Ciudad de México.- La Fiscal en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, en Ciudad Juárez, Diana Esther Morales Rincón, afirmó a la familia de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida desde hace 12 años en la ciudad fronteriza, que es “obvio que estaba muerta”.
La funcionaria también condicionó el avance de las investigaciones entorno a la desaparición de la joven a que la familia acepte que «está muerta” para que su carpeta pueda ser tratada como feminicidio, pese a que no hay ninguna prueba científica sobre esa supuesta muerte.
El viernes 28 de enero la familia Castillo Rincón y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social sostuvieron una reunión con la fiscal, nombrada en septiembre de 2021 por la gobernadora, Maru Campos Galván, como parte de las acciones de seguimiento entorno a la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón, ocurrida en mayo de 2009.
La reunión se dió en el marco del “Esmeraldatón”, que cada año se celebra en el centro de la ciudad para festejar el cumpleaños de Esmeralda Castillo, quien lleva desaparecida más de una década.
La reunión con la fiscal se solicitó para proponer un nuevo esquema de investigación en relación a este caso, ya que se continúa analizando como un asunto individual y aislado pese a que el único de sus restos óseos encontrado -un fragmento de la tibia- fue localizado, según las propias autoridades de la Fiscalía, en la zona conocida como “Arroyo del Navajo” en el Valle de Juárez.
“Arroyo del Navajo” se refiere a un lugar ubicado en el Valle de Juárez, donde en 2012 se localizaron los restos óseos de 11 jóvenes secuestradas en Ciudad Juárez entre 2009 y 2010. En julio de 2015 un tribunal emitió el histórico falló conocido como “Juicio Arroyo El Navajo”, en el que dictó una pena individual de 697 años de prisión a cinco hombres por privar de la libertad, explotar sexualmente y asesinar a las 11 jóvenes.
Sin embargo, en el caso de la desaparición de Esmeralda, sin justificación alguna, el personal de la fiscalía de la anterior administración se negó sistemáticamente a incorporar la información de contexto y de análisis criminal de los otros asuntos de “Arroyo del Navajo” en la carpeta de investigación de Castillo Rincón.
Ante la propuesta de generar un intercambio de información entre ambos casos, la fiscal, quien fue abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, señaló que “no tiene sentido seguir con el caso en desaparición, pues es obvio que Esmeralda está muerta”.
Afirmó que la única opción para integrar toda la información generada de forma contextual y analítica en el caso de “Arroyo del Navajo” era que “la familia acepte que está muerta y con eso ya”.
Ante estas declaraciones, el señor José Luis Castillo, padre de Esmeralda, le reprochó su actitud y le exigió: “si usted dice que está muerta y que la tengo que aceptar así nada más dígame cómo murió? ¿Cuál fue la causa y modo de su muerte? ¿Y dónde están todos sus otros restos?”.
El señor Castillo le recordó que como funcionaria pública tiene la obligación de respetar a las víctimas y que ese trato y esas expresiones sin sustento legal ni científico son “inaceptables”. La investigación de la familia indica que la joven puede ser víctima de explotación sexual, por eso en 2012 viajaron a la Ciudad de México para buscarla en La Merced, Tepito y el Centro.
El señor Castillo, defensor reconocido por su activismo en la exigencia de justicia para víctimas de feminicidio y de desaparición, le recriminó a la funcionaria: “ahora estás del otro lado del escritorio y no puedes tratarnos a las víctimas así, ojalá no se te olvide de donde vienes”, en referencia a su trabajo en organizaciones de la sociedad civil de esa ciudad.
En esa misma reunión intervinieron los abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas y David Peña, quienes explicaron a la Fiscal que sus afirmaciones y su condicionamiento sobre la investigación de la desaparición de Esmeralda Castillo va en “contra los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas, que obligan a las autoridades a una mayor intervención cuando se trata de niñas y mujeres”.
Los abogados mencionaron que no existe una lógica o razonamiento jurídico para sustentar que “una investigación por feminicidio si incluya el contexto histórico y criminal del momento y lugar donde ocurrió el hecho, mientras que cuando se trata de una desaparición la investigación sea individualizada y descontextualizada”.
Es de recordar que los abogados representaron a las familias de tres víctimas de feminicidio, ocurridos en noviembre de 2001, en Ciudad Juárez, caso conocido como «Campo algodonero»; y a la familia de la defensora Digna Ochoa, asesinada en 2001, en la Ciudad de México, por cada uno de estos casos obtuvieron una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.
Ambos litigantes le señalaron a la fiscal que “no tiene sentido continuar con esta discusión porque no hay un fundamento jurídico que sustente sus posiciones”, a lo que Morales respondió “entonces actúen conforme a derecho y presenten los recursos que consideren”.
Finalmente el hermano de Esmeralda, quien también estuvo presente concluyó señalando en la reunión “a usted la acaban de nombrar, y aunque es una funcionaria nueva la respuesta y la burla de esta Fiscalía siempre ha sido la misma, no se cuánto tiempo estará en este cargo pero nosotros llevamos 12 años buscando a Esmeralda y vamos a seguir el tiempo que sea necesario, con su ayuda o sin ella”.
22/AGM
