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Indesol: el final de más de 3 lustros de trabajo con las OSC

Ciudad de México.- A partir de 2022, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) administrará los recursos de los programas por medio de los cuales el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) –eliminado por decreto presidencial el 31 de diciembre de 2021– financiaba a los Refugios para mujeres víctimas de violencia y a los Institutos Estatales de las Mujeres. 

Se trata del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) y el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, que desde 2020 estaba a cargo de esta institución.

El área de Comunicación Social de la Conavim confirmó a Cimacnoticias que ya se inició el proceso de transferencia de ambos programas, aunque sus reglas de operación (publicadas el 31 de diciembre de 2021) aún tienen como unidad responsable al Indesol. La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Bienestar firmarán un “acuerdo de transición” para transferir de una dependencia a otra los recursos etiquetados en el Proyecto de Egresos de la Federación 2022 para estos programas.

Esta es la segunda vez en la actual administración federal que los recursos para refugios para víctimas de violencia cambian de unidad responsable, ya que antes de estar en Indesol y contar con un presupuesto etiquetado, este programa estuvo a cargo de la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), pero dejó de estar ahí con el argumento de que en el Indesol habría mayor coordinación con las organizaciones civiles. 

Desde 2019 la administración actual desapareció una de las principales funciones del Indesol al suspender la entrega de recursos del Programa de Coinversión Social, que financiaba proyectos de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y centros de investigación que atendían a grupos de la población en pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, desigualdad por género o vulnerabilidad. 

Respecto al PAIMEF, creado en 2006 para financiar acciones para institucionalizar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas, este programa entrega recursos públicos a los institutos estatales de las mujeres, quienes elaboraban proyectos y planes de trabajo para acceder, por medio de convocatorias, a los recursos públicos y así garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las ciudadanas.

Con el Indesol a la cabeza, el PAIMEF financió desde campañas, capacitaciones, investigaciones y elaboración de materiales para propiciar los cambios culturales y sociales para lograr la erradicación de la violenci, hasta servicios de atención especializada a víctimas de violencia como líneas telefónicas o centros de atención, alojamiento, asesoría jurídica o terapias para víctimas.

Durante casi un año Indesol también tuvo a su cargo la administración de los recursos que se entregaban a la Red Nacional de Refugios. 

Desde 2004 esta red recibió financiamiento público a través del CNEGySR, instancia que en 2019 suspendió la convocatoria por la cual asignaría 346 millones de pesos a los refugios, recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. Esto fue debido a una orden del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de no transferir recursos a las organizaciones de la sociedad civil.

La Red Nacional de Refugios consiguió que se les reconociera por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en un programa específico llamado “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, con un monto etiquetado de 405 millones 3 mil 761 pesos.

La creación de este programa presupuestario derivó en lineamientos, operados por Indesol, para otorgar recursos para los refugios, a los cuales se accedía por medio de convocatorias en las que se presentaban proyectos. En caso de ganar, el financiamiento que se otorga a cada refugio sólo cubre una parcialidad del año, no los 12 meses.

En febrero de 2020 la administración federal quitó definitivamente al CNEGySR los recursos para refugios y fueron transferidos al Indesol. Si bien las organizaciones civiles que operan refugios ya habían solidificado durante un año un mecanismo de diálogo con el personal de Indesol para cumplir cabalmente con las reglas de operación del programa, ahora, en 2022, éste pasará a Gobernación.

No a las organizaciones

En 1992, el expresidente Carlos Salinas de Gortari creó el Indesol como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar.

A lo largo de su historia, esta institución tuvo a su cargo la administración de los recursos del Programa de Coinversión Social –concebido como un instrumento para incluir el concepto de productividad social en la agenda social del gobierno federal, desaparecido en 2019– del PAIMEF y desde el año 2020 del presupuesto para refugios. 

