Ciudad de México.- Por un “error” por parte de las autoridades de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres), sus trabajadoras no recibirán el premio de puntualidad que deben recibir año con año como prestación laboral, aseguraron en entrevista con Cimacnoticias, Esther Espinosa Alarcón e Irma Rojas, trabajadoras de las “LUNAS”.
Luego de tres protestas, dos reuniones presenciales y un oficio dirigido al Órgano de Control Interno, las trabajadoras del SeMujeres que denunciaron distintas violaciones a sus derechos laborales por parte de las autoridades de esta instancia fueron convocadas en enero a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.
En esta reunión, el Jefe de Unidad Departamental, Fabián Hernández Montoya, y el Director de Capital Humano de esta Secretaría, Javier Rodríguez Bello, aseguraron a las trabajadoras que no pagarían el premio de puntualidad que les adeudan desde 2020, toda vez que al laborar desde casa por la COVID-19, no existen los medios para comprobar que las trabajadoras asisten a sus labores.
Al preguntar por qué las autoridades no previeron la creación de un mecanismo que contabilizara sus asistencias, el funcionario les dijo que fue “un error” de su parte, de acuerdo con ambas trabajadoras.
Desde el inicio de la pandemia, el personal de la SeMujeres no ha dejado de laborar. Si bien algunas veces trabajan desde casa, otras acuden a las oficinas en la modalidad de “guardias” y también realizan trabajo en campo; no obstante, desde 2020, entre 260 y 300 trabajadoras –la mayoría jefas de familia, madres, estudiantes, con doble trabajo — dejaron de recibir una prestación denominada “Estímulo Premio de Puntualidad y Asistencia”.
Esta prestación consiste en un sólo pago semestral de tres mil pesos (puede variar según nivel de salario) para quienes cumplen puntualmente los horarios laborales. Este estímulo contribuye a aumentar el ingreso mensual que, en caso de estas dos trabajadoras –que tienen el nivel más alto dentro de los sueldos de personal administrativo, aún cuando son profesionistas– reciben una cantidad bruta promedio de cinco mil pesos quincenales, a los cuales se les hacen deducciones por impuestos y para el Sindicato Único de Trabajadores de la CDMX, que hasta ahora no las ha respaldado en sus peticiones.
Además de esta prestación, las trabajadoras reclaman el pago de una prima llamada “infecto-riesgo”, que se da a las y los trabajadores de la Ciudad de México, cuya labor implique algún nivel de riesgo a su salud o su seguridad.
En este caso, las trabajadoras de las “LUNAS” nunca han recibido esta prestación económica a pesar de que cada día atienden directamente a mujeres que viven violencia, muchas de ellas con riesgo de violencia feminicida a quienes, incluso, tienen que visitar en su domicilio. De acuerdo con las entrevistadas, es común que los agresores de las usuarias de las “LUNAS” se acerquen a los módulos para preguntar quién atendió y qué información se dio a sus víctimas.
Si bien para este 2022 las autoridades capitalinas ya instauraron un mecanismo que contabiliza la asistencia aunque se labore desde casa, las trabajadoras buscarán que los funcionarios implicados en esta omisión sean investigados por el mal ejercicio de sus funciones.
Las autoridades, por su parte, amenazaron a las trabajadoras con que, en caso de insistir en demandas laborales por la serie de abusos cometidos en su contra, no tienen dinero para pagar laudos.
Esther e Irma explicaron también que durante la cuarta ola de contagios por COVID 19 que ha habido en el país desde diciembre pasado, las trabajadoras se han visto más expuestas a contraer el virus, sin embargo, las autoridades de esta Secretaría se conforman con pedirles que usen una careta pero se niegan a instalar en sus módulos de trabajo placas de plástico y, a quienes enferman, les exigen comprobantes de salud para darles permisos.
Es de recordar que las demandas de las trabajadoras de esta Secretaría que tiene entre sus objetivos la promoción de los derechos de las mujeres, lleva al menos 20 años.
Desde que la SeMujeres era un Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal (Promujer), surgido en 1998, no tenía un presupuesto propio y su plantilla de personal era de 12 personas, quienes laboraban por honorarios, de 9 de la mañana a 7 de la noche.
Desde estos inicios, las trabajadoras y operadoras del programa observaron que el trabajo por honorarios ponía en riesgo los objetivos del programa, por lo que —como lo documentó Cimacnoticias en su momento— el 29 de noviembre de 2000, integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer de esta capital solicitaron al entonces jefe de Gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador (hoy presidente de México), una audiencia para plantear sus demandas, lo que no sucedió.
