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Ni bosques, ni agua: la política de la destrucción

Por Lucia Melgar Palacios

Mientras la guerra de Rusia contra Ucrania devasta ciudades, mata y traumatiza a la población, agrava la crisis económica y humana provocada por la pandemia, y, como toda guerra, atenta contra la naturaleza y el medio ambiente, el gobierno de México se sitúa en un universo paralelo. En vez de tomar una postura ética clara contra la invasión rusa, argumenta “no intervención” y persiste en la versión oficial de la realidad nacional, en una consulta dispendiosa y en megaproyectos depredadores del medioambiente.

Comparar la destrucción de la guerra con la devastación causada por las obras del mal llamado “tren maya” o la contaminación derivada del combustóleo puede parecer exagerado. Desde una perspectiva ética, sin embargo, hay que cuestionar que, ante las ruinas pasadas y presentes de la historia, el gobierno de un país que podría contribuir a alcanzar objetivos internacionales en beneficio de la humanidad, como el Acuerdo de París (COP21), se empecine en seguir por una vía contraria a la sustentabilidad, poniendo en riesgo la supervivencia de la población y el medioambiente de una región con enorme riqueza cultural y natural.

 ¿Qué significa, por ejemplo, que, en el Día Mundial de los Bosques, las autoridades hayan festejado la inauguración de un aeropuerto  cuya viabilidad se ha cuestionado y hayan anunciado el envío de ingenieros militares para construir los tramos 6 y 7 del tren depredador? ¿Qué podemos celebrar en el Día Mundial del Agua, centrado este año en las aguas subterráneas,  o en este viernes de “Huelga por el planeta”, cuando sabemos que el tramo 5 de este proyecto amenaza el sistema de cuevas inundadas y aguas subterráneas más grande  del mundo? Véase por cierto este desgarrador testimonio:

https://m.youtube.com/watch?v=hs3fsWyKjfo&feature=youtu.be

Bosques y aguas, imprescindibles para la vida humana, están amenazados, contaminados y devastados en otras regiones del país, también es preciso protegerlos, revertir los daños hechos y detener los que se siguen haciendo.  Lo más grave en el caso del sureste es que los daños actuales y potenciales se han advertido sin que los gobiernos estatales hayan reaccionado en defensa de los territorios y poblaciones que tienen la obligación de proteger. Impulsar la “modernización” porque “traerá empleo” a corto o mediano plazo, no justifica la destrucción de un complejo ecosistema del que depende la vida de la península, cuando se podría impulsar otro tipo de desarrollo, con justicia social y acorde con la agenda 2030.

Como han documentado ampliamente periodistas y activistas, todo el trayecto del tren depredador conlleva impactos ambientales que no se resentirán todos de inmediato pero resultan alarmantes: mayor deforestación, pérdida de biodiversidad, extinción de especies vegetales y animales ya en peligro, aumento de desechos líquidos y sólidos, emisión de más gases contaminantes y mayor contaminación de las aguas. Sólo el tramo 5 que ya ha provocado la “tala masiva” de la selva, sin  mitigación alguna, y cuyo nuevo trazo amenaza el sistema de cuevas Sac Actún, puede significar un desastre ambiental con aguas contaminadas, tierras desecadas y daños al sistema de arrecifes y a la reserva de la biósfera, además de la pérdida de especies y conocimientos arqueológicos.

A la falta de apego a las normas ambientales que exigirían Mediciones del Impacto Ambiental, se suman evidencias del daño a bosques y aguas en nombre del “progreso”: 90 por ciento de las aguas de Yucatán están ya contaminadas, entre otras por megagranjas porcinas que afectan la salud de comunidades aledañas. La antes maravillosa laguna  de siete colores de Bacalar no es sino un cuerpo de aguas contaminadas por drenajes y desechos agroindustriales. ¿Tan difícil era construir un sistema de drenaje y purificación de aguas? En época de vacaciones, el ex paraíso de Holbox se asfixia bajo 30 toneladas de basura diarias, incluyendo plásticos de un solo uso, supuestamente prohibidos en esa isla.

Los gobernadores de la región firmaron en febrero un acuerdo con el gobierno de EU (a través del embajador Salazar) para promover el desarrollo sustentable del futuro sur-sureste. ¿Qué sustentatibilidad pretenden garantizar o promover con más turismo y comercio?

En vez de ignorar amparos, leyes y compromisos internacionales, y de someterse a la voluntad federal, las autoridades estatales deberían cumplir con su obligación de velar por sus territorios y sociedades y frenar este desastre anunciado.  “Modernizar” sin un concepto sustentable y humano del desarrollo no es responsable ni ético.  

22/LMP

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