La directora de la organización “México ¿Cómo vamos?”, Sofía Ramírez Aguilar, explicó en entrevista con Cimacnoticias que el Indesol, a través de programas sociales que tenían reglas de operación, atendía a poblaciones donde el Estado no llegaba. Sin embargo, dijo que la desaparición de este órgano es grave porque sin la oficina ni siquiera se puede aspirar a tener más recursos o pensar que la situación va a mejorar.  

Durante 18 años (2001 a 2019) el Indesol financió, por medio del Programa de Coinversión Social, a organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y centros de investigación que atendían a grupos de la población en pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, desigualdad por género o vulnerabilidad.

A partir de 2008, cuando se creó un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para concentrar los recursos para la igualdad de género, el programa de Coinversión Social, operado por Indesol, recibió recursos etiquetados. En su primer año, 2008, fueron 11 millones de pesos y en 2019, el último que recibió presupuesto, fueron 136 millones 436 mil 016 pesos. 

Aunque el Indesol consideraba a las organizaciones no gubernamentales como aliadas para atender la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una visión distinta.

En 2019, una de las primeras acciones de su gobierno fue eliminar el programa de Coinversión por medio de la llamada “circular uno”, un documento donde se ordenó no transferir recursos a organizaciones civiles y donde se modificaron las Reglas de Operación, a fin de que los apoyos a la población se entregaran de manera directa y sin las organizaciones como intermediarias, a pesar de que el objetivo de Coinversión era fortalecer a estas agrupaciones para realizar labor social.

Desde 2018, cuando López Obrador llegó al poder comenzó una cruzada contra la corrupción que también implicó desaparecer o fusionar instituciones y programas ya que desde su visión tener muchas instituciones es sinónimo de “gobierno rico con pueblo pobre”. 

“El presupuesto se quedaba en el gobierno porque había instituciones para todo; creaban oficinas, instituciones, fideicomisos, directores generales, directores de área, jefes de departamento, asesores, viáticos, oficinas, y ahí se quedaba el dinero destinado supuestamente al pueblo”, aseguró este 3 de enero en su conferencia matutina, donde también agregó: “tenemos que evitar el derroche, los gastos superfluos, la duplicidad de funciones”.

Sobre el Indesol el presidente dijo: ¿Para qué es la Secretaría de Bienestar? ¿Por qué hay Secretaría de Bienestar, pero aparte de la Secretaría de Bienestar está el instituto para atender a los niños, el instituto para atender a las mujeres, el instituto para atender a los discapacitados, el instituto para atender a los adultos mayores? ¿Y por qué no la Secretaría de Bienestar se hace cargo de todo?”.

El presidente también se manifestó públicamente a favor desaparecer instituciones creadas por los gobiernos del PAN y del PRI, quienes actuaron impulsados por la sociedad civil, por ejemplo: el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), creado en 2003. 

También se dio a conocer en diversos medios que desde diciembre pasado existe una propuesta de reforma elaborada por la Consejería de la Presidencia para que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), creado en 2003, sea absorbido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Desde noviembre hay un proyecto en revisión en la Comisión de Mejora Regulatoria para que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), creado en 2014, desaparezca y sus funciones pasen al DIF. 

El presidente también ha dicho que deben desaparecer órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y órganos desconcentrados como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía.

En reiteradas ocasiones ha mostrado su aversión por las organizaciones de la sociedad civil, a quienes califica de corruptas.

“Y fíjense la paradoja, lo contradictorio, asociación no gubernamental que dependía de la hacienda pública, u organizaciones de la sociedad civil, entonces, les daban dinero y esas asociaciones, pues no manejaban con honestidad el presupuesto, el dinero público”, dijo el pasado 5 de enero.

No obstante, una demanda de las organizaciones ha sido tener reglas claras y procedimientos transparentes en la asignación de recursos gubernamentales para apoyar sus proyectos, por eso en 2004 lograron la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la creación de un registro de agrupaciones civiles.  

22/AGM/AJSE/LGL

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