Inicio AgendaEn defensa Autoridades minimizan violencia contra personas defensoras y periodistas y fomentan impunidad

Autoridades minimizan violencia contra personas defensoras y periodistas y fomentan impunidad

Por Aline Espinosa Gutierrez

Ciudad de México. Del 2000 a 2021, se han contabilizado 145 asesinatos de periodistas por su labor en México, de los cuales 134 eran hombres y 11 mujeres, la mayoría de estos casos acontecieron en Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, y Veracruz. Cifras que demuestran que la libertad de expresión es casi imposible de ejercer en el país, coincidieron personas defensoras y periodistas de distintos estados en el conversatorio “El derecho de defender los derechos” como parte de la campaña “Conocerles es Reconocerles”. 

Es necesario recordar que esta campaña comenzó en septiembre de 2021 con el apoyo de la Unión Europea y en la que participan organizaciones como Artículo 19 y Comunicación e Información de la mujer (CIMAC), con el fin de impulsar que la violencia contra periodistas y personas defensoras no sea normalizada, visibilizar la importancia de la existencia de estas dos profesiones, y colocar el rostro de algunas de estas personas que arriesgan sus vidas por documentar, proteger, y dar voz a la víctimas, en un país donde 99 por ciento de los delitos queda en la impunidad, 234 mil 671 personas están desaparecidas, 11 mujeres son asesinadas cada día y cada 34 minutos una periodista es agredida. 

Consulta la campaña aquí

En conferencia de prensa, la periodista y fundadora del medio “Amapola” en Guerrero, Vania Pigeonutt, explicó que su entidad presenta los índices más altos de violencia y desaparición contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, sin embargo estos hechos quedan en la impunidad debido a que las autoridades no atienden estas problemáticas. Desde el 2000 hasta la fecha, de acuerdo con la organización Artículo 19, se han documentado 14 asesinatos de periodistas en Guerrero y al menos una desaparición como consecuencia de su labor, cifras que pueden ser aún mayores. 

Vania Pigeonutt detalló que la violencia contra estas dos profesiones prevalece porque no existe una sanción contra las y los agresores. Un ejemplo del no acceso a la justicia, es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes que se dirigían a una marcha en Ciudad de México, pero fueron interceptados por autoridades, quienes dispararon armas de fuego contra ellos, los hirieron, y se estima que los desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Después de siete años se desconoce su paradero o quienes fueron los verdaderos responsables. 

El mal funcionamiento del sistema de justicia, agregó Pigeonutt, ha conllevado a que las madres, padres, hermanas y demás familiares de las víctimas se conviertan en defensores, investigadores o estudien leyes a fin de buscar justicia por sus propios medios, a veces, con ayuda de organizaciones civiles. Sin embargo este caminar puede durar para las familias muchos años, lo que les puede provocar enfermedades, desgaste emocional, incluso han llegado a fallecer sin saber dónde, quién, cómo pasó la desaparición o asesinato de su familiar. 

“Cualquiera puede desaparecer en Chilapa y Chilpancingo y no pasa nada porque el Estado mantiene grandes índices de impunidad, y no nada más estamos hablando de Guerrero. En resultado nos ha tocado a las y los periodistas voltear a ver estos casos, de las organizaciones que acompañan estos casos, que los acompañan desde la integralidad, que no lo hace el Estado. Las las víctimas no sólo quieren ser víctimas, tienen opiniones”, declaró a periodista. 

En esta labor, dijo Pigeonutt, las y los periodistas ponen en peligro su vida, más aquellos o aquellas que se enfocan en la inseguridad, política, y Derechos Humanos, pero también porque no cuentan con protocolos de seguridad o protección y ejercen su profesión en “condiciones deplorables”, que los coloca en vulnerabilidad de ser víctimas de un feminicidio, desaparición o asesinato. 

El camino para detener estas cuestiones, comentó Pigeonutt, es largo, sin embargo es necesario que las y los periodistas continúen generando información verídica para que las víctimas encuentren espacios, puedan visibilizar su voz y la situación de violencia en el país sea un tema en la agenda del gobierno. Con ella coincidió el vocero de “Conocerles es Reconocerles” y director de la “Casa del Migrantes Saltillo”, Alberto Xicoténcatl Carrasco, quien reconoció que las autoridades deben dejar de decir que el “país está en paz” cuando derechos básicos de las personas son violados. 

El Estado mexicano, agregó Carrasco, debe comenzar a nombrar la violencia y desapariciones contra periodistas y defensores para que en verdad desarrolle estrategias que ataquen estas problemáticas de raíz, de otra forma será imposible tener un avance en ellas. En este proceso también es indispensable que las víctimas participen, pues son ellas quienes pueden dar las mejores soluciones, e impulsar la protección de los Derechos Humanos. 

En opinión de Carrasco la procuración de justicia en el país es deficiente, tanto así que las víctimas cuentan con tres por ciento de posibilidades de que su agresor sea sancionado. Factor que también debe ser trabajado por las autoridades. “La responsabilidad de garantizar el derecho a defender Derechos Humanos es del Estado, defender derechos significa reconocer que vivimos sistemáticas violaciones a Derechos Humanos y de no garantía de libertades fundamentales”, finalizó. 

Por su parte, la directora de Fondo Semillas, Gabriela Toledo, y la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Sofía de Robina Castro, invitaron a la población a sumarse a la campaña, alzar la voz porque el trabajo de las y los defensores y periodistas sea más valorado, consultar los medios independientes con perspectiva de género y Derechos Humanos, y publicar en sus redes sociales bajo el hashtag #DefenderDerechosSignifica sus opiniones sobre estos temas. 

21/AEG/LGL

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