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Normas decorativas

Por Lucía Melgar Palacios
Maestras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha marcharon este Día del maestro para exigir mejores condiciones laborales para el gremio
CIMACFoto: César Martínez López

“Ya no sé qué quiere decir descanso”. “No conozco el recreo”. ” Apenas puedo cumplir con lo que me piden”. “Ya de noche me exigen un reporte para las 8 de la mañana”. Éstos son algunos de los comentarios de personas que, a dos años del inicio de la pandemia, trabajan desde casa.

Agotadas, mujeres con hijos e hijas en edad escolar que apenas hace unos meses volvieron a la escuela; personas que además de cumplir con su trabajo cuidan a personas mayores o enfermas; hombres que temen perder el empleo o que han visto reducirse su sueldo en 25 por ciento o 30 por ciento; mujeres y hombres que hoy enfrentan la difícil situación económica de un país que se recuperará lentamente. Hablar de “terrorismo piscológico” no es una exageración.

Hace dos años, algunos veían en el confinamiento una oportunidad de reflexión, un periodo tras el cual el mundo sería mejor, más consciente de las prioridades vitales. Otros percibían una aceleración de tendencias al teletrabajo, al cierre del espacio público, al aumento de control. LA OMS y otras instancias advirtieron, basadas en experiencias previas, que aumentarían la violencia en el hogar y los riesgos para la salud mental.

Más allá de los niveles de pobreza, empleo formal y salarios, evaluar el impacto de la crisis en la salud mental y en la calidad de vida requiere de mayor atención. Como en otros países, en México han aumentado la ansiedad y la depresión, el estrés es un mal cotidiano para muchas personas. Además de la pérdida de empleo o su precarización, las jornadas y cargas excesivas han hecho estragos.

Las mujeres en particular han enfrentado una doble jornada constante en la casa junto con cargas laborales que, desde antes poco “armonizaban” con su vida personal o familiar. Todo esto en un sombrío ambiente de muerte y enfermedad.

Con más de 300 mil muertes por Covid, el sufrimiento personal y familiar es inconmensurable. A estas pérdidas se suman incertidumbre, problemas económicos, violencias crecientes en casas y calles… El consecuente daño psicológico no puede calibrarse de inmediato; además, tiende a callarse cuando se pretende seguir viviendo en la “normalidad”, por terrible que sea.

Negar que vivimos en emergencia y creer que “la vida sigue”, para exigir que la gente cumpla como si debiéramos “vivir para trabajar” y no “trabajar para vivir”, quizá se racionalice como estrategia para sortear la tormenta y salvar los empleos pero conlleva también pisotear derechos, ya antes maltratados.

Pensemos por ejemplo en la jornada de 8 horas estipulada en la Ley Federal del Trabajo. En muchas oficinas gubernamentales, se sabe el horario de entrada, no el de salida. El sector privado no se queda atrás cuando las empleadas deben trabajar horas extra o en dos empleos para compensar salarios ínfimos. O cuando se imponen cargas cotidianas y juntas virtuales, sin considerar horarios de comida o descanso porque “urge”. ¿O es porque se puede?

Si desde hace años las jornadas interminables y los “bomberazos” formaban parte del ambiente laboral en muchas oficinas públicas y empresas, algunas plagadas de acoso laboral y/o acoso sexual, hoy ¿quién regula o supervisa las relaciones laborales en el teletrabajo?

Si ya antes de 2020 las normas NMX-R -025-SCFI-2015 y NMX-R-035-STPS-2018, relativas a la igualdad y no discriminación y a los riesgos psicosociales en el trabajo, carecían de dientes, ¿quién garantiza que no sean letra muerta? ¿Quién verificó y verifica las “medidas para apoyar necesidades de cuidado” o prevenir la violencia laboral y evitar el daño psicosocial del abuso?  

¿Habría que abrogar las normas decorativas? No, representan un intento de garantizar condiciones laborales dignas. Quizá sea hora de que las empresas impulsen un cambio positivo. Podrían apegarse a horarios laborales que no destruyan la convivencia ni minen la salud física y mental, prohibir el acoso y el amedrentamiento. Su personal trabajaría mejor, ellas también ganarían, como demuestran diversos estudios internacionales.

Si el gobierno no garantiza los derechos laborales en sus oficinas, ¿no podría la iniciativa privada hacerlo? En todo caso, mejorarían la calidad de vida de muchas personas.

22/LMP/LGL

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