Ciudad de México.- Ante la ausencia de información oficial certera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a diferentes autoridades locales y federales a dar conocer y dar seguimiento los casos de mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias por el delito de aborto u otras relacionadas con la interrupción del embarazo.
En un pronunciamiento emitido este 16 de febrero, la CNDH pidió tomar medidas urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción del embarazo.
La CNDH informó que a partir de la resolución emitida en septiembre de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias con motivo de la comisión del delito de aborto o de delitos análogos, de acuerdo con las legislaciones estatales, que en el fondo penalizan o penalizaron la conducta relativa a la interrupción del embarazo.
Derivado de ello, durante el mes de octubre de 2021 el organismo realizó solicitudes de colaboración al Instituto Federal de Defensoría Pública, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a la Coordinación de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, en específico al CEFRESO N°16; así como, a las 32 autoridades de los sistemas penitenciarios estatales del país, para conocer las acciones que han realizado para atender al criterio emitido por la SCJN.
De acuerdo con el organismo nacional, las respuestas tanto de los sistemas penitenciarios a nivel federal como estatales fueron discordantes entre sí, ya que dichas instancias manifestaron que no existen mujeres privadas de la libertad por ese delito, por lo que no realizaron acciones para brindar información a las personas privadas de la libertad de la sentencia emitida.
Por su parte, solo el sistema penitenciario del estado de Oaxaca informó el caso de una mujer privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en Tlacolula, por el delito de aborto y otros, quien ingresó en el 2018.
La CNDH, no obstante, alertó que “en otras fuentes” se alerta sobre la posible existencia de mujeres en reclusión por tales delitos.
La Comisión calificó de “preocupante” que al realizar una búsqueda estadística o de incidencia de casos, o de informes públicos en el portal oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no se cuente con información en la materia de manera pública y que sea de fácil acceso.
Al solicitar, reunir, analizar y dar a conocer esta información, la CNDH –dijo– busca que cada autoridad, en el ámbito de sus competencias, realicen acciones conjuntas urgentes que permitan identificar a todas las mujeres que se encuentran enfrentando un proceso o una sentencia en prisión por la comisión de ese delito a fin de que accedan a la interposición de recursos legales que de manera pronta les permita obtener su libertad.
Además, el organismo urgió a impulsar reformas, modificaciones y derogaciones de leyes en las entidades federativas del país que, dijo “son regresivas y que fueron conformadas a partir de una visión machista y patriarcal”, es decir, que impiden acceder de manera voluntaria, anónima, gratuita, libre de violencia institucional y conforme a servicios sanitarios de calidad a la interrupción del embarazo.
La CNDH advirtió que en tanto los Congresos locales no realicen los trabajos legislativos correspondientes a fin de despenalizar el aborto y a regular el derecho de objeción de conciencia, las mujeres que viven en las entidades del país en las que se criminaliza la interrupción del embarazo y se estigmatiza la prestación de servicios médicos ante aquellos casos en los que, incluso, se los admite la propia norma, seguirán enfrentando una persecución por esa decisión o, en contrario, las seguirá orillando a practicarse abortos clandestinos con los riesgos que ello implica para su salud y su vida.
La Comisión dijo que es sumamente preocupante que actualmente mujeres se encuentren posiblemente enfrentando procesos o sentencias en centros penitenciarios del país, mayormente en aquellos estados donde se conjuntan contextos arraigados de pobreza, marginación, falta de acceso a servicios médicos, a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, a una cultura patriarcal y/o religiosa.
La CNDH aseguró que ha estado presente y se ha pronunciado sobre el deber del Estado de respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, principalmente tratándose de su derecho a elegir respecto de su cuerpo, de sus derechos sexuales y reproductivos, y a que no se les criminalice respecto de su derecho a interrumpir su embarazo.
“No cumplir con tales obligaciones, constituyen violaciones a sus derechos humanos y trastoca su dignidad, su proyecto de vida, su autonomía, su libre desarrollo de la personalidad al anular su derecho a decidir y a su derecho a vivir una vida libre de violencia”, señaló el organismo internacional.
Es de recordar que el 21 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó, conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que entre enero y julio de 2021, había 432 carpetas de investigación procesadas en contra de personas por el delito de aborto en 27 estados del país. Destaca el Estado de México, con 93 casos; Nuevo León, 67; y la Ciudad de México, 52 casos.
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