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Impiden a mujeres indígenas ejercer sus derechos político-electorales

Por Anayeli García Martínez
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Ciudad de México.- La autonomía de los pueblos indígenas para elegir su sistema de gobierno y nombrar a sus autoridades ha provocado que las mujeres no puedan votar ni se electas para ocupar cargos públicos, como demuestran las denuncias de mujeres de Ocotequila, en Guerrero, y San Miguel Tulancingo, en Oaxaca.

“No han sido suficiente todas estas instituciones que se han ido constituyendo de Derechos Humanos, de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las fiscalías autónomas, entidades, instituciones específicas para atender a los pueblos indígenas en todos los estados”, señaló la exsenadora y defensora de los derechos político-electorales, Angélica de la Peña Gómez.

En el ámbito municipal la participación política de las mujeres aún escasa. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Cepal, indica que la presencia de alcaldesas electas avanza a un ritmo lento. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el porcentaje de alcaldesas electas se sitúa por debajo de 15 por ciento. En 2018, en México, el porcentaje era de 21.6.

A esto se suma que en los municipios indígenas que se rigen por sistemas normativos propios es común que no se permita a las mujeres votar y ser electas. En esos espacios las mujeres luchan por una vida libre de violencia, ejercida por los hombres, los funcionarios y la comunidad, a la par de buscar el derecho a participar en política, destacó la abogada Claudia Aguilar Barroso.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en el país hay 13 distritos con mas de 60 por ciento de población indígena, ubicados en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. En estos estados las mujeres han denunciado procesos electorales donde no se les permite votar y ser votadas o se les violenta para que dejen los cargos públicos que han conseguido.  

Mujeres de Ocotequila se animan a votar 

Este 3 de febrero el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero anuló la elección de los integrantes de la Comisaría Municipal, celebrada el pasado 2 de enero, porque las autoridades locales negaron el derecho de nueve mujeres a votar. Ahora el ayuntamiento deberán reponer el proceso y permitir la participación  de las ciudadanas. 

El 2 de enero nueve mujeres de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, en el estado de Guerrero, se animaron a ejercer su derecho al voto por primera vez, pero cuando lo intentaron las autoridades comunitarias no les permitieron hacerlo porque les dijeron que “las mujeres no votan”.

La periodista, fundadora de El Jale Noticias y consejera electoral, Antonia Ramírez Marcelino —quien fue una de las mujeres a las que les negaron el derecho a votaren esta comunidad— explicó en entrevista que en las comunidades indígenas persisten costumbres que no dan valor a las mujeres. 

Es por eso que ante la negativa de participar, con la asesoría de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y de la Defensoría Especializada en Derechos Políticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, el 6 de enero las mujeres presentaron un juicio electoral ciudadano ante el ayuntamiento de Copanatoyac.

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El recurso llegó al Tribunal Electoral estatal, que 3 de enero les dio la razón. “Se nos violentó nuestro derecho al voto, la Constitución dice que todos somos iguales y también podemos participar y también podemos elegir a las autoridades y eso es lo que se argumentó”, detalló Antonia Ramírez.

Esta es la primera vez que las mujeres de la comunidad, en su mayoría adultas mayores, decidieron ejercer su derecho al voto. La idea rondaba entre ellas desde hace varios años, cuando comenzaron a preguntarse por qué solo los hombres tomaban decisiones.

“Las mujeres también vivimos dentro de esta comunidad y las decisiones que se tomen también nos afectan. La Constitución dice que tenemos derechos, pero dentro de la comunidad, en los sistemas normativos, las mujeres no son tomadas en cuenta”, explicó.

En entrevista, la también defensora de los Derechos Humanos mencionó que en este juicio el Ayuntamiento respondió al Tribunal Electoral estatal que se convocó a toda la ciudadanía a votar, incluidas las mujeres, pero cuando las quejosas acudieron ya había concluido el horario de votación, lo cual no sucedió así.

Sin derecho al voto mujeres casadas de Tulancingo

En contraste con las mujeres de Ocotequila, las mujeres del municipio de San Miguel Tulancingo, en el estado de Oaxaca, optan por no votar y no arriesgarse a exigir este derecho porque saben que de hacerlo pueden ser víctimas de violencia en su comunidad. 

Como ejemplo, el 11 abril de 2021 la comunidad eligió concejalías del municipio y de cinco cargos uno fue para una mujer, quien fue electa regidora. Sin embargo, la exregidora, Rosario Velazco Velazco, impugnó la elección argumentando que el municipio debió garantizar mayor participación de mujeres como candidatas.

No solo eso, la exregidora denunció que en el proceso no se permitió que mujeres casadas fueran candidatas. En entrevista, la exfuncionario comunitaria destacó que en septiembre de 2019 la asamblea general de vecinos determinó que solo las mujeres viudas, separadas y madres solteras podían ser electas.

Las mujeres casadas no pueden aspirar a un cargo, porque las personas de la comunidad señalaron que ellas no han desempeñado ninguna otra comisión en la comunidad, por tanto no tiene experiencia ni capacidad y su participación política podría generar problemas en los matrimonios.  

