Ciudad de México.- A dos años de la despenalización del aborto en Oaxaca, aún no se publican a nivel local los lineamientos técnicos para la interrupción del embarazo en la entidad, los cuales deben tener un enfoque intercultural, denunció la organización civil «Mano Vuelta A.C».
Al presentar este 21 de diciembre el documento “Recomendaciones con perspectiva intercultural para la Atención del Aborto en México y la emisión de los lineamientos para el Estado de Oaxaca” , la organización civil “Mano Vuelta A.C.” llamó a que se respete el derecho de las mujeres indígenas a decidir sobre su cuerpo, así como sus derechos sexuales y reproductivos.
En septiembre de 2019, el congreso de Oaxaca modificó los artículos 312, 313, 314, 315, y 316 del Código Penal estatal a fin de de permitir que las mujeres interrumpan su embarazo hasta las 12 semanas de gestación por voluntad propia, lo que convirtió a esta entidad en el segundo estado en reconocer el derecho de las mexicanas a decidir sobre sus cuerpos. Antes de este cambio, había alrededor de 20 oaxaqueñas presas por abortar, según datos recabados por organizaciones feministas.
En conferencias de prensa, la defensora Ángeles Juárez Leyva, de Mano Vuelta A.C., explicó que en junio de 2021 se publicó a nivel federal el “Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto en México” para que las unidades de la Secretaría de Salud presten el servicio de interrupción del embarazo a mujeres, niñas y adolescentes de una forma integral, pronta, con perspectiva de género y con base en las causales de aborto legal permitidas en las normativas de cada estado; sin embargo, este documento no tiene un enfoque de interculturalidad, lo que hace urgente la necesidad de públicas lineamientos específicos para Oaxaca..
La defensora detalló que el Lineamiento federal sólo incluye 4 veces la palabra interculturalidad, no integra de manera efectiva las necesidades de las indígenas y afromexicanas respecto a su acceso a un aborto seguro y no establece que un aborto es un derecho, ya que después hace mención de las causales por las que se puede acceder a él y las penas si éstas no son respetadas, lo que –dijo la defensora– es una “contradicción” porque al ser un derecho no puede ser penalizado.
Juárez Leyva precisó que los saberes ancestrales de los pueblos y comunidades originarias, como es la partería, también están fuera del reconocimiento de las formas de atención a la salud de las mujeres en materia de interrupción del embarazo, ya que estos conocimientos sólo son nombrados como “creencias”, “práctica cultural” o “religiosidad”, lo que –observó– demerita su importancia, que ha sido aún mayor en lo que va de la pandemia debido a que los hospitales cerraron o se convirtieron en centro de atención para personas con COVID-19.
Y agregó que la palabra «aborto» no tiene una traducción en las lenguas indígenas de todo México, a pesar de que en Oaxaca existen alrededor de 16 lenguas indígenas. Esto dificulta muchas veces que las mujeres puedan hacer uso de la información o se sientan representadas en las normas, detalló; además, el lineamiento federal se encuentra sólo en versión castellano, esto excluye la diversidad etnolingüística del país y no considera el lenguaje de señas o braille.
Por su parte, la defensora Dyadha Morga detalló que el Lineamiento federal también invisibiliza el papel fundamental que realizan las colectivas y organizaciones de la sociedad civil para que las mujeres puedan acceder a un aborto en sus entidades o en otras, ya que aún persiste un vacío sobre cómo debe ser la atención hacia menores de 12 años de edad, además de que el personal de salud aún niega el derecho a un aborto, en particular hacia las poblaciones que históricamente han estado en condiciones de desventaja, bajo pretextos machistas y sexistas.
En Oaxaca, señaló la defensora, a pesar de que el aborto se despenalizó desde 2019, las oaxaqueñas atraviesan dificultades para interrumpir de manera segura su embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Algunos de estos obstáculos son, por ejemplo, que el personal médico se niega a dar el servicio, enfrentan estigmatización social, falta de hospitales que realicen esta práctica cerca de donde viven, poca información en lenguas indígenas, entre otras, lo que las orilla a buscar ayuda con las organizaciones civiles para abortar en sus casas o en otros estados.
Desde octubre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, según los Servicios de Salud en Oaxaca, se realizaron 8 abortos legales en la entidad. Asimismo, otras 49 oaxaqueñas abortaron hasta julio de 2021, de acuerdo con la Dirección de Prevención y Promoción de Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, sin embargo, 9 oaxaqueñas viajaron a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo en 2020, y de 2015 a junio de 2020, alrededor de 176 oaxaqueñas abortaron de forma segura en hospitales de la CDMX, según datos del gobierno capitalino.
Frente a este panorama, la defensora Indira Rodríguez recomendó que el “Lineamiento Técnico para la Atención al Aborto Seguro en México” unifique el término de interrupción legal del embarazo en el contexto del estado de Oaxaca para no generar confusión; agregue los aportes de la medicina tradicional local, herbolaria, conocimientos y saberes ancestrales relacionados con la partería; enfatice que los centros de salud cuenten con personal de salud bilingüe, intérpretes y traductores certificadas y certificados; y elimine los prejuicios acerca de que un aborto deja secuelas traumáticas.
Además de ello, sugirió que se impulse al personal de salud a atender la solicitud de una mujer para interrumpir su embarazo en no más de 24 horas, y que lo haga desde la confidencialidad, el trato digno y respetuoso; asimismo, mencione que la falta de atención oportuna por parte del personal de salud equivale a continuar un embarazo no deseado y que en casos de violación se considere como una urgencia médica; y especificar en el lineamiento que un aborto se debe llevar acabo desde una perspectiva intercultural.
A fin de resolver las dificultades en Oaxaca, comentó Rodríguez, es indispensable que el Congreso de Oaxaca promueva que se armonice los avances determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional acerca del aborto para que sean llevados a los códigos, leyes, reglamentos, y demás documentos en estas entidad. Cabe recordar que la SCJN declaró inconstitucional que los congresos de los estados penalicen a las mujeres que deciden abortar de manera voluntaria, y no pueden proteger la vida desde la concepción. Además de ello, la Suprema declaró que los estados de la República no son competentes para definir el concepto de persona, por lo que inválido la reforma constitucional de Sinaloa que desde 2018 protege la vida “desde la concepción”.
Otras cuestiones a trabajar, dijo, es que el Congreso promueva un modelo de intercultural de salud para la atención digna del aborto, fomente la descentralización de los servicios de salud, realice una divulgación y promoción del lineamiento (una vez sea publicado), y desarrolle estrategias de prevención y atención de la violencia sexual que incorpore a autoridades comunitarias para mejorar las rutas de acceso a la interrupción del embarazo para las mujeres, indígenas y afromexicanas.
21/AEG/AJSE
