundamento jurídico de la paridad son estos principios. Muchas de las reformas que propone (el dictamen) no tienen sentido o son contradictorias, por ejemplo confunden al Ministerio Público como una persona, y no lo llaman por lo que es, como una institución encargada de investigar, eso genera una serie de contradicciones muy raras”, agregó.
Olamendi Torres comentó que hace unos días mantuvieron una reunión con las 250 mujeres que conforman la Cámara de Diputados y que son parte del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva para discutir sobre este dictamen y concluyeron que “no estaban conformes con que la palabra “mujer” fuera borrada de los artículos constitucionales porque es un retroceso de los derechos de las mujeres y volver a legislación de los años cincuenta”.
Para detener el avance de este dictamen, enfatizó la presidenta de “33 Mujeres AC”, Edurne Ochoa, han creado un “Cuarto Azul”: modelos geográficos poblacionales, que muestran diferentes palabras que las personas usan. De un total de 800 participantes a nivel nacional, 637 de ellas relacionaron el término masculino con la palabra persona, por lo que las modificaciones de este dictamen propiciarían a que las mujeres sean menos nombradas en la vida pública y en los marcos jurídicos.
Edurne Ochoa mencionó que las mujeres y el movimiento feminista son conscientes de “que lo que no se nombra no existe”, por ello es indispensable que las mujeres estén presentes en el lenguaje, en la comunicación, y en el espacio público para aumentar su participación, ser reconocidas como sujetas, y seres autónomos. De borrarse la palabra “mujer” tendría impacto negativo en la vida de las nuevas generaciones y aumentaría la invisibilización de las mexicanas en el país.
“¿Cuántos siglos hemos tratado en conseguir derechos como si las mujeres no fuéramos personas? A las mujeres no se nos trataba como sujetas de derechos. No es una cuestión menor el que quieran eliminar la palabra mujer del artículo cuarto y 34 de la Constitución, porque hasta 1953 las mujeres no podíamos votar, porque muy a su conveniencia los hombres decían que el término persona se refería al hombre”, resaltó la abogada y directora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Adriana Leonel de Cervantes.
Para Ochoa y Cervantes el lenguaje empleado en las normativas, en la vida pública y otros espacios es importante porque éste también permite nombrar las violencias que sufren las mujeres, las desigualdades que ellas enfrentan por su género y demandar que las autoridades desarrollen y destinen presupuesto hacia estas problemáticas.
Por su parte, Olamendi Torres dijo que existen algunas modificaciones del dictamen que sí consideran “buenas”, como que se establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; la inclusión de la “3 de 3 de Violencia” (no ser deudor alimentario, no haber cometido delitos de violencia familiar, y no haber cometido delitos contra la libertad sexual) en los requisitos de candidatura y para asumir cargos de gobierno.
Debido a la complejidad del dictamen, recalcó Olamendi, pidieron a las diputadas de la Cámara de Diputados analizar este documento el tiempo que sea necesario para que los derechos de las mujeres no sean afectados y además invitar a investigadoras, académicas y sociedad civil para generar un debate sobre ello. Aunque el dictamen se esperaba fuera votado esta semana, no será así.
Las especialistas invitaron a la población a informarse sobre el tema y a alzar la voz para que las mexicanas no sean borradas de ningún sitio.
Visita histórica
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) realizó hace unos días su primera visita en México debido a que persiste la problemática de desapariciones de personas en gran parte del país, como es Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
En estas entidades, el Comité tuvo alrededor de 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 reuniones con miles de víctimas y decenas de colectivos y organizaciones que trabajan porque esta problemática sea erradicada. Todos los testimonios evidenciaron que la impunidad y la revictimización son los principales obstáculos por los que las personas no son buscadas y las familias no acceden a la justicia.
La abogada y coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar, mencionó que el Comité resaltó que las desapariciones ocurren en un contexto de “crimen perfecto” debido a que las autoridades participaban en ellas en ocasiones y no hay una respuesta eficaz para evitar que esto siga ocurriendo.
En su opinión, el Comité demostró que las desapariciones no “son un problema del pasado”, sino que sigue vigente, por lo que hace falta una política de prevención, atención y erradicación de esta problemática que haga frente a las 233 mil 954 personas que están desaparecidas actualmente en el país, de las cuales 71 mil 215 son hombres y 23 mil 574 son mujeres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
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