Ciudad de México.- Los gobiernos de América Latina no han desplegado suficientes estrategias para prevenir la violencia sexual contra niñas y adolescentes, a pesar de las graves consecuencias que ésta tiene en la vida personal y profesional de las menores de edad, como tener un embarazo no deseado, no disponer de autonomía corporal o económica, o tener poca participación en el campo laboral, de acuerdo con el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
En el informe “Práctica prometedoras de prevención y atención en violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en America Latina y el Caribe Hispano”, desarrollado entre abril y diciembre de 2020, Cladem detalló que la violencia sexual es una grave violación a los Derechos Humanos de las mujeres, en especial de las niñas y adolescentes, ya que genera efectos devastadores en las víctimas y sus cursos de vida.
Pese a ello, observó Cladem, los Estados aún tienen deudas pendientes en materia de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia sexual, así como a las consecuencias de este delito, las cuales pueden ser un embarazo no deseado, maternidad infantil, matrimonios infantiles, maltratos dentro de los servicios de salud y la falta de acceso a la justicia.
En América Latina y el Caribe, mencionó el informe, entre 7 y 36 por ciento de las mujeres informaron haber sufrido abuso sexual en la infancia, y entre 6 y 59 por ciento aseguraron haber padecido agresiones sexuales por parte de sus parejas después de los 15 años de edad. En República Dominicana, por ejemplo, la violencia sexual es el segundo delito más cometido contra mujeres y niñas, el cual atacó a mil 121 menores de edad y 217 casos de incesto sólo en 2019.
En Perú, por otra parte, los casos de violencia sexual en línea aumentaron 89 por ciento entre 2018 y 2019, lo que resultó en 143 casos de este tipo entre marzo y junio de 2020, y en México 9.4 por ciento de las mujeres de 15 años o más denunciaron haber sufrido violencia sexual en la infancia, los agresores de estos hechos fueron tíos, primos, y personas conocidas.
Cladem enfatizó que la violencia sexual conlleva a graves consecuencia, tanto para las mujeres que la viven como para la sociedad, ya que puede afectar de manera adversa la salud física y mental de las sobrevivientes, por ejemplo coninfecciones de transmisión sexual (VIH), muerte materna, perdidas de embarazo, problemas ginecológicos, estigma, baja condición económica, niveles bajos de participación de las mujeres en la política y en el campo laboral, entre muchas otras más.
Frente a este panorama, se mencionó en el informe, es importante que los Estados desarrollen estrategias que combatan la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, lo cual no ocurre. En su informe, Cladem identificó inicialmente 65 propuestas en America Latina y el Caribe para la atención de la violencia de ellas, pero al verificar cuáles de éstas tenían efectivamente el objetivo de brindar atención y prevención a la violencia sexual, sólo se identificaron 16.
Ejemplo de ello, detalló el informe, es que en los lineamientos, guías, protocolos, redes, hojas de ruta, normas técnicas, entre otros documentos que se han elaborado para atender, prevenir y erradicar la violencia sexual falta incluir a las sobrevivientes, la restitución integral de los Derechos Humanos, la atención piscosocial individual y extendida a la familia, el acceso a la justicia, la vivienda digna, la promoción de la autonomía económica, y la protección ante la posible repetición de hechos.
Algunas de las «prácticas prometedoras» que encontró Cladem fueron el “Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia” y el “Protocolo Interinstitucional para la Atención de Niños, Niñas, y Adolescentes, Víctimas y Testigos de Abuso Sexual Infantil o Violencia”, desarrollo por diferentes instituciones gubernamentales en Argentina; así como la “Fundación Munasum Kullakita”, en Bolivia; el “Centro de Referencia y Atención Infantil y Juvenil”, en Brasil; y el “Acompañamiento piscosocial a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y sus madres en la ciudad de Matagalpa”, en Nicaragua.
Otras «prácticas prometedoras» enlistadas en el informe fueron la “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la asociación civil “Luchadoras” en México; el “Protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en comunidades eduacativas” en El Salvador; el “Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia” en Guatemala; y el “Sistema Integral de Protección a la infancia y a la Adolescencia contra la Violencia” en Uruguay, entre otros más.
Por todo esto, Cladem recomendó que los países de AL generen un marco jurídico “sólido” que proteja los derechos de las niñas y adolescentes respecto a los efectos o consecuencias de la violencia sexual; trabajen a favor de la autonomía progresiva, la no revictimización y el restablecimiento de los derechos para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual; y que incluyan la participación de las niñas y adolescentes en el diseño de las políticas públicas e instrumentos.
Además de ello, mencionó el informe, los Estado deben fortalecer la generación de leyes que promuevan la autonomía corporal de las niñas y adolescentes; involucrar a la sociedad civil en la prevención atención de la violencia sexual; fortalecer el enfoque de prevención de esta agresión sexual dentro de las acciones de los Estados; y construir alianzas entre actos de la sociedad, academia, agencias de Naciones unidas e instancias gubernamentales.
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