Ciudad de México.- La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y de Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), en colaboración con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, urgieron al gobierno de la Ciudad de México a reformar su Código Penal y garantizar que sus Ministerios Públicos y fiscalía dicten órdenes de protección, hagan peritajes adecuados, e investiguen con perspectiva de género, para garantizar justicia a las niñas y adolescentes víctimas de violencia a la intimidad sexual y digital.
Esta es una de sus conclusiones del “Informe de hallazgos en el acceso a la justicia para las víctimas de violación a la intimidad sexual y la violencia digital contra las mujeres y las niñas” elaborado con base en todos los casos que asiste la Coalición, jurídica y psicológicamente, entre ellos casos de niñas y adolescentes.
De acuerdo con el documento dado a conocer hace unos días, el primer hallazgo fue que ratificar una denuncia en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya se había presentado por escrito, en la que la víctima es una niña de 12 años, tomó cerca de 10 horas.
En este caso la menor de edad intentó suicidarse “cuando supo que era la burla de toda la escuela primaria en la que estudiaba”, sin embargo, el peritaje psicológico arrojó que no presentaba daño.
A estas omisiones se sumó el hecho de que la Fiscalía de Delitos Sexuales transfirió la carpeta de Investigación a la Fiscalía de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde fue “extremadamente complicado” ubicarla, ya que se tuvo que visitar 7 distintos domicilios. Cuando por fin se localizó la carpeta, de acuerdo con el relato de la CATWLAC, la Ministerio Público a cargo del caso les informó que no sabía que tenía que solicitar órdenes de protección.
En otro caso, la organización intentó presentar una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) por el delito de pornografía infantil contra una niña de 13 años de edad. En él se involucraba a la red social Instagram, ubicada en Silicon Valley, California, sin embargo, después de 3 meses de espera la Fevimtra determinó abstenerse de investigar e intentó declinar la carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz.
A la fecha, la víctima sigue sin recibir órdenes de protección, mientras su cuenta de Instagram continúa utilizándose para contactar a otras niñas para el delito de pornografía infantil. Actualmente ya hay al menos una víctima más vinculada a este caso.
Si bien las responsables del informe consideran que la secundaria donde estudia la víctima podría estar involucrada, las autoridades no han querido investigar.
Por ello ya se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se solicitó al Juez de Control del Centro de Justicia Federal que revise la abstención de Fevimtra para que revoque la determinación de no atraer el caso.
Lo mismo ocurrió con la denuncia de una niña en situación de calle que por sí sola acudió a Fevimtra a denunciar que la habían tratado, prostituido y filmado para hacer pornografía infantil. También Fevimtra declinó el asunto bajo el argumento de que no era su competencia.
De acuerdo con la CATWLAC, en todos los casos que se atendieron durante la ejecución del informe no se dictaron las medidas de protección necesarias, y el Ministerio Público, ni federal, ni local, judicializó ninguna carpeta, ni aún con todas las pruebas para hacerlo.
Las responsables del informe señalaron que los peritajes psicológicos o de otro tipo tampoco han sido de utilidad para las víctimas, incluso corren en su contra, “lo que nos permite asegurar que los delitos de violencia digital, violación a la intimidad sexual y pornografía infantil no son una prioridad para las instituciones de procuración de justicia, tanto federal como locales, y que principios de Derechos Humanos como el interés superior de justicia no se aplica en beneficio de proteger a las víctimas y garantizarles el derecho humano de acceso a la justicia”, declaró la organización.
La Coalición Regional también observó que la sobrerregulación con penas menores por delitos que ya estaban sancionados no ha traído ningún beneficio a las víctimas, sino todo lo contrario.
Por todo esto, se concluyó que se requiere un mayor esfuerzo de las instituciones de procuración de justicia para sancionar los delitos de violencia digital, violación a la intimidad sexual y pornografía infantil, aplicando en todas sus actuaciones la perspectiva de género, de DH y el interés superior de la niñez.
Asimismo, urgieron a corregir el Código Penal de la CDMX para excluir a las niñas y niños del delito de violencia digital y violación a la intimidad sexual, con el fin de que siempre se aplique el delito de pornografía infantil; y eliminar la falta de consentimiento de la tipificación de los delitos de violencia digital y violación a la intimidad sexual.
También es necesario derogar los delitos de violación a la intimidad sexual y violencia digital para aplicar el Artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos en materia pornografía de mujeres adultas; e incluir sanción a los portales y aplicaciones de redes sociales y mensajería instantánea donde se obtienen y comercializan las imágenes y videos con contenido sexual o íntimo de mujeres y niñas.
En el Código Penal de la Ciudad de México, además de los delitos de violencia digital contra mujeres y niñas, se debe incluir un delito con la suficiente técnica legislativa para sancionar la “sextorsión”, precisó la organización.
En materia de capacitación, las autoras precisaron que se debe capacitar tanto a las y los ministerios públicos de las Fiscalías de Delitos Sexuales y de Niñas, Niños y Adolescentes, peritos, policías de investigación y personal de la policía cibernética sobre los riesgos y consecuencias que este tipo de delitos provocan entre las niñas y las mujeres, así como sobre las medidas de protección.
Asimismo se debe rehacer el protocolo de atención a estas víctimas para que la ratificación de las denuncias o noticias criminales no las revictimice.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nueve millones de personas han sufrido violencia digital a través de mensajería instantánea como Facebook y Twitter, 95 por ciento de las víctimas han sido mujeres.
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