Ciudad de México.- Por negligencia y mala práctica médica, el Hospital de la Mujer y el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, habrían provocado la muerte de Lorena de Jesús Padilla Victoria, una joven de 20 años de edad a quien primero le dejaron unas compresas en su abdomen cuando atendieron su cesárea y después le causaron desnutrición y malas atenciones.
El pasado 13 de febrero de 2022 falleció en el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Lorena de Jesús Padilla Victoria, quien fue víctima de negligencia y malas prácticas médicas por parte del Hospital de la Mujer y el Hospital de las Culturas, ambos en de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de acuerdo con información dada a conocer a Cimacnoticias por el Comité Promotor por una maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas.
Siete meses antes de su muerte, Lorena, de 20 años de edad y originaria del municipio Las Rosas, Chiapas, cursaba su primer embarazo con una evolución normal y sin complicaciones.
El día estimado como fecha probable de parto, el 17 de junio de 2021, Lorena tuvo contracciones y dolor, por lo que acudió al Hospital Básico Comunitario Las Rosas, donde no la recibieron porque le dijeron que aún no tenía un trabajo efectivo de parto.
Al día siguiente, 18 de junio, asistió nuevamente al Hospital Básico, ya con la fuente reventada, pero tampoco fue atendida bajo el argumento de que no había dilatación. La enviaron nuevamente a su casa.
Debido a que el dolor había aumentado, la familia de Lorena la llevó al Hospital de la Mujer de Comitán, a aproximadamente 40 km de distancia de donde vivía. El personal de ese hospital, sin embargo, tampoco la admitió bajo el argumento de que aún faltaba tiempo para el parto y que debía acudir al Hospital de la Mujer en San Cristóbal de Las Casas, ya que en Comitán estaban muy saturados. Lorena regresó nuevamente a su casa.
El 19 de junio, Lorena volvió al Hospital Básico Comunitario Las Rosas, ahí fue atendida por una médica que le dijo que todo estaba bien y que podía ser parto normal, así que fue enviada nuevamente a su casa con la única indicación de caminar.
Al día siguiente Lorena amaneció con una hinchazón en sus miembros inferiores. Como le indicó la médica, la joven caminó durante el día pero a las 8 de la noche tuvo que ser trasladada al Hospital Básico debido a que aumentaron las contracciones y el dolor.
Sin explicar a sus familiares, el personal del Hospital internó a Lorena, no dejó que estuviera acompañada y no dio tampoco ninguna información sobre su evolución. Fue hasta la madrugada del día siguiente, 21 de junio, cuando el personal del hospital le comunicó a la familia que tenía que esperar a la médica del nuevo turno para evaluar la posibilidad de practicar una cesárea o inducir el trabajo de parto.
El 21 de junio, en la madrugada, la familia de Lorena supo que la joven presentaba una preeclampsia (una complicación grave que pone en riesgo la vida de la mujer y del feto) y que debía ser trasladada en ambulancia al Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas.
Lorena llegó al hospital un par de horas después pero ya con un diagnóstico severo, por lo que su esposo firmó la autorización para la cesárea. Horas más tarde, el personal médico de ese hospital decidió “interrumpir el embarazo” vía abdominal y no reportó ninguna complicación durante la cesárea.
El Hospital dio de alta a Lorena dos días después y le dijo que fuera a una cita médica en el Centro de Las Rosas en diez días. Lorena asistió a la cita para que le retiraran los puntos y luego acudió a otras cuatro citas más sin que se identificara ningún problema. Fue hasta mediados de septiembre cuando Lorena empezó a tener molestias en el abdomen.
Le dejan compresas dentro pero la diagnostican con gastritis
Por iniciativa de sus familiares, la joven decidió realizarse un ultrasonido en un consultorio particular donde solo se observó que tenía colon irritable y que su malestar podría deberse a un absceso o un proceso inflamatorio.
El 22 de noviembre de 2021 se intensificó el dolor, por lo que Lorena fue a urgencias del Hospital de la Mujer de Comitán, donde le realizaron estudios de laboratorio y un ultrasonido. No se identificó nada extraño pero los resultados del laboratorio mostraron una infección activa. A pesar de eso, el personal médico la dio de alta con tratamiento para la gastritis y la regresó a su casa.
