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Va Congreso de la Ciudad de México por regulación de vientres de alquiler 

Por Anayeli García Martínez
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Ciudad de México.- El Congreso de la Ciudad de México analiza dos propuestas, una del PRD y otra de Morena, para reconocer la maternidad subrogada como un derecho y regularla como una práctica médica sin fines de lucro.

Estas propuestas surgen después de que en 2010 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una Ley de Gestación Subrogada para el Distrito Federal, la cual no fue publicada por quien fuera Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, por lo que no entró en vigor.

Las iniciativas en el Congreso reconocen la maternidad subrogada, también conocida como «vientres de alquiler», como una práctica médica para procrear en la que una mujer gesta el embrión de otra pareja o de una persona sola y después del parto lo entrega a los padres biológicos.

Por otro lado, feministas que están en contra de tratar a las mujeres como «incubadoras», convocaron a una manifestación la mañana de este 15 de febrero afuera del Congreso de la Ciudad de México para expresar su rechazo a las iniciativas que buscan regular los vientres de alquiler. 

Propuestas para regular gestación subrogada

Al iniciar la II Legislatura del congreso local, en octubre de 2021, el diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, retomó este tema que fue impulsado sin éxito en la ALDF y propuso reformar la Constitución capitalina para autorizar la gestación subrogada.

El documento del perredista fue bien acogido por las bancadas de izquierda. La diputada perredista Elizabeth Mateos Hernández, el legislador del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, así como los morenistas Miguel Ángel Macedo Escartín, Leticia Estrada Hernández y Esperanza Villalobos, apoyaron esta propuesta.  

El objetivo de la reforma es establecer en el apartado F, del artículo 6 constitucional que: “se garantizará a toda persona el acceso a todos los servicios integrales a la planificación familiar, así como las técnicas de reproducción humana asistida cuando así lo requiera, sin importar el sexo, ni el estado civil o orientación sexual”.

En seguimiento a esta propuesta, que no ha sido aprobada, el 3 de noviembre del año pasado el diputado, quien desde la I Legislatura insistió en la necesidad de privilegiar el derecho a la reproducción asistida, presentó la iniciativa para expedir la «Ley sobre Reproducción Asistida y Maternidad Subrogada de la Ciudad de México». 

Según la exposición de motivos, esta ley busca responder al problema de la infertilidad y garantizar el derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, por medio de la maternidad subrogada y la reproducción humana asistida in vitro. 

La iniciativa también propone crear una Comisión de Biología Reproductiva, Bioética y Bioseguridad; un registro de instituciones autorizadas para realizar los procedimiento; establecer sanciones al incumplimiento de la ley; y señalar que el DIF realizará las valoraciones socioeconómicas y psicológicas necesarias a las personas involucradas para determinar la viabilidad del procedimiento. 

La segunda propuesta, inscrita en el Congreso el 9 de noviembre de 2021, fue presentada por la diputada de Morena, Esperanza Villalobos Pérez, quien desde 2020 ha expresado en tribuna la necesidad de subsanar los vacíos legales sobre la r eproducción asistida, reconocida en el artículo 162 del Código Civil y en el artículo 6 de la Constitución Política de la capital.

Esta iniciativa para crear la Ley de Maternidad Subrogada garantiza que personas que viven solas y parejas del mismo sexo tengan descendencia por medio de una mujer gestante y establece que está práctica se acordará por medio del «Instrumento para la Maternidad Subrogada”, un documento firmado ante Notario Público. 

Feministas dicen no a iniciativas regresivas

Mientras las Comisiones de Salud y de Igualdad de Género del Congreso local deben analizar estas propuestas, la red «Nosotras Tenemos Otros Datos», donde participan feministas como la abogada Patricia Olamendi Torres, Yndira Sandoval Sánchez, la perredista Guadalupe Almaguer Pardo y la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz, se oponen a esta práctica que ve a las mujeres como vientres de alquiler.

Incluso una fracción de Morena se opone a reconocer algo que consideran es «el uso del cuerpo de las mujeres en favor de personas con poder adquisitivo». La secretaria de Mujeres del partido, Carol Arriaga García, expuso en entrevista que las mujeres no deben ser tratadas como mercancía por medio de una práctica neoliberal que las orilla a rentar su cuerpo.

En junio de 2021 grupos feministas también se manifestaron en contra de esta técnica de reproducción cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó una acción de inconstitucionalidad (16/2016) promovida por la Procuraduría General de la República, sobre diversas disposiciones del Código Civil del estado de Tabasco, en materia de gestación subrogada.

La Suprema Corte invalidó disposiciones que consideró discriminatorias, por ejemplo: los supuestos en que las mujeres gestantes pueden solicitar la custodia; exigir el consentimiento de la pareja de la gestante para firmar un contrato de maternidad subrogada y excluir a personas solteras o parejas del mismo sexo como contratantes del servicio.

Actualmente sólo Tabasco y Sinaloa han legislado esta práctica. En el análisis del Código Civil para el estado de Tabasco, la Suprema Corte llamó a las autoridades competentes, es decir, a los congresos locales, a regular la gestación subrogada, aunque también consideró que hay aspectos técnicos y biológicos que sólo le corresponde regular a la federación.

Después de esta decisión, mujeres que integran la red «Nosotras Tenemos Otros Datos», la «CATWLAC», «Marea Verde Quintana Roo», «Las del Aquelarre», «Colectiva Medusas Sufragistas», «Laboratorio Feminista de Derechos Digitales», «Brujas del Mar» y «Mujer y Utopía», organizaron foros públicos para expresar que la decisión del alto tribunal abre las puertas a la trata de personas con diversos fines.

La decisión de la Corte, señalaron, impulsa la explotación reproductiva hacia las mujeres pues las “deshumaniza” y las define como “incubadoras con pies” dispuestas a cumplir los deseos de terceras personas a costa de dañar su salud física y emocional. 

Las defensoras resaltaron que las mujeres que tienen la capacidad biológica de tener hijos no están obligadas a cumplir con el deseo de parejas del mismo sexo o infertiles, ya que existen otras formas de tener hijas e hijos como la adopción.

22/AGM/LGL

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