Ciudad de México.- Periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos presentaron una serie de propuestas de solución ante el contexto violento en México e hicieron un llamado al gobierno de Morelos para ser consideradas en la construcción de la nueva Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual será llevada ante el Poder Legislativo el mes de septiembre.
Así lo expresaron durante el quinto diálogo organizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que tuvo lugar en el Centro Cultural Teopanzolco, de Morelos, con el objetivo de intercambiar ideas sobre el proyecto de ley que pretende “crear un sistema nacional de protección, y definir las competencias de los órdenes de gobierno e instituciones públicas”, según indicaron en el primer foro realizado en la Ciudad de México.
El gobierno federal manifestó su intención por convocar estas discusiones en distintas entidades del país. Algunas de ellas son Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Entre las y los funcionarios que acudieron estaban Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos; Arturo Abundes Velasco, director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Gilberto Granados Jaimes, quien acudió en representación de Almirante Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, entre otros.
Al inaugurar el diálogo que concluirá el viernes 25 de marzo, el titular en representación de la Segob en Morelos, Carlos Alberto Brito Ocampo, expuso que las autoridades del estado impulsan esta iniciativa como una forma de “subsanar las áreas de oportunidad de la legislación vigente y para fortalecer la actuación del actual Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Transcurridos un par minutos, las y los asistentes, periodistas e integrantes de organizaciones sociales, se manifestaron para tomar la palabra: “¡Ni una más, ni una más, ni una activista más”, “ni uno más, ni uno más, ni un periodista más!”, corearon al unísono mientras levantaron el pueño en alto; en la muñeca portaban listones negros como una forma de protesta ante el asesinato de sus colegas.
De inicios de 2022 hasta el momento han asesinado a ocho periodistas en México: José Luis Gamboa Arenas (10 de enero, Veracruz), Margarito Esquivel Martínez (17 de enero, Baja California), Lourdes Maldonado (23 de enero, Baja California), Roberto Toledo (31 de enero, Michoacán), Heber López (10 de febrero, Oaxaca), Jorge Camero Zazueta (24 de febrero, Sonora), Juan Carlos Muñiz (4 de marzo, Zacatecas) y Armando Linares (15 de marzo, Michoacán).
Desde el año 2000, la ONG Artículo 19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor profesional. De acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa emitida en 2019, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Lo anterior, más la “simulación de justicia”, es lo que las y los reporteros visibilizaron este jueves. Algunos como Maciel Calvo Elmer tomaron la palabra y señalaron que hay una “permanente ausencia de voluntad política para hacer que funcionen de manera eficaz los mecanismos que componen a la ley que se encuentra en funcionamiento”.
Una defensora de Derechos Humanos que está bajo el mecanismo de protección denunció que recibió amenazas de muerte durante el transcurso del foro; éstas le dejaban en claro que se debían al trabajo que realiza, y explicó que no es la primera vez que le sucede, sin embargo, su proceso de denuncia no se ha concretado debido a que las autoridades perdieron su carpeta de investigación. Así como ella, otras personas en situaciones similares compartieron sus experiencias.
Tras ciertos minutos dedicados al diálogo, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, expuso a grandes rasgos la nueva iniciativa y brindó datos para contextualizar la situación de violencia en México.
Irazoque hizo énfasis en que se pretende que cada vez más recursos se destinen al mecanismo de protección. Además, mencionó algunos de los problemas que se han identificado a la hora de hacer cumplir la ley actual. Entre los más destacados se encuentran: la falta de coordinación y participación corresponsable de autoridades estatales y municipales, el incremento de la violencia en contextos diferenciados, la impunidad y la falta de respuesta del sistema de justicia, y la ausencia de sanciones a servidoras y servidores públicos que agreden a periodistas y personas defensoras.
Posteriormente, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos planteó una ruta a seguir que consiste en “establecer con claridad la corresponsabilidad y competencias de las instituciones del Estado mexicano”, lo que quiere decir que, en lo inmediato, las autoridades proponen una “firma de convenios de colaboración con las 32 entidades federativas”.
Esta idea fue especialmente criticada por periodistas y personas defensoras, quienes dejaron en claro que muchas de las agresiones que reciben son perpetradas por autoridades locales, por lo que no están de acuerdo en que se hagan cargo de su seguridad:
“Exigimos que no se delegue la mayor responsabilidad a las autoridades estatales ni a los mecanismos locales, ya que la mayoría de los casos significa poner nuestra seguridad en menos de nuestros violentadores. Si bien en Morelos ya contamos con el mecanismo de protección, no debemos olvidar que la instalación se realizó en un contexto de presión por parte de instancias federales, así como las voces insistentes de activistas y periodistas que habían sido constantemente ignoradas”.
También indicaron que les parece fundamental que exista un mecanismo federal de protección, pero sin descuidar los mecanismos locales que hasta el momento han funcionado de forma limitada: “Un botón de pánico no te quita los balazos”, dijo Francisco Sedeño, periodista de Cuautla, Morelos.
Entre las otras propuestas que presentaron está prever sanciones administrativas y penales en contra de servidoras y servidores públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión para inhibir la práctica periodística y la libertad de expresión, con el fin de remontar los altos índices de impunidad. Incluso, se planteó la creación de un Registro Nacional de Agresores de Periodistas.
De igual modo, se pidió que se incluyera en el mecanismo federal al menos a un o una representante de los mecanismos locales, con voz y voto, y que se estableciera la obligación de realizar conversatorios de manera periódica entre el mecanismo federal y los mecanismos locales, para obtener diagnósticos de lo que ocurre en todo el país.
Sus demandas también incluyen la creación de un marco normativo específico (uno para personas defensoras y otro para periodistas), el establecimiento de albergues destinados a periodistas y a sus familias en caso de que requieran resguardo, así como la inclusión de la perspectiva de género y la definición exacta de perfiles de las personas que podrán acceder al mecanismo de protección (ya que, según denunciaron, ha habido casos de funcionarias y funcionarios que ingresan a éste sin tener una verdadera necesidad).
Finalmente, dijeron que esperan que se les tome en cuenta, pues anteriormente ya se habían organizado este tipo de foros, no obstante, el gobierno no consideró sus propuestas en la ley que opera actualmente: “Sabemos que no todo lo dicho aquí pasará al congreso, pero queremos que se nos tome en cuenta”.
