Inicio AgendaEn defensa Guerrero y Ciudad de México, entidades con más casos de violencia contra defensoras de Derechos Humanos

Guerrero y Ciudad de México, entidades con más casos de violencia contra defensoras de Derechos Humanos

Ciudad de México.- En lo que va de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinadas en México un total de 24 mujeres defensoras; la Ciudad de México y Guerrero ocupan el primer lugar por mayoría de casos, de acuerdo con información del Mecanismo de Protección para Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos.

Con base en una solicitud de información, el Mecanismo de Protección para Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, informó a Cimacnoticias que de 2019 a marzo de 2022 tenía registrado un total de 97 personas defensoras de Derechos Humanos asesinadas en México; 24 de ellas eran mujeres.

De acuerdo con el desglose del Mecanismo, Guerrero y Ciudad de México encabezan la lista de entidades con cuatro casos cada una; le siguen Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Morelos y Sonora con 2 casos cada una; y Baja California, Jalisco, Tabasco y Zacatecas, con un caso respectivamente.

Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que tiene un registro propio de agresiones a defensoras, contabilizó que de 2010 a 2022 asesinaron en México a 73 mujeres entre defensoras, periodistas y “mujeres trans”; 23 de estas defensoras fueron asesinadas sólo en la administración de Andrés Manuel López Obrador y 26 en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto.

La integrante de esta Red, Cecilia Espinosa explicó que el contexto de los asesinatos ocurridos en la actual administración se caracteriza por un incremento del crimen organizado, así como de autoridades estatales, municipales y comunitarias como principales perpetradores de las agresiones. No obstante, dado que la mayoría de los casos sigue impune, muchas veces no es posible identificar plenamente el perfil de los agresores, detalló.

Así, los derechos de los pueblos indígenas; a la verdad, justicia y reparación del daño; a la “diversidad sexual”; a la información y la libertad de expresión; y de los derechos de las mujeres, se posicionan desde el sexenio de Peña Nieto y hasta López Obrador, como las líneas de defensa más riesgosas para las defensoras.

Espinosa explicó que si bien su registro y el oficial no coinciden en señalar a Guerrero como la entidad con más asesinatos de defensoras, se ha observado que ahí particularmente ha incrementado la presencia del crimen organizado en el despojo del territorio, además de que el movimiento de organización popular se ha hecho muy fuerte y, en ese contexto, algunos actores comunitarios o del movimiento de la organización, como las policías comunitarias, también han ejercido violencias y agresiones en contra de las mujeres defensoras.

Un ejemplo de esto, detalló, es la criminalización que ha hecho el gobierno federal contra la defensora Kenia Hernández Montalván, quien enfrenta ocho causas penales vinculadas con su actividad política en las cercanías de las casetas de peaje.

Te podría interesar: Caso Kenia Hernández, un castigo ejemplar para inhibir la protesta social

Espinosa detalló que uno de los problemas es que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas no está identificando las medidas adecuadas cuando la agresión es por parte del crimen organizado o de algún actor de la propia comunidad.

Un ejemplo de esto es el caso de las buscadoras de Sonora, entre quienes han ocurrido asesinatos y desapariciones. y donde el gobierno ha planteado que se desplacen a otras entidades, “pero no le puedes pedir eso una madre que está buscando a su hija o hijo en ese territorio”, explicó Espinosa.

Por otro lado, el Mecanismo ubicaba a la Ciudad de México como un espacio propicio para el resguardo de defensoras que fueron agredidas en sus entidades; sin embargo, desde el asesinato de la defensora Nadia Vera, en la colonia Narvarte, se observó que la capital del país tampoco puede garantizarles su seguridad.

Espinosa agregó que actualmente en la Ciudad de México persiste un contexto de criminalización al movimiento social y la protesta feminista, sobre quien pesa un estigma por defender, específicamente, los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a promover políticas y legislaciones igualitarias.

La integrante de la Red detalló que aunque ha sido una observación desde el inicio, el Mecanismo de Protección no ha conseguido incorporar plenamente la perspectiva de género, incluso a pesar de que más defensoras y mujeres periodistas han sido incorporadas, también carece de una perspectiva intercultural y multicultural que sepa integrar la protección de los derechos individuales y colectivos.

Asimismo, las acciones del gobierno actual de López Obrador han sido una continuación de lo que la administración de Peña Nieto había buscado antes pero no logró del todo. Por ejemplo, modificar el fideicomiso del Mecanismo, lo que se ha traducido en un aletargamiento para la obtención o retiro de medidas de protección. La política de austeridad impacta las acciones de protección de las defensoras y desconoce la importancia de su labor, dijo Espinosa.

Asimismo, la propuesta reciente del gobierno federal de crear una ley general para personas defensoras de DH y periodistas, la cual busca que las autoridades estatales y municipales asuman su corresponsabilidad en la protección de las y los defensores, podría resultar contraproducente al no establecer con claridad quién coordinaría, con qué recurso va a operar y al dejar la protección en manos de quienes se ha identificado que son los principales perpetradores de las agresiones: autoridades estatales, municipales y comunitarias.

En este mismo sentido, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) advirtió sobre posibles riesgos que estarían viviendo defensoras en la entidad de Tlaxcala, en el contexto de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer.

La integrante de la organización “Medusas Sufragistas”, Indira Cervantes, denunció que a partir del 8 de marzo, las defensoras que se identifican como feministas y participaron en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer han vivido actos de violencia, represión e intimidación que han ocasionado un daño psicológico y físico por parte de la policía estatal, además de que una de ellas fue desaparecida por unas horas policías vestida de civiles.

22/AJSE/LGL

También en Cimacnoticias

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.Acepto Leer más

Skip to content