Tres días después, el 25 de noviembre de 2021, Lorena fue nuevamente al Hospital Básico porque tenía vómito y dolor. En el hospital la diagnosticaron otra vez con gastritis y la enviaron a su casa con antiácidos y protectores de la mucosa gástrica.
El 24 de diciembre en la noche se intensificaron los dolores abdominales y el vómito, por lo que Lorena decidió ir nuevamente al Hospital Básico pero ese día no había personal médico de guardia porque era una fecha festiva, por lo que siguió con los analgésicos que le habían prescrito.
Al día siguiente, Lorena fue al Hospital privado Genoveva 2000 en Comitán, donde la internaron de urgencia y le realizaron una cirugía abierta de abdomen. Así se encontró que el personal médico que atendió su cesárea había dejado dentro de ella unos elementos quirúrgicos textiles, es decir, unas compresas.
De acuerdo con una opinión médica que se emitió después, la compresa que indebidamente fue dejada por el personal médico que practicó la cesárea a Lorena causó la infección, el absceso, la obstrucción y perforación intestinal, así como el abdomen agudo, que la pusieron en grave peligro de muerte. Si bien estas complicaciones sí fueron de gravedad y pusieron en riesgo la vida de Lorena, no son regularmente una causa de muerte si se recibe un tratamiento adecuado.
Continúan negligencias
No obstante, Lorena fue dada de alta por mejoría el 29 de diciembre de 2021, aunque aún con vómito. Al día siguiente, la joven tuvo que ser trasladada en una ambulancia al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas por fuertes dolores abdominales y moretones.
Desde el momento de su ingreso y hasta el 5 de enero de 2022, Lorena estuvo postrada en una cama en el servicio general de mujeres. Ese día, Lorena fue intervenida quirúrgicamente para explorar nuevamente su abdomen. Durante la cirugía, el personal médico decidió hacerle una resección intestinal (que consiste en extraer una parte del intestino) y le asignó una dieta especial, intravenosa, por la que su familia pagó 50 mil pesos.
Entre el 10 y el 19 de enero de 2022 se aplicó esta dieta y Lorena estuvo en observación y bajo cuidados generales. Después el personal médico pidió a la familia que comprara un medicamento utilizado para disminuir sangrados, aunque nadie avisó que Lorena los tuviera. La familia observó sangre en el excremento, orina y líquido drenado.
El 19 de enero de 2022, la familia avisó al hospital que ya no tenía dinero para seguir con la alimentación intravenosa. Tras esto, el Hospital le dio a Lorena una dieta líquida y seis días después le recetó una dieta blanda que le produjo vómito. Hasta ese momento, Lorena había perdido más de 20 kilogramos de su peso original y padecía desnutrición.
El hospital ofreció proporcionarle a Lorena el alimento intravenoso pero no lo hizo, y el 31 de enero de 2022, la directora del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, la doctora Sofía Carlota Herrera, fue a visitar a Lorena y le ofreció conseguir el medicamento. Por medio de esta gestión, el hospital le proporcionó cuatro unidades del alimento especial.
El 2 de febrero de 2022, Lorena fue intervenida para colocarle un catéter central pero durante este procedimiento la salud de Lorena se agravó inmediatamente. Su esposo, que veía el procedimiento por detrás de un vidrio, observó que la presión arterial de la joven se elevó a 265 mm Hg, aunque el informe médico dijo que la presión se elevó solamente a 230 mm Hg.
El esposo de Lorena también escuchó comentarios entre los médicos de que el procedimiento fue mal realizado y se imputaron entre ellos la responsabilidad de haber utilizado un catéter de dimensiones inadecuadas.
El esposo de Lorena también observó que una de las médicas salió de la sala de cuidados intensivos con varias compresas llenas de sangre que arrojó al bote de basura, y el mismo día que el personal le puso el catéter, se lo quitaron.
Después de este procedimiento, el personal pidió al esposo de Lorena que firmara un consentimiento informado para que Lorena fuera “reanimada en caso de un paro cardiorrespiratorio”.
Su esposo ignora si ese día Lorena tuvo un paro cardiorrespiratorio pero lo que sí supo es que el estado de Lorena se agravó considerablemente, incluso observó que ella tuvo convulsiones. A partir de ese momento, Lorena permaneció la mayor parte del tiempo inconsciente.
