El derecho a cuidar implica el derecho de las personas a cuidar y ser cuidadas a lo largo de la vida. En el caso del cuidado infantil, considerado como la atención material, física y emocional para el bienestar de niñas y niños, se trata de los derechos de la niñez, pero también de los derechos de madres y padres, así como de las personas que trabajan remunerado, tanto en los hogares como en instituciones de educación y salud, en la atención de este sector de la población.
En 2017, la población menor de 6 años en México, constituía alrededor de 10 por ciento, y era mayoritariamente atendida por sus madres en los hogares, en tanto que 3.1 por ciento de niñas y niños de estas edades acudían a guarderías públicas, y sólo uno por ciento a guarderías privadas. En este contexto, la organización social del cuidado en el país se caracteriza por una segmentación de la provisión de servicios de cuidado infantil, ya que mientras la población que tiene un empleo formal puede acudir a las guarderías subrogadas del IMSS, quienes trabajan en la administración pública tienen acceso a los servicios de guardería del ISSSTE, en tanto que la población abierta accede a las guarderías DIF.
Este esquema segmentado compuesto de diversos modelos de cuidado infantil refleja la desigualdad estructural en términos de clase y género. Es así que las familias con mayores recursos pueden pagar servicios privados de cuidado infantil, en tanto que las mujeres de sectores populares, o aquellas poblaciones que trabajan en la informalidad, tienen que hacer uso de estrategias familiares y vecinales para resolver la falta de acceso a estos servicios, cuando salen a trabajar.
La situación mexicana muestra algunos rasgos semejantes con otros países de América Latina como Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay, entre otros. Sin embargo, las estrategias que cada país ha puesto en marcha son distintas pues dependen de la definición que hacen del problema, ya que mientras para algunos es un problema de las mujeres, para otros es un problema de la niñez, o es un problema de igualdad, o todas estas situaciones en conjunto. A pesar de su diversidad, una cosa es segura, en estos países las políticas de cuidado infantil consideran la provisión de servicios de cuidado infantil como una estrategia fundamental.
Hay que destacar que desde una perspectiva de economía del cuidado, las políticas públicas que incluyen provisión de servicios favorecen una mayor participación económica de las mujeres en las familias beneficiarias, así como también la creación de un mercado de trabajo especializado, con efectos en la oferta educativa para la profesionalización de las actividades de cuidado infantil. De esta forma, experiencias en países europeos y latinoamericanos muestran las ventajas económicas y sociales del cuidado infantil, tanto en la dimensión macro como micro de las economías locales y nacionales.
En México, desde 2019, bajo argumentos de corrupción y apoyándose en la idea de que niñas y niños deben ser cuidados en los hogares, el gobierno de México decidió modificar la política de cuidado infantil, al pasar de un esquema de transferencias indirectas a transferencias monetarias directas, provocando con ello el cierre de muchas guarderías, así como el desempleo femenino.
En un contexto de mayor informalidad y de precarización del empleo, la ya de por sí difícil situación de las guarderías infantiles ocasionada por el cambio en la política federal, se agudizó con la pandemia, por lo que se presumen importantes impactos en la economía de las familias, así como en el empleo de las trabajadoras usuarias del servicio, y de las asistentes educativas que lo proporcionan.
Ante la imposibilidad de acceder a las estancias infantiles y sin recursos para pagar servicios privados, niñas y niños se quedaron en casa bajo atención de abuelas, abuelos, otras familiares y vecinas.
También se afectó la economía de sus familias, pues hubo más gastos en alimentación ya que antes tomaban su desayuno y comida en la guardería; así como en la salud, debido a que se quedaron sin el seguro escolar que proporcionaba el programa de guarderías y estancias infantiles, y no se diga la desatención al desarrollo mental y psicomotriz de niñas y niños.
En la reapertura de guarderías, el gobierno federal y los gobiernos estatales implementaron estrategias de sana distancia y con nuevas prácticas de higiene en la vida cotidiana que aluden a posibles transformaciones en las concepciones de cuidado infantil.
Si bien no se cuenta con evaluaciones oficiales de la nueva política basada en transferencias monetarias, están en curso algunas investigaciones que analizan como se ha modificado el derecho de los niños al cuidado, y el de sus madres a participar en la fuerza de trabajo, sí como de las dificultades por las que están pasando las guarderías y las asistentes educativas que se quedaron sin empleo. Desde el gobierno federal se dijo que el Programa de estancias y guarderías infantiles era neoliberal, ya que privatizaba el cuidado de la infancia. Sin embargo, es necesario reflexionar acerca de cuál es el significado de “privatizar” cuando las políticas estatales relegan el cuidado al ámbito privado de las familias, minimizando su responsabilidad a la entrega de recursos monetarios, sin consideración del aumento en la carga de cuidados no remunerados de las mujeres, y su persistente invisibilización.
Por último, niñas y niños, padres y madres de familia, trabajadoras de cuidados remuneradas y no remuneradas, son todas personas sujetas de derechos de cuidado, por lo que la instalación y operación de guarderías y estancias infantiles debe ser una prioridad en cualquier sistema de bienestar.
Se trata de garantizar el desarrollo infantil, un reparto más equitativo de los cuidados entre mujeres y hombres, pero también entre las familias y el Estado, así como la mejora salarial y laboral de las trabajadoras de cuidados. En conjunto, esta mirada integral dirige las acciones hacia los cuidados como aspecto central de la sustentabilidad de la vida.
*Doctora en Sociología por The City University of New York, Graduate Center. Es profesora-investigadora de El Colef, adscrita al Departamento de Estudios de Población y Coordinadora del Doctorado en Estudios Culturales de El Colef.
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