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Defender el derecho a informar

Por Verónica Espinosa

Desde los años terribles de 2011 y 2012, cuando Veracruz se convirtió literalmente en un lecho de muerte para mujeres y hombres periodistas, no había vuelto a presentarse un mes fatídico como este enero de 2022 en el que cuatro personas periodistas fueron asesinados en México, dos de ellas en Tijuana; una, la reportera María Guadalupe Lourdes Maldonado López.

En aquel periodo aciago del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en junio de 2011 se cometieron en Veracruz los homicidios de Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana, mientras que en Sonora murió Pablo Aurelio Ruelas.

Al año siguiente, sólo en el mes de mayo, otras cuatro personas dedicadas al periodismo fueron también asesinadas: Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Gabriel Huge en el mismo estado de Veracruz, y -de nuevo- en Sonora Marcos Ávila.

Sus nombres, que son los de algunos de 149 comunicadoras y comunicadores asesinados del 2000 a la fecha, deben estar presentes en la cotidianidad de quienes les sobrevivimos, porque somos su memoria y la posibilidad de que siempre haya quien exija justicia por cada una de ellas, por cada uno de ellos.

En dichos periodos, marcados por el dolor, la indignación y el miedo, periodistas de todo el país nos movilizamos; nos organizamos para salir a las calles, en las incipientes protestas que poco a poco habrían de llevarnos a conocernos, agruparnos en redes solidarias, con más voluntad que recursos.

Paso a paso, este caminar se traduciría en el impulso a leyes, mesas de trabajo con autoridades, mecanismos con los que se atendería a las y los periodistas en riesgo o agredidos, a la par de una presencia como faro de luz de varias organizaciones nacionales e internacionales que por estas tristes razones reforzaron su presencia en el país, en defensa de la libertad de expresión, de la labor periodística y, literalmente, de la vida e integridad de decenas de periodistas, mujeres y hombres con los particulares riesgos y formas de intimidación que hemos aprendido a conocer y a diferenciar.

Una década ha pasado desde entonces. Y en este momento, después de comenzar el año, de pasar el primer mes en duelo por los asesinatos de José Luis Gamboa en Veracruz, de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, y de Roberto Toledo en Michoacán, de salir de nueva cuenta a las calles, las y los periodistas nos preguntamos: ¿Qué más podemos hacer? ¿Por qué no dejan de asesinarnos?

Pienso en esa sociedad, en esa ciudadanía que nos falta para, hombro con hombro, unirse a la exigencia de justicia y de cero impunidad que es nuestro clamor desde aquellos años. Una sociedad que, en igualdad de circunstancias, tendría que marchar junto a las familias de las miles de personas que han desaparecido en México.

Pienso también en que tenemos años repitiendo que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, comparado con estados del mundo en guerra. A diferencia de estos últimos, en México hemos llegado a esa clasificación porque hay muy diversas maneras de agredir, de atacar a las y los periodistas.

Y porque cada día se suma una nueva forma de embestir al periodismo: desde el acoso digital, desde la censura, desde la publicidad discrecional, desde la amenaza sin sanción, desde la intimidación de la delincuencia sin rostro que en territorios del país “sugiere” u ordena qué se debe publicar o qué no; desde el espionaje y el hackeo; desde la falta de prestaciones sociales o un salario digno…y ahora, desde la presidencia de la república.

Mientras en los sexenios anteriores los presidentes en turno no disimularon el nulo interés que tenían por resolver los delitos cometidos contra las y los periodistas -si bien fueron obligados a admitir leyes y organismos-, en el actual gobierno federal se desacredita de manera indiscriminada, feroz, y con la mayor resonancia y efectos sociales a cualquier periodista.

El presidente ‘la toma parejo’ contra las malas prácticas -que deben ser condenables y erradicadas, por supuesto- y contra el buen periodismo, sin discriminar, sin reconocer la labor de quienes lo hacen bien cotidianamente, con responsabilidad social y profesionalismo; ejemplos de ello se dan todos los días en todo el país. Pienso que, sin mucho de ese buen periodismo y de la labor de miles de periodistas profesionales y éticos y su contribución a la vida democrática, una alternancia como la que lo llevó al poder no hubiera sido posible.

Este es el nuevo riesgo que se sumó a las condiciones actuales del ejercicio periodístico en México; contra éste hay que responder defendiendo el derecho a informar y a hacer nuestro trabajo, le guste o no.