El 3 de febrero de 2022, un anestesiólogo colocó un nuevo catéter; esta vez del lado derecho. Un médico más revisó el expediente e hizo comentarios verbales de que hubo un mal procedimiento, por lo que indicó a los médicos internos que llevaran a Lorena a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero no lo hicieron.
Lorena siguió en su cama de piso durante los siguientes días. Después, un par de psicólogos del hospital mandaron llamar a la familia de Lorena para decirles que la aplicación del catéter era un procedimiento riesgoso y les insistieron en que nadie debía ser culpado en caso de complicaciones.
Del 3 al 8 de febrero de 2022, la familia de Lorena reportó que ningún médico especialista acudió a revisar a la joven. Durante esos cinco días el estado de Lorena se agravó por la desnutrición. Lorena volvió a recibir dieta intravenosa el 8 de febrero pero por insistencia de su esposo.
Hasta el martes 8 de febrero de 2022, Lorena fue finalmente trasladada a cuidados intensivos. Ese día no recibió la alimentación especial y horas más tarde sufrió un paro cardiorrespiratorio.
El doctor Raúl Daza Valdez, a cargo de la salud de la joven, salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y notificó falsamente a la familia que Lorena había muerto. Minuto y medio después, y luego de ver a la familia llorar, el médico rectificó y les dijo que Lorena “murió, pero pudimos reanimarla. Pero se le fracturaron cuatro costillas”.
Lorena quedó con un grave daño cerebral y fue intubada. Este mismo médico señaló a la familia que se necesitaban realizar nuevos análisis, con un costo de 4 mil pesos, que debían pagar ella. El hospital, además, no le administró los dos días siguientes el alimento que requería. El 10 de febrero extubaron a Lorena y le quitaron la sedación.
El 12 de febrero de 2022, se pidió al esposo de Lorena que acudiera a la oficina del jefe de Distrito de Salud No. II, San Cristóbal de Las Casas, el doctor Octavio Alberto Coutiño Niño, para una reunión, en la cual se le informó del estado de gravedad de Lorena y se le ofreció que la Secretaría de Salud le brindara todo el apoyo necesario sin costo. Inmediatamente después, se le pidió otra reunión, está vez con el director del hospital y con otros dos médicos del Hospital de las culturas para reiterarles el ofrecimiento. Los hospitales también dijeron al esposo de Lorena que se requería hacer un electroencefalograma para evaluar el daño cerebral. El director del hospital ofreció pagar su costo, pero el 13 de febrero de 2022, Lorena falleció.
De acuerdo con la opinión médica emitida por el secretario técnico del Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas, Marcos Arana Cedeño, las causas secundarias que llevaron a la muerte a la joven Lorena están directamente relacionadas con el debilitamiento y la desnutrición causada por la resección intestinal, así como por un manejo médico post operatorio deficiente después de la intervención quirúrgica llevada a cabo en el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas el día 5 de enero de 2022. A esto se suma que los cuidados postoperatorios fueron escasos y deficientes.
La opinión médica señaló que es “imperativo llevar a cabo una auditoría médica externa, por especialistas, del tratamiento otorgado a Lorena y especialmente del procedimiento realizado para la colocación del catéter central ese día”, además de revisar también las maniobras de reanimación realizadas el día 8 de febrero y el resto de los procedimientos que le realizaron.
El Comité Promotor por su parte, recordó que de acuerdo con la Ley general de Salud, el Estado Mexicano se compromete a proporcionar atención médica gratuita tanto en el primero como en el segundo nivel de atención. Sin embargo, “este caso muestra el deterioro que han sufrido los servicios de salud en el estado de Chiapas, que llevaron a la muerte prematura a una joven de 20 años. Su familia se empobreció debido a los gastos que tuvieron que realizar para la atención de Lorena”.
Este caso también muestra los tratos inhumanos, crueles y deliberados a los que fue sometida la familia de Lorena por parte de uno de los médicos tratantes del Hospital de las Culturas y que causaron sufrimiento innecesario.
Además, el Comité señaló que las consecuencias para las condiciones físicas, emocionales y económicas para la niña que le sobrevive, ahora de ocho meses de edad, son incalculables y permanentes.
22/AJSE/LGL
