Puebla, Pue. Un año y cuatro meses han pasado desde la desaparición de Analí Merino Pineda en el municipio de Tecamachalco, Puebla, y es por la falta de avances en la investigación que este lunes su familia y el colectivo «Voz de los desaparecidos», marcharon en la capital del estado.
Casi de forma simultánea, el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, decía durante su comparecencia ante el congreso que la diferencia entre las carpetas de investigación y las sentencias por violencia de género se debían, principalmente, a cuestiones relacionadas al sistema penal acusatorio.
A pesar de que el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021, de Impunidad Cero, apunta que su bajo desempeño se debe a la falta de presupuesto y de personal.
Fiscalía no investiga
El papá de Analí, Joel Merino, dijo a medios de comunicación que desde la desaparición de su hija lo han traído a las vueltas, sin que las investigaciones arrojen un indicio concreto y tengan efectividad. “Nada más dicen, pero no hacen nada”, dijo el señor momentos previos a la marcha.
La familia ha señalado sus dudas respecto a la versión brindada por el novio de Analí, respecto a que el día de su desaparición tuvieron una discusión y que por ello la habría dejado en la carretera que va hacia Tecamachalco. El padre de Analí dijo que si las mujeres desaparecidas sólo se fueran con sus novios, como les dicen en Fiscalía, ya les hubieran llamado a sus padres, pero que ellas no vuelven y las autoridades no hacen algo por buscarlas.
“Esa angustia (es) pues porque no la tenemos, ya tiene más o menos como 3 meses, que su hija pregunta por su mamá que sí va a llegar, pero nosotros qué podemos decir […] Yo investigué más que la fiscalía, no sirven para nada”, dijo el señor Merino.
“En ese sentido queremos pedirle al señor gobernador su intervención, lo mismo que al fiscal para que les ayuden a dar con el paradero de nuestra familiar, ella despareció la primera quincena de octubre, ya tiene más de un año las indagatorias que han hecho”, agregó José María Meza tío de Analí.
Hace falta personal
Por su parte la integrante del colectivo «Voz de los Desaparecidos», María Luisa Núñez, comentó que el Instituto de Ciencias Forenses (Incipe) estatal sí tiene personal calificado y con calidad humana, pero la cantidad de cuerpos sobrepasa a las personas especialistas en antropología y arqueología forense. “Entonces es imposible que hagan el trabajo como lo marcan los protocolos”, añadió la defensora.
En un sentido similar van los resultados del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, donde Puebla fue la entidad federativa peor evaluada. Entre los resultados del estudio destaca que la fiscalía poblana no sólo tiene un porcentaje bajo de confianza (6.2 por ciento), sino que la posibilidad de que se esclarezca un delito es inferior al uno por ciento.
Asimismo, es la cuarta institución con el menor presupuesto del país, una de las instituciones con menos agentes del Ministerio Público por 100 mil habitantes y con altos tiempos de espera, por lo cual la impunidad en los casos de homicidios dolosos es de las más altas a nivel nacional (96.6 por ciento).
A pesar de ello, el fiscal Gilberto Higuera indicó, cuestionado por el tema de feminicidio, que la diferencia entre el número de carpetas de investigación y el número de sentencias se debe al propio sistema penal, ya que se contemplan cuestiones como los métodos alternativos a la resolución de conflictos y que por eso no todos derivan en una sentencia.
El fiscal también tuvo respuestas evasivas sobre los resultados de la institución en temas como la desaparición de personas, suicidios y feminicidio, pues dijo que 84.3 por ciento de personas desaparecidas se ausentaron de forma voluntaria por cuestiones de violencia familiar, pero no dio a conocer qué ha pasado con las personas que no han sido localizadas.
Al final, sólo apuntó que gracias a una ampliación para el presupuesto de este 2022, se podrían incorporar 45 agentes del Ministerio Público y 90 agentes de investigación, además de peritos, para los delitos de feminicidio y desaparición.
22/SPG/LGL