Reproduzco las palabras del Relator Especial para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, a propósito de los recientes asesinatos de personas periodistas y el discurso presidencial que con recursos públicos se pronuncia casi a diario contra la prensa, a la que sin más argumentos coloca “como adversario”:

“Yo me pregunto qué pueden estar pensando las y los familiares de las víctimas mortales sobre lo que están diciendo las autoridades. Me pregunto qué pueden estar pensando los colegas de estos periodistas, cuál es el mensaje que se envía, y creo que es absolutamente desafortunado que en momentos en los cuales las más altas esferas del Estado deben reconocer la legitimidad y el trabajo de la prensa y repudiar las violencias, esto no ocurra”.

Nuestros adversarios son el abuso de poder y la corrupción; la desinformación, la opacidad, la falta de rendición de cuentas, la impunidad en los asesinatos de nuestras compañeras y compañeros, principalmente aquéllos que murieron por informar. Nada más.

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Not since the terrible years of 2011 and 2012, when Veracruz literally became a deathbed for women and men journalists, has there been another fateful month like this. January 2022 was the month in which four journalists were murdered in Mexico, one of the two in Tijuana was reporter María Guadalupe Lourdes Maldonado López.

In that fateful period of the government of Javier Duarte de Ochoa, in June 2011, the murders of Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco and Misael López Solana were committed in Veracruz. Meanwhile, in Sonora, Pablo Aurelio Ruelas was killed too.

The following year, in the month of May alone, four other people dedicated to journalism were also murdered: Guillermo Luna, Esteban Rodríguez and Gabriel Huge in Veracruz, and -again- Marcos Ávila in Sonora.

Their names, only some among the 149 communicators murdered from 2000 to date, must be present in the daily lives of those of us who survive them, because we are their memory and the possibility that there will always people who demand justice for each one of them.

In those periods, marked by pain, indignation and fear, journalists from all over the country mobilized; we organized ourselves to go out to the streets, in the incipient protests that little by little would lead us to get to know each other, grouping us in solidarity networks, with more will than resources.

Step by step, this journey would result in the promotion of laws, working tables with authorities, mechanisms to attend to journalists at risk or attacked, as well as the presence as a beacon of light of several national and international organizations that for these sad reasons reinforced their presence in the country, in defense of freedom of expression, of journalistic work and, literally, of the life and integrity of dozens of journalists, women and men with the particular risks and forms of intimidation that we have learned to know and differentiate.

A decade has passed since then. And at this moment, after starting the year, after spending the first month of the year mourning for the murders of José Luis Gamboa in Veracruz, of Margarito Martínez and Lourdes Maldonado in Tijuana, and of Roberto Toledo in Michoacán, after going to the streets again, we journalists ask ourselves: What else can we do? Why do they keep murdering us?

I think of the citizenship that as a society we lack in order to join the demand for justice and zero impunity that has been our clamor since those years. A society that, in equal circumstances, would have to march together with the families of the thousands of people who have disappeared in Mexico.

I also think that we have been repeating for years that Mexico is one of the most dangerous countries to practice journalism, compared to countries in war. Unlike the latter, in Mexico we have reached this classification because there are many different ways of attacking journalists.

And because every day a new way of attacking journalism is added: from digital harassment, from censorship, from discretional publicity, from threats without sanctions, from intimidation by faceless delinquency that “suggests” or orders what should or should not be published; from espionage and hacking; from the lack of social benefits or a decent salary…and now, from the Presidency of the Republic.

While in previous six-year terms the Presidents in Office did not disguise their lack of interest in solving crimes committed against journalists -although they were forced to admit laws and organizations-, in the current Federal government any journalist is indiscriminately and fiercely discredited, with the greatest resonance and social effects.

The President ‘takes it evenly’ against bad practices -which must be condemned and eradicated, of course- and against good journalism, without discriminating, without recognizing the work of those who do it well on a daily basis, with social responsibility and professionalism; examples of this can be seen every day all over the country. I think that, without much of that good journalism and the work of thousands of professional and ethical journalists and their contribution to democratic life, an alternation such as the one that brought him to power, would not have been possible.

This is the new risk that has been added to the current conditions of journalistic practice in Mexico; we must respond to it by defending the right to inform and to do our job, whether he likes it or not.

I reproduce the words of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights, Pedro Vaca Villarreal, regarding the recent murders of journalists and the presidential discourse that with public resources is pronounced almost daily against the press, which he places “as an adversary” without further arguments:

“I wonder what the relatives of the dead victims might be thinking about what the authorities are saying. I wonder what the colleagues of these journalists may be thinking, what message is being sent, and I think it is absolutely unfortunate that at a time when the highest spheres of the State should recognize the legitimacy and the work of the press and repudiate violence, this does not happen”.

Our adversaries are abuse and corruption; disinformation, opacity, lack of accountability, impunity in the murders of our colleagues, mainly those who died for informing. Nothing more.

22/VE

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