Desde hace muchas décadas el hostigamiento y la violencia hacia las mujeres ha sido una constante en México. Millones de mujeres, desde la niñez hasta la ancianidad, hemos experimentado el hostigamiento y/o algún grado de violencia en nuestros hogares, en la calle, en el trabajo, en las instituciones. Muchas mujeres llegan a normalizar estas conductas, influidas por una cultura machista y patriarcal que se empecina en considerarlo un problema individual más que social, es decir, «la violencia contra nosotras es culpa nuestra». Nos hostigan porque «nos vestimos de manera llamativa»; nos golpea el marido “porque nos lo merecemos”, no nos promueven en el trabajo porque “no tenemos la preparación suficiente”. Siempre habrá una excusa patriarcal para el maltrato y la subordinación de la mujer; aunque otras tantas nos negamos a dejar de denunciar y de exigir el cese de violencia contra nosotras.
Las feministas sabemos que, en gran medida, la violencia contra la mujer es causada por un gobierno carente de una perspectiva de género y equidad, que fomenta una sociedad que menosprecia a las mujeres y se resiste a tomar decisiones para el cese de la violencia y el respeto de sus derechos y castigar a los violadores, feminicidas y todo delincuente que atente contra las mujeres.
El Estado y el esquema de justicia de un país son los ejes centrales para el respeto del derecho de las mujeres, así lo expresó la Corte Interamericana en una sentencia a México, en 2009, en donde declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición y muerte de tres mujeres jóvenes, hechos acontecidos en el año 2001, en el denominado caso “Campo algodonero” de Ciudad Juárez. En la sentencia la Corte Interamericana recomendó esclarecer los crímenes, castigar a los culpables y proteger a los familiares de las víctimas. El Estado mexicano argumentó haber cumplido con sus responsabilidades, desoyendo las recomendaciones.
A 20 años de esos asesinatos, y otros más, la impunidad en los crímenes de mujeres sigue permeando el sistema de justicia mexicana, de hecho, se estima que el 70 por ciento de victimarios no son castigados. En esa recomendación, se planteaban aspectos nodales para frenar estos feminicidios, al expresar: “..se deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer”.
El no reconocimiento y acatamiento de estas disposiciones, y de otras recomendaciones internacionales, ha propiciado el incremento de la violencia contra las mujeres, en todas sus variantes, desde la violencia verbal hasta el asesinato. Algunas instituciones educativas, como el Instituto Politécnico Nacional, han creado instrumentos para contrarrestar esta violencia, mediante la autoprotección, como el violentómetro. Por el contrario, las instancias gubernamentales han ignorado la relevancia de la problemática. El menosprecio gubernamental que México siente por sus mujeres ha permeado todos los colores políticos y todas las facciones ideológicas, desde la derecha hasta la denominada izquierda. Ninguno ha escuchado las voces de reclamo, por el contrario, cada vez se ha hecho más sordo a estas exigencias. Avances como las Alertas de Género, promulgadas desde el 2015, y adoptadas recientemente en las entidades más violentas contra las mujeres, como el Estado de México, son avances mínimos en un sistema que parece querer obviar la problemática que ya se ha convertido en una pandemia social a la que estamos expuestas todas.
La administración actual no ha sido la excepción, por el contrario, la problemática se ha acentuado tanto a nivel nacional como en diferentes estados. A pesar de autodenominarse un gobierno feminista por tener un mayor número de mujeres como secretarias de diferentes instancias gubernamentales, los datos, por el contrario, cuestionan que realmente se esté gobernando con una perspectiva de género, es decir, generando leyes que protejan y exijan el respeto de los derechos y garanticen a vida de las mexicanas. La epidemia de COVID-19 y el confinamiento social incrementaron la violencia contra las mujeres, y retardaron aún más, no solo el castigo de los agresores o la resolución de asesinatos, sino la presentación de demandas, dado la ausencia de personal en los instancias judiciales correspondientes y una infraestructura y logística insuficiente para solucionar esta violencia, y procurar justicia expedita, así lo demostró el reporte “Como anillo al dedo”, realizado por Amnistía Internacional, en el 2019, para analizar la impartición de justicia hacia mujeres violentadas en el Estado de México durante la pandemia.
Las estadísticas a nivel nacional corroboran la no disminución en la violencia contra las mujeres en comparación con otros delitos, como los robos, la violencia familiar contra las mujeres y los asesinatos, que se incrementaron. De acuerdo con las estadísticas, entre enero y agosto de 2020 se registraron mil 019 asesinatos de mujeres; en el mismo período, durante el año 2021 se alcanzaron los mil 889 asesinatos, una cifra por demás preocupante. A pesar de ello, no se implementaron nuevas medidas o políticas para frenar esta violencia. De los asesinatos de mujeres, solo se reconocieron como feminicidios, 978 en 2020 y mil 04 en el año 2021, rebasando con mucho los registros que se tenían en 2015, cuando se tipificaron 427 asesinatos como feminicidios. A pesar del incremento sustancial, para las activistas, estas cifras constituyen un subregistro porque son las autoridades quienes dicen cuáles son o no feminicidios, sin una investigación a profundidad.
En el momento actual, lo más preocupante para activistas, defensores de los Derechos Humanos y la sociedad en general es la lejanía y el escaso interés que la administración actual muestra para atender esta problemática. Por el contrario, se ha disminuido el presupuesto a instituciones clave como Inmujeres y el diálogo con las organizaciones no gubernamentales, que atienden estos temas y acompañan a las víctimas. Así pues, en un gobierno que dice que primero los pobres, los vulnerables, las mujeres, y sus problemáticas, parecen estar excluidas.
*Doctora en Sociología por El Colegio de México y profesora-investigadora de El Colef, sede Matamoros.
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