Ciudad de México.- A pesar de que las cuotas de género, y después la paridad en candidaturas, aumentaron la presencia numérica de mujeres en los órganos legislativos a nivel federal y local, las legislaturas siguen siendo desiguales toda vez que los principales cargos de toma de decisiones parlamentarias son ejercidos, mayoritariamente por hombres.
La investigación «Fuerza política de las legisladoras en los congresos locales de México», elaborada por la organización Buró Parlamentario, indica que la presencia de mujeres en cargos de poder no garantiza su incidencia porque la evidencia muestra que “los hombres siguen mandando”.
“Si el poder de decisión de un congreso se encuentra repartido equitativamente, hombres y mujeres deberían tener un Índice de Fuerza Política de las Legisladoras (IFPL) de 50 por ciento cada uno. Sin embargo, el promedio de fuerza legislativa de las diputadas locales de México es de 37 por ciento”, destacó.
La organización construyó un índice para medir el poder potencial de las mujeres electas en 2019, 2020 y 2021 para ocupar una curul en el Congreso de la Unión y en los 32 congresos de las entidades federativas, y encontró que no todas las mujeres que llegan pueden incidir en las agendas parlamentarias.
En 2014 México elevó la paridad en candidaturas a cargos legislativos como principio constitucional, desde entonces la presencia de mujeres en las legislaturas federales y locales aumentó significativamente, hasta ahora que en el Congreso de la Unión hay paridad.
Asimismo, en 2019 se reformó la Constitución para extender la paridad a las designaciones de todos los espacios de gobierno de los poderes Ejecutivo, Judicial, de organismos autónomos y partidos políticos, reforma que se conoce como «Paridad en Todo».
Para Buró Parlamentario la paridad es más que un asunto numérico y se esperaría que contar con una mayor presencia de mujeres en las legislaturas mejoraría su posición para proponer, debatir, aprobar y acelerar los cambios normativos y culturales.
Sin embargo, en este estudio la organización documentó que la mera presencia de las mujeres en los congresos no necesariamente les permite impulsar políticas que cierren las brechas de género en la sociedad.
Por ejemplo, el estudio indica que las presidencias de Mesa Directiva son los cargos donde las mujeres tienen una mayor presencia. Actualmente, 22 de las 32 cámaras locales tienen una Mesa Directiva presidida por una mujer, donde se organizan los asuntos parlamentarios a debatir.
No obstante, el espacio legislativo más restringido para las diputadas locales de México son las coordinaciones de los grupos parlamentarios: del total de líderes de bancada en el país, menos de 25 por ciento son mujeres, espacio donde se decide qué temas se legislan. Este número se reduce aún más cuando se considera el número de legisladores y legisladoras coordinados por mujeres (que ronda 18 por ciento).
Es decir, cuando alguna legisladora cumple con este rol de coordinación, espacio que le permite, entre otras cuestiones, votar de manera ponderada en las juntas de coordinación política, su peso promedio es 80 por ciento menor que el de los hombres en la toma de decisiones políticas.
Por otro lado, si bien hay un porcentaje paritario de mujeres que encabezan comisiones legislativas (53 por ciento) en términos generales, este indicador pierde fuerza (más del 10 por ciento) cuando se consideran las presidencias de comisiones que, por su jurisdicción temática, tienden a tener mayor presencia en la dictaminación de iniciativas. En Hidalgo y Estado de México, por ejemplo, ninguna mujer tiene un espacio de conducción en órganos de este tipo.
De acuerdo con Buró Parlamentario, Movimiento Ciudadano es el único partido en el que, a nivel nacional, sus legisladoras ocupan espacios en condiciones de paridad con respecto de los diputados del partido. El PRD, por su parte, tiene pocas legisladoras en espacios de decisión en las asambleas.
En este contexto la organización señala que una presencia paritaria o superior de mujeres en comparación con la de hombres en las legislaturas mejora la “masa crítica” que permite que sus intereses sean tomados en cuenta, es decir, facilita, pero no garantiza de manera automática la igualdad en el ejercicio de la representación política, ni asegura una representación que promueva y logre la aprobación de iniciativas encaminadas a la igualdad social.
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