Ciudad de México.- El «Frente Nacional Mujeres», que agrupa a alrededor de 600 víctimas de violencia de todo el país, cuyos hijas e hijos fueron sustraídos por sus exparejas, pidieron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no elimine la sanción de prisión para deudores alimentarios, porque esa decisión vulneraría los derechos de niñas, niños y mujeres.
Este miércoles las y los ministros resolverán el amparo en revisión 613/2019, por medio del cual consideran desproporcional la sanción de prisión para padres que son deudores alimentarios y declaran inconstitucional el artículo 193 del Código Penal de la Ciudad de México.
Actualmente, en la capital del país el artículo 193 de la ley local establece que:
"Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos".
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone conceder el amparo a un hombre que en 2017 fue sentenciado a prisión por incumplir con su obligación de dar alimentos y declarar inconstitucional el artículo 193 del Código Penal por «contravenir los principios de lesividad y proporcionalidad que deben regir las normas penales».
Ante la posibilidad de que este caso siente precedentes para que el Congreso local elimine este delito, este martes 22 de marzo integrantes del «Frente Nacional Mujeres» se manifestaron afuera de la Suprema Corte, en la Ciudad de México, para entregar un posicionamiento donde piden que no se conceda el amparo ni se elimine la sanción de prisión.
La defensora Verónica Pimentel Villaseñor, integrante de este Frente, expuso en entrevista que este caso generará precedentes para dejar en vulnerabilidad a niñas y niños, quienes tienen derecho a recibir alimentos por parte de los padres una vez que ellos se separan de sus madres, y además agravará la violencia económica contra las mujeres.
Con humo de colores y haciendo ruido con cacerolas, las mujeres llamaron a las y los ministros a mantener la legislación actual de la capital del país. Desde 2011 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal publicó el decreto por crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, como una forma de atender la demanda de las mujeres que después del divorcio se quedan al cuidado de sus hijas e hijos, pero sin ingresos económicos para su manutención.
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