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El mundo al revés: el Estado contra las víctimas

Por Lucía Melgar Palacios
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Desde hace años resulta cada vez más evidente que en México la lógica del Estado es contraria a la más elemental racionalidad. Donde se reclama y se espera justicia, surgen la arbitrariedad y la injusticia; cuando deberían resolverse problemas, se administran y dejan crecer. No se apoya a las víctimas, se les criminaliza, persigue o abandona. No se investiga y sanciona a los criminales, se sospecha y amedrenta a quienes denuncian sus crímenes y buscan la verdad.

Así lo han vivido madres de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez y el Estado México, familiares de personas desaparecidas en Coahuila o Sonora, defensoras del territorio en Oaxaca o Michoacán. Así lo han constatado también tres expertas dedicadas a la búsqueda de la verdad y la justicia acerca de las fosas de San Fernando, hoyo negro de la atrocidad en la última década.

A raíz de la decisión de la SCJN de obligar a la PGR a entregar los documentos de su investigación acerca de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron encontrados los restos de 72 Migrantes en 2011 y los de 196 personas más el año siguiente, la perito Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y la periodista de investigación Marcela Turati, fundadora entre otros del portal de investigación “A dónde van los desaparecidos”,  descubrieron que en abril de 2016 la entonces PGR inició contra ellas una investigación por “secuestro y delincuencia organizada”.

Este recurso le permitió a agentes de la SEIDO tener acceso “urgente” a información sobre sus llamadas telefónicas, su geolocalización e incluso datos confidenciales que las dos últimas habían proporcionado para obtener sus pasaportes. Si ya este abuso de la ley de “delincuencia organizada” es aberrante, el que la PGR y FGR hayan mantenido abierta esta investigación y no se prendieran todas las alarmas al interior de la institución cuando el cambio de gobierno o cuando su conversión en FGR, sugiere o un exceso de tolerancia hacia prácticas inaceptables, contrarias al derecho, o una falta de control que también mina las ya débiles vías de la justicia en nuestro país.

En todo caso, resulta sumamente preocupante que se haya señalado, estigmatizado y espiado con todo el aparato inquisitivo del Estado a  tres mujeres que buscaban ayudar a identificar a las víctimas de la masacre, apoyar las demandas de justicia de familiares de Centroamérica o Guanajuato – desesperados por encontrar y recuperar los cuerpos de sus seres queridos-,  o contribuir al esclarecimiento de los hechos mediante los testimonios de sobrevivientes y familiares o la denuncia de irregularidades cometidas por los agentes del Estado.

Que éstos puedan siquiera esgrimir una ley ideada contra los peores criminales para espiar las comunicaciones y movimientos de quienes deberían considerar como aliadas, si la verdad y la justicia les interesara, ilumina una de las caras más obscuras del aparato estatal.

¿Acaso este tipo de prácticas no recuerda los obscuros manejos de la DFS de los años 60 y 70? ¿No debería ya el congreso discutir la posibilidad de reformar y acotar esta ley que se ha usado y se usa para amedrentar a profesionistas y académicos/as incómodos, como también lo muestra el caso contra integrantes del Foro Consultivo de Conacyt?

Mientras que es difícil entender, con la información pública disponible, el móvil y la finalidad de esta investigación, sus efectos  y su daño potencial pueden ser más graves que el ilegal espionaje a periodistas con el programa Pegasus. Como señaló Ana Lorena Delgadillo en conferencia de prensa, resulta escalofriante que profesionistas como ellas estén en el mismo expediente que criminales que cometieron atrocidades. Como planteara Marcela Turati, se trata de “un golpe al periodismo de investigación” y un atentado contra la libertad de expresión. A través de Doretti se busca quizá atemorizar no sólo al EEFA, involucrado en la identificación de restos del caso Ayotzinapa, sino también a integrantes de otras instancias internacionales dispuestas a apoyar a víctimas de desaparición forzada, trata y/o feminicidio en México, como el GIEI, al que se obstaculizó su trabajo con otros medios en el gobierno anterior.

Como lo han demandado organizaciones nacionales e internacionales y las propias afectadas, la FGR debe desestimar esta absurda investigación y proteger los datos confidenciales de las tres profesionistas que de por sí trabajan en condiciones riesgo.

Debe también identificar, investigar y sancionar a quienes desde las sombras tuercen la ley y abusan del poder del Estado. Como sociedad habremos de exigírselo, en defensa del derecho a justicia y la verdad.  El Estado policiaco que manipula la ley es un riesgo para todos.

21/LMP/LGL

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