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Algo está podrido

Por Lucía Melgar Palacios
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CIMACFoto: Jovana Espinoza

Algo, mucho, está podrido cuando desde el poder se ataca día a día a periodistas y medios; cuando se desprecia a buscadoras de personas desaparecidas, se manipulan las cifras de feminicidio y se asegura, en colectivo, que se está “construyendo la paz y la justicia” en un coro de alabanzas oficialistas al líder mientras se acumulan masacres y el miedo se extiende. 

Mucho está podrido cuando desde el púlpito presidencial se difunde información falsa y se descalifica cualquier intento de organización o debate ciudadano independiente. Para muestra del estado lamentable de nuestra democracia y de la convivencia social en nuestro país, basta con revisar la información del día o dar seguimiento a comunicaciones de periodistas, buscadoras o defensores de Derechos Humanos y del medio ambiente.

En sólo seis semanas han sido asesinados cinco periodistas y otros dos sobrevivieron a ataques armados. Según Artículo 19, desde el 2000, 150 trabajadores de la información han sido asesinados, 30 desde diciembre de 2018. Muchos otros han sido amenazados y hasta obligados a desplazarse por su seguridad. Es obvio que el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores no cumple su cometido, por falta de recursos, exceso de burocracia y probable negligencia.

Las cifras son aterradoras, las implicaciones escalofriantes.

Más allá de las cifras están los nombres y los probables motivos de las muertes violentas de comunicadores. Y más acá, el rostro cínico de la impunidad.  También es obvio que el aparato de justicia está quebrado.

Ante la indiferencia y omisiones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, federal y local, recordemos.

El 10 de enero José Luis Gamboa Arenas, director de la página “Info Regio Network” murió apuñalado en Veracruz. Publicaba sobre corrupción y narcopolítica. El 23 de enero, Lourdes Maldonado fue asesinada en Tijuana, poco después del asesinato de Margarito Martínez, fotorreportero independiente, quien había recibido agresiones anteriores. Ella cubría asuntos de política y corrupción y tenía un pleito laboral con el ex gobernador Bonilla, por el cual había pedido justicia al presidente en 2019.

El día 31, Roberto Toledo, colaborador de Monitor de Michoacán, fue asesinado en Zitácuaro. Investigaba asuntos de corrupción a nivel municipal. Voces federales y locales buscaron minimizar el crimen aduciendo que no se relacionaba con su trabajo. Su medio había recibido amenazas.

El 10 de febrero, Heber López, director de “NoticiasWeb” fue asesinado en Salina Cruz; cubría asuntos de política y corrupción en el municipio e investigaba corrupción relacionada con la construcción del rompeolas de la localidad. Había sido amenazado en 2019 por un guardia del entonces alcalde. Ante la presión mediática, el gobierno de Oaxaca detuvo a dos presuntos culpables. Falta saber si son en efecto los responsables y quién ordenó el crimen.

Todos ellos se suman a una cadena de ignominiosa violencia que suele quedar impune: 98 por ciento. Crímenes anteriores que también desataron olas de indignación siguen sin castigo: entre otros, el caso Narvarte o el asesinato de Moisés Sánchez, en Veracruz en 2015, presuntamente por el crimen organizado con complicidad policiaca.  Su hijo se pregunta cuándo habrá un sistema democrático que garantice el castigo a quienes asesinen o desaparezcan personas (Artículo 19). 

La violencia contra quienes defienden los Derechos Humanos alcanzó en enero a Ana Luisa Garduño Juárez, defensora que buscaba justicia para su hija asesinada. Este viernes 11, Francisco Vázquez, defensor del agua y opositor a la termoeléctrica de Huexca, fue acribillado mientras trabajaba en su parcela. El día anterior había denunciado amenazas de muerte.

Por otra parte, el gobierno ha sido sordo ante las demandas de las madres y personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos. No sólo las ignoran cuando se acercan al Zócalo, también lo hacen en sus propios estados. Así, en su visita a Sonora el fin de semana pasado, el presidente ignoró la petición de Ceci Flores, presidenta fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, para que las escuchara. Este agravio se añade a la terrible omisión de los gobiernos federal y estatales que, además de identificar a las personas desaparecidas, deberían prevenir y combatir la desaparición.  

Estos casos forman parte de un memorial de agravios contra la ciudadanía y la democracia, contra la convivencia social y las libertades básicas.  

Sin prensa libre, sin garantías para la libertad de expresión, sin respeto al derecho a informar e informarse, sin respeto a la defensa de la dignidad humana y de la naturaleza contra la necropolítica y el afán de dominación, el presente seguirá siendo obscuro.

Periodismo en riesgo es Democracia en Riesgo.

22/LMP/LGL

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