Ciudad de México.- Después de la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), eliminado por un decreto presidencial publicado el pasado 31 de diciembre, 195 organizaciones civiles pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abrir un diálogo político y reconocer la historia y experiencia de la sociedad civil.
En una carta abierta, fechada este 18 de enero, agrupaciones como «Alternativas y Capacidades», el «Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil», el «Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social» y la «Red Nacional de Organismo Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos», también denunciaron que el decreto viola la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, creada en 2004 y aún vigente.
En este contexto, las organizaciones llamaron a López Obrador a crear una agenda compartida para enfrentar la exclusión, la violación a los Derechos Humanos, así como la asistencia, los cuidados, la discriminación social, de género y la injusticia ambiental, y generar consensos en torno a políticas públicas para fortalecer el tejido social y la vida democrática.
El llamado se hizo después de que el pasado 31 de diciembre el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que desaparece el Indesol y lo convirtió en la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social, de la Secretaría de Bienestar, la cual deberá asumir las tareas y responsabilidades del organismo eliminado, según el decreto.
Una de las funciones del Indesol, cuyo antecedente es el Instituto Nacional de Solidaridad, creado en 1992, era ser el enlace entre el Gobierno federal y las agrupaciones civiles al ser la secretaría técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y responsable de la operación del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que hasta diciembre de 2021 tenía catalogadas 43 mil 691 agrupaciones civiles.
En la carta, los colectivos agregaron que además de la desaparición de Indesol, el cuadro crítico que vivían se agravó al finalizar 2021 con la aprobación de una reforma fiscal que pone en riesgo su sostenibilidad. Se refirieron a la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para reducir las deducciones personales por donativos a organizaciones civiles, lo que afectará los ingresos de 5 mil 73 agrupaciones de todo el país que reciben donativos de personas físicas.
“El saldo es que nos quedamos con una Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil violentada en su cumplimiento, y una institución que dejará de cumplir con su responsabilidad de fomento e interlocución entre las OSC y el gobierno, abandonando su misión de vínculo con la sociedad civil”, destacaron.
Los colectivos, centros de estudios, redes y fundaciones, expusieron que con decisiones como la desaparición del Indesol y esta reforma fiscal, se está cancelando el diseño institucional y el marco legal que consiguieron durante una lucha de décadas frente a gobiernos poco dispuestos al diálogo con la ciudadanía, y que se constituyeron en prácticas ejemplares para otros países de América Latina y El Caribe. “Esto debilita la democracia mexicana, por la que debe velar el Estado”, alertaron.
Las organizaciones, integradas en el Espacio Nacional de Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil, recordaron que el 21 de octubre de 2021 organizaron un encuentro nacional que reunió a 195 organizaciones del país con el objetivo de conocer la situación de la sociedad civil y allí reafirmaron que es necesario un diálogo con las autoridades que les permita incidir efectivamente en las políticas públicas.
En la carta reiteraron su llamado a reconocer y observar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Sin embargo, en noviembre del año pasado trascendió que la Secretaría de Gobernación trabaja en un proyecto de reforma para abrogar esta ley, vigente desde hace 17 años, la cual regula la relación entre gobierno y agrupaciones no gubernamentales. Se prevé que el proyecto se presente ante la Cámara de Diputados.
Las organizaciones también pidieron respetar y fortalecer las instituciones de gobierno responsables, con decisiones al más alto nivel, para una efectiva política pública de fomento, particularmente del Indesol.
Asimismo, llamaron a detener la desacreditación pública de la que son objeto y reconocer la utilidad social de su trabajo y el impacto social que han conseguido. Esto porque desde 2018, cuando López Obrador llegó al poder, comenzó una cruzada contra la corrupción en la que incluyó romper relaciones con la sociedad civil, a quien acusa de corrupta. Por ejemplo, en 2019, una de sus primeras acciones fue publicar la “Circular uno”, un documento donde ordenó no transferir recursos públicos a organizaciones civiles.
Es por esto que en esta carta, las organizaciones pidieron trabajar de manera conjunta, respetuosa y garante de la ley; diferenciar, en las medidas y políticas de control, a las organizaciones con malas prácticas y, en su caso, sancionar a quienes las cometen, impulsando acciones de fortalecimiento y protección para la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil.
22/AGM/LGL