La denuncia de  Rosario Velazco fue fructífera y el pasado 14 de enero el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca invalidó la elección ordinaria de concejales al ayuntamiento de San Miguel Tulancingo, por vulnerar el principio de progresividad en perjuicio de las mujeres de esa localidad y porque en la elección solo votaron 18 mujeres cuando en la elección de 2019 acudieron 43.

A pesar de que la denuncia de la exregidora era para abrir las puertas a que más mujeres ocupen estos cargos, ha sido violentada por supuestamente denigrar a las mujeres.

Después de la resolución, el 15 de enero los integrantes del ayuntamiento convocaron a una reunión comunitaria, donde informaron que fueron destituidos porque una persona —cuyos datos fueron protegidos en el proceso ante tribunales— denunció que si a las mujeres casadas no se les permite cupar cargos en el ayuntamiento tampoco se les deja votar. 

Los entonces funcionarios aseguraron que la persona que los denunció fue la última exregidora, es decir Rosario Velazco; desde entonces ella ha sido acusado de querer permanecer en el cargo público que ocupó y de deshonrar al pueblo.

El exsíndico Luis Velasco Velasco, quien ejerció el cargo en el mismo periodo que Velazco Velazco, la acusó de tener ocurrencias al pedir que las mujeres participen en los procesos de administración de los servicios públicos, por eso aseguró que le deberían dar “unas nalgadas” para que que aprendiera.

Al siguiente día el ayuntamiento convocó a las mujeres de la comunidad, incluyendo las casadas, para informar lo que sucedió. Ante las presiones, las mujeres prefirieron no apoyar a la exregidora y decir que no tenían interés en participar ni en ser representadas.

En esa asamblea también acusaron a Rosario de ser la mujer que destituyó a todo el cabildo y ser un mal ejemplo para la comunidad. Ante esta violencia, la exregidora analiza presentar una denuncia por violencia política de género.  

Denuncias se repiten en municipios indígenas  

México reconoce los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, especialmente el derecho a la autonomía y la libre determinación, pero también existe el derecho de las mujeres a la participación y a la representación política, detalló la abogada Claudia Aguilar Barroso, durante un conversatorio organizado en enero por el colectivo 50+1, que promueve los derechos políticos de las mujeres.

La constitucionalista destacó el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, en el estado Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien en 2016 fue víctima de violencia política y fue obligada a renunciar a su cargo, testimonio que ejemplifica las situaciones que viven las mujeres indígenas en política, quienes muchas veces ni siquiera reciben el respaldo de sus partidos políticos, cuando participan en elecciones partidarias.

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O bien, explicó la abogada, un testimonio más reciente, es el caso de la presidenta municipal electa de San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca, Sonia Luisa Gallegos, quien ganó las elecciones de junio de 2021 en su localidad, por lo cual fue amenazada e incluso hombres del municipio le impidieron ingresar a su comunidad.

Estos casos, uno ocurrido en Chiapas en 2016 y otro en Oaxaca en 2021, dijo la abogada Aguilar Barroso, ilustran la desigualdad de género en la participación política de las mujeres indígenas en todo el país. Otro ejemplo es el asesinato de la exdiputada local del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca,  Ivonne Gallegos Carreño, ocurrido en marzo de 2020.

Además, mencionó, los sistemas normativos indígenas se tienen que analizar considerando que en general en las comunidades no se valoran las aportaciones de las mujeres a la vida comunitaria y por otro lado que las mujeres no acceden a otros derechos básicos como la educación o  la alimentación; o bien, no tiene garantía de una vida libre de violencia.

Hoy, agregó, cobra relevancia el discurso de la comandanta Ramona, quien en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, de 1997, dijo “para llegar, aquí hemos tenido que vencer a todos los que nos ven como algo que sobra, algo que quieren que no exista; hemos llegado aquí venciendo la resistencia de algunos de nuestros compañeros que no entienden la importancia de que las mujeres estemos participando de la misma manera que los hombres”.

En el mismo conservatorio organizado por el colectivo 50+1, la ex legisladora y defensora de la participación política, Angélica De la Peña, destacó que la Constitución federal establece que los Derechos Humanos de las mujeres tienen que ser respetados y los usos y costumbres no pueden estar por encima de los Derechos Humanos. 

“No han sido suficiente todas estas instituciones que se han ido construyendo de Derechos Humanos, de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las fiscalías autónomas, entidades, institucionales específicas para para atender a los pueblos indígenas en todos los estados”, declaró.

La integrante del colectivo 50+1 agregó que en muchas comunidades de los estados que concentran 75 por ciento de esta población indígena: Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Guerrero, las distintos autoridades de las comunidades indígenas toman los usos y costumbres por encima de los derechos de las mujeres.

Instituciones y mujeres han señalado que en este contexto es necesario valorar la aportación de las mujeres en las comunidades y garantizar que el sistema jurídico nacional, incluyendo los sistemas normativos y de partidos políticos, protejan los derechos de las mujeres indígena. 

22/AGM

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