Ello dio pie a que en 2002 iniciara un movimiento de trabajadoras que exigía su contratación de base y, afiliadas entonces al Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del DF, emplazaron a huelga al Instituto por la firma de un contrato colectivo de trabajo.
Aunque se reconoció entonces ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la necesidad de una basificación, lo que en su lugar recibieron las trabajadoras los años siguientes fueron represalias: violencia laboral, cambios de adscripción y nueve despidos reportados en 2003.
Además, de acuerdo con lo documentado por la propia Irma Díaz, que lleva más de 23 años laborando en esa institución, en 2005 vino un aumento de actividades, con jornadas extras de trabajo, visitas a domicilio de las usuarias y hasta la exigencia de participar en marchas y mítines del Partido de la Revolución Democrática. En esos años, las trabajadoras tuvieron que dejar el sindicato que las arropó porque sus actividades eran de otra naturaleza.
No obstante, en 2007 surgió un intento de formar un Sindicato Independiente del Instituto de las Mujeres, el cual estaba cerca de lograr su registro en la Junta cuando el gobierno capitalino cambió la forma de contratación de honorarios a base.
A partir de ello a las trabajadoras se les denominó “Técnicas operativas de confianza”, se les disminuyó el sueldo 33 por ciento, se despidió a 8 trabajadoras (una de ellas embarazada), recibieron recibos de nómina distintos a los que emite el gobierno, se les hicieron descuentos no explicados, recibieron menos aguinaldo que años anteriores, y se les obligó a participar en actividades de fines de semana sin pago, sólo por “convicción”.
Irma Díaz documentó que en esos años también se pidió a las trabajadoras participar en la entrega de propaganda para apoyo de López Obrador y otras actividades, como formar parte de vallas humanas para la visita del Papa Juan Pablo II a México.
Entre 2009 y 2014, la situación empeoró para las trabajadoras con más despidos injustificados, cambios de adscripción, cambio de actividades, y un ambiente hostil en el que no es posible opinar, de acuerdo con Irma.
Ante la amenaza del Sindicato Independiente, el entonces Instituto decidió afiliar a 220 trabajadoras en diferentes secciones del Sindicato único de Trabajadores de la CDMX. Mientras, las impulsoras del sindicato independiente se mantenían en la exigencia del reconocimiento de su registro en la Junta, lo que nunca sucedió.
Para Irma, “la historia de esta institución es la historia de la violencia contra las trabajadoras. Nos han dado lo menos de lo menos, desde utilizar la institución como botín político, no tener una certeza a veces en las actividades y que no se nos reconozca nada, aún cuando nosotras vamos construyendo con lo que tenemos y con las mujeres de la comunidad. (…) Se supone que defendemos los derechos de todas las mujeres, pero los que nunca se han respetado son los de nosotras”.
El Sindicato que puso el gobierno, por su parte, tampoco ha hecho un ejercicio de defensa de estos derechos ni tampoco de la operación administrativa.
En 2019, el Instituto de las Mujeres se transformó en una Secretaría. Con esto vinieron cambios importantes, por ejemplo, al dejar de verse como un organismo sólo de prevención de la violencia para ser uno de atención.
No obstante, Irma aseguró que nunca se les informó, consultó ni capacitó para este cambio, lo que ha traído una sobrecarga de trabajo.
En esta administración, además, se profundizó el hecho de que la comunicación institucional es deficiente. Las trabajadoras no tienen correos institucionales pero, además, la titular nunca se ha reunido con ellas para conocerlas y hablar sobre los aspectos laborales.
Además de estas trabajadoras, la SeMujeres aún tiene personal no basificado, que se agrupa en tres modalidades “Nómina 8”, “Pie de Rama” y por honorarios. Estas trabajadoras, que a decir de las entrevistadas laboran las mismas jornadas, también han participado en las protestas y reuniones para exigir su basificación pero sin que hasta ahora se les atienda.
Cimacnoticias ha buscado a través de Comunicación Social el posicionamiento de la titular de esta Secretaría, Ingrid Aurora Gómez Saracíbar, sin que hasta ahora se pueda concretar. En su lugar, sin embargo, la dependencia hizo llegar una tarjeta informativa en la que explicó que la prestación que exigen la trabajadora únicamente se puede acreditar con los registros de asistencia que durante 2020 y 2021 no se adaptaron para trabajo en casa, sin embargo, esperarían la respuesta que la Secretaría de Administración y Finanzas diera al área de Capital Humano.
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