Ciudad de México.- Periodistas, personas defensoras, integrantes de la Tribu Yaqui y madres buscadoras de sus hijos desaparecidos aseguraron que es necesario combatir a la corrupción al interior de las instancias de gobierno de Sonora y otorgar recursos humanos y financieros para garantizar la operatividad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012.
Así lo señalaron durante el tercer diálogo organizado este 1 y 2 de marzo por la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Sonora para revisar la creación de una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual remplazará la ley vigente desde hace una década.
De acuerdo con un comunicado difundido por las organizaciones que integran el Espacio OSC, las personas que asistieron a este diálogo encabezado por el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque Palazuelos, es necesario construir una ruta de trabajo, desde un enfoque integral, que genere acciones de prevención, protección, investigación y reparación del daño para personas periodistas y defensoras en riesgo.
Como en los dos foros previos que se realizaron en la Ciudad de México y en el estado Oaxaca durante enero y febrero, en este diálogo hubo poca participación de funcionarios de alto nivel. Por ejemplo, no estuvo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ni la fiscal general del estado, Claudia Indira Contreras.
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A esto se sumaron las denuncias de las y los asistentes por el desconocimiento de los criterios de la Segob para convocar al foro y la nula perspectiva de género, interseccional y comunitaria en el diseño metodológico de la discusión para revisar el contenido de una nueva ley.
Sin embargo, las personas defensoras, madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de la Tribu Yaqui y periodistas, aprovecharon el espacio para alertar sobre los riesgos y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor, destacando los asesinatos, agresiones físicas, amenazas, persecución, hostigamiento, criminalización, campañas de desprestigio y desplazamiento forzado interno.
Las organizaciones destacaron que, como sucedió en Oaxaca ante la denuncia pro la falta de inclusión, Enrique Irazoque se comprometió a llevar a cabo dos espacios más de diálogo para revisar la propuesta de crear una ley de protección, los cuales se realizarán en Ciudad Obregón y Hermosillo y donde, afirmó, se garantizará la asistencia de un mayor número de participantes.
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Por último, las y los participantes hicieron énfasis en la necesidad de cumplir las 104 recomendaciones realizadas en 2019 por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para fortalecer el Mecanismo de Protección, así como establecer un plan coordinado entre la Fiscalía local y Federal para investigar, sancionar y erradicar la impunidad en los delitos contra personas defensoras y periodistas, lo cual representa uno de los mayores retos a nivel estatal y nacional en materia de Derechos Humanos.
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