Ciudad de México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revisará el caso “Beatriz», sobre una joven a quien el Estado de El Salvador –uno de los países más restrictivos del mundo para la garantía de derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres– le negó el aborto a pesar de tener un embarazo inviable.
En conferencia de prensa este 12 de enero, en El Salvador, las organizaciones co-litigantes (Colectiva Feminista, Cejil e IPAS) explicaron que el Estado salvadoreño incumplió las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había hecho para adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños por haber negado en 2013 la posibilidad de que Beatriz, una joven de 22 años, interrumpiera su embarazo.
En el 2013, Beatriz requería interrumpir su embarazo porque padecía de lupus y porque era inviable que el producto naciera con vida. Esta situación deterioró su salud con rapidez y puso en riesgo su vida. No obstante, el Estado de El Salvador le negó la posibilidad del aborto, y la expuso a tortura psicológica y al riesgo innecesario de una muerte materna.
Ante la negativa del Estado de interrumpir su embarazo, Beatriz, acompañada de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, emprendió una batalla legal contra El Salvador, uno de los cuatro países de América Latina que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia.
Tras 81 días de lucha, y a raíz de la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Beatriz pudo acceder a la cesárea que necesitaba para sobrevivir; sin embargo, por las secuelas que le generó esperar tanto tiempo, las complicaciones de un accidente y su frágil estado de salud, falleció el 8 de octubre de 2017.
Fue decisión de la propia Beatriz que su caso fuera presentado en 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien mandató en 2020 cinco recomendaciones para El Salvador las cuales fueron incumplidas por lo que el pasado 5 de enero de este año decidió remitir el caso ante la Corte.
De acuerdo con la denfesora Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el caso de Beatriz demostró las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador.
Por su parte, Morena Herrera, de la colectiva feminista para el Desarrollo Local, señaló que con esta decisión se abre una nueva etapa para el litigio estratégico en el Sistema Interamericano; no obstante, precisó, aún persiste en El Salvador el contexto e indiferencia de los gobiernos para proteger, guardar y garantizar los derechos de las mujeres, en especial los relacionados con la salud reproductiva y la vida libre de violencia, que permitió la muerte de Beatriz.
La defensora recordó que Beatriz desafió al Estado de El Salvador al pedir un amparo para proteger su salud, pero en ese momento, la Sala de lo Constitucional de la Suprema votó en contra. Recordó también que Beatriz enfrentó a otros sectores fanáticos que la acosaron por su decisión.
Gisela de León, Directora Jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), agregó: “Lo que estamos discutiendo en este caso es la protección de la vida, de la salud y de la integridad de las mujeres. Lo que provocó la prohibición absoluta del aborto en El Salvador fue que Beatriz no recibiera el tratamiento médico que sus médicos determinaron que debía de recibir, que implicaba la interrupción del embarazo, que además no era viable porque no existía posibilidad de vida del producto (…) el Estado está obligado a garantizar medidas de reparación por el sufrimiento causado, lo que implica reconocer la memoria de Beatriz”.
De León explicó que el proceso en la Corte puede durar de dos años a dos años y medio, que inicia con una una etapa en la que se presenta por escrito el caso, luego una etapa en la que ambas partes presentan sus argumentos, luego se celebra una audiencia (que se espera suceda a finales de este año) en la que se presentan pruebas; y a finales del próximo año se estaría esperando una sentencia para el Estado salvadoreño, la cual esperan que integre medidas de no repetición y de reparación integral para la familia, incluyendo acciones de memoria para Beatriz.
María Antonieta Alcalde, Directora de IPAS para Centroamérica y México, agregó que el hecho de que el caso pase a la Corte demuestra que el Estado salvadoreño mostró en su momento poca seriedad para cumplir las cinco recomendaciones que le hizo la Comisión en noviembre de 2020: la reparación integral a las violaciones a los DH (materiales e inmateriales), proveer atención en la salud integral de sus familiares, y que la situación no se vuelva a repetir a través de la modificación de las leyes para interrumpir el embarazo en casos de incompatibilidad fetal o inviabilidad, y una moratoria a la persecución penal.
La madre de Beatriz, Demly Cortés, también presente en la conferencia, declaró: “Beatriz sólo quería vivir pero como el Estado le falló nuevamente, sólo su memoria vive dentro de nuestros corazones. Le pedimos al Estado que cumpla con lo que ella quería y que no se vuelva a repetir este caso para otras mujeres”.
El hermano de Beatriz, por su parte, agregó que el Estado debería garantizar los derechos de las mujeres, y que Beatriz marca aún el camino de hacia dónde deben de ir, “donde debemos hacer la lucha para que ninguna mujer vuelva a repetir ese tipo de situación”.
22/AJSE/LGL
