Ciudad de México.- Las organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señalaron que la propuesta de la Secretaría de Gobernación (Segob) de crear una ley general para proteger a esta población no puede ser la única respuesta al contexto de crisis y alto riesgo que se vive en Oaxaca y México.
Así lo señalaron después de participar en el segundo foro regional para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Segob los días 16 y 17 de febrero, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca.
Al finalizar el foro, la Segob se comprometió a dar continuidad al diálogo en Oaxaca y a:
- Garantizar participación amplia en los foros regionales que se seguirán desarrollando en todo el país.
- Organizar foros en las diversas regiones del estado de Oaxaca con el fin de acercar esta discusión y escuchar las voces de todas las personas defensoras del estado, en particular las que se encuentran en contextos comunitarios y rurales.
- Generar una mesa conjunta con organizaciones de la sociedad civil para abordar de manera amplia la situación de personas defensoras y periodistas en la entidad, más allá de la propuesta de una ley general.
Las organizaciones, personas defensoras y periodistas que participaron suscribieron un comunicado para informar que darán seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados y para que se adapte la metodología de los próximos diálogos con base las realidades en las diversas regiones del país.
En el documento, personas defensoras y periodistas señalaron que antes de crear una ley se debe de dar seguimiento a iniciativas y esfuerzos anteriores, como las 104 recomendaciones de la ONU-DH dirigidas al Mecanismo de Protección y al Estado, y promover reformas a marcos normativos a nivel nacional y estatal que inhiban la labor de personas defensoras y periodistas.
En el segundo foro regional, luego del que se llevó a cabo en la Ciudad de México durante el mes de enero, las y los participantes realizaron aportes y sugerencias frente al contexto particular de Oaxaca y analizaron la propuesta de Ley General impulsada por Segob, para sustituir la actual Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde 2012.
Durante el evento, las personas defensoras y periodistas denunciaron la grave situación que se vive en la entidad, recordando que Oaxaca se encuentra de luto por el asesinato del periodista Heber López ocurrido el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, y recordaron también que en México han sido asesinados al menos cinco periodistas y dos personas defensoras en 2022.
- Periodistas asesinados en 2022
- José Luis Gamboa Arenas, 10 de enero, Veracruz.
- Margarito Martínez Esquivel, 17 de enero, Baja California
- Lourdes Maldonado López, 23 de enero, Baja California.
- Roberto Toledo Barrera, 31 de enero, Michoacán.
- Heber López Vásquez, 10 de febrero, Oaxaca.
De allí que reconocieron la importancia de estos espacios para la búsqueda de acciones interinstitucionales en todos los niveles de gobierno para atender al contexto de violencia y límites a la defensa de Derechos Humanos y el ejercicio periodístico que aqueja al país desde hace más de una década, el cual, se ha agravado durante el actual sexenio de gobierno federal y estatal.
Las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas denunciaron en el foro, el desinterés que mostró el gobierno del estado de Oaxaca, debido a que acudieron algunos funcionarios sin capacidad de decisión y se evidenció la ausencia del gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del secretario general de Gobierno del estado, Francisco Javier García López, de la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, Norma Reyes Terán, así como del Fiscal General del estado, Arturo Peimbert Calvo.
Recalcaron que es fundamental que se fortalezcan capacidades y se siga garantizando un papel preponderante de la federación en la protección de personas defensoras y periodistas frente a la total falta de confianza en el gobierno del estado, quien en muchas ocasiones es el responsable de las agresiones a personas defensoras y periodistas, sea por haber cometido la agresión o por encubrir y no investigar.
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Insistieron en la importancia de garantizar una participación amplia en estos espacios, que se escuche y reconozca la diversidad y particularidades de la defensa de Derechos Humanos y libertad de expresión en un estado como Oaxaca donde los riesgos y necesidades se dan en particular en contextos comunitarios e indígenas, que deben de ser analizados desde un enfoque colectivo, comunitario y desde el mismo territorio.
Las y los representantes de la sociedad civil que participaron durante los dos días fueron reiterativas en que los dos aspectos indispensables para la prevención y la protección a personas defensoras y periodistas, son garantizar recursos humanos y financieros suficientes para la implementación de una nueva ley, así como avanzar hacia la erradicación de la impunidad, garantizando mecanismos eficaces y vinculantes para el castigo a las autoridades responsables de las agresiones, sea por acción u omisión.
A su vez, las organizaciones señalaron que hace falta un análisis real sobre las necesidades y la idoneidad de crear un nuevo marco normativo que garantice que las entidades federativas y municipios puedan tener las capacidades institucionales para actuar conforme su deber de protección.
Las organizaciones, personas defensoras y periodistas que suscriben «daremos seguimiento puntual para que se garantice el cabal cumplimiento a los diversos acuerdos alcanzados, así como también se adapte la metodología de los próximos diálogos con base las realidades en las diversas regiones del país», concluyeron.
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