Ciudad de México.- Aunque Nadia Daniela Sánchez Martínez, víctima de violencia familiar, esperaba una sentencia máxima de 18 años de prisión contra su agresor, el juez del Reclusorio Oriente, Francisco Salazar Silva, lo sentenció con 9 años y tres meses, a pesar de que contra él pesan denuncias de otras mujeres y de que se acreditó en las periciales para este caso que cometió todas las modalidades de violencia (sexual, económica, psicológica, física y patrimonial) en contra de Daniela.
Este 6 de abril se llevó a cabo en los juzgados del Reclusorio Oriente la audiencia final por una denuncia de violencia familiar que Daniela Sánchez interpuso contra su agresor el 31 de diciembre de 2018.
Esta sentencia vino después de 13 audiencias, durante las cuales Daniela se manifestó públicamente afuera del Reclusorio Oriente para exigir un juicio apegado a la perspectiva de género. De acuerdo con ella, durante todo el proceso le llevó 800 diligencias, se presentaron 20 peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y tres independientes, además de que hubo testimoniales de la víctima y testigos oculares de los hechos que constataron que hubo dolo por parte de su agresor y que, en el ámbito familiar, se cometieron todas las modalidades violencia contra las mujeres: sexual, económica, psicológica, física, patrimonial e incluso feminicida.
Durante las audiencias también se reconoció que el agresor se aprovechó del sexo de sus víctimas y el contexto de vulnerabilidad en el que estaban, además de que se expuso el continum de la violencia que el agresor ejerció contra Daniela y su familia desde 2015, además de que se argumentó que el agresor tenía la intención de ejercer dominio mediante la violencia en un contexto de asimetría de poder, explicó Daniela en entrevista
Pese a ello, el juez del Reclusorio Oriente, Francisco Salazar Silva, dictó una sentencia de 9 años y tres meses. Como dicta el Código Penal de la Ciudad de México, se condenó a la reparación del daño pero sólo en términos de daño moral, material y perjuicios. No hubo ninguna medida extraordinaria porque el juez lo consideró así, ya que el agresor está en prisión.
Si bien la violencia familiar es un delito que se castiga en la Ciudad de México con hasta 6 años de prisión, en el caso de Daniela la pena podía ser mayor porque había otras tres víctimas implicadas: su mamá, su papá y su hija, quienes habrían sido violentados físicamente por el agresor.
Daniela esperará la lectura de la sentencia el próximo 20 de abril y apelará esta sentencia, además de que continuará con las otras denuncias penales que lleva contra el agresor, una más por violencia familiar directamente contra la niña (cuya carpeta ya fue judicializada, con la audiencia inicial el 26 de abril) y otra también por violencia familiar equiparada, que corresponde a la primera denuncia que Daniela presentó en 2015, cuando eran novios (con folio CI-FTL/TLP-4/UI-2 C/D/01157/11-2015) porque el agresor la golpeó en la vía pública. Esta denuncia está ya en etapa intermedia y el 4 de mayo será la siguiente audiencia.
En ese entonces, la policía arrestó a su agresor por dos días y luego lo dejó salir. Ella regresó con él, presentó un embarazo (forzado porque él la obligó a quitarse el dispositivo intrauterino) y no dio más seguimiento a su denuncia.
Las agresiones, sin embargo, no cesaron: en diciembre de 2018, Rodrigo agredió físicamente a Daniela dentro de su vehículo. Ella tenía a su hija en los brazos. Logró escapar para pedir ayuda y consiguió que llegara una patrulla y su familia.
Aunque desde ese día dejó de vivir con Rodrigo, Daniela volvió a ser violentada por él en otras dos ocasiones que visitó a la niña que ambos procrearon.
El 31 de diciembre de 2018, Daniela presentó una nueva denuncia por violencia familiar (con folio CI-FJF-75BIS/ U—1 S/D/001177/12-2018); el 1 de enero de 2019 presentó otra denuncia (con folio CI-FNNA/59/UI-2 C/D/00143/01-2019) porque maltrató físicamente a la niña. Personal del entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México la acompañó en su denuncia y esa misma tarde la trasladó junto con su hija a un refugio, donde permaneció durante seis meses.
Cuando Daniela salió del albergue se enteró que su agresor, de profesión abogado, había iniciado un juicio por la guarda y custodia de la niña. El juicio estaba avanzado y Daniela iba perdiéndolo porque no se había presentado a las audiencias. Al mismo tiempo, Rodrigo interpuso una denuncia contra ella y su papá de ella por supuesta violencia familiar.
Daniela consiguió que se repusiera el juicio por guarda y custodia desde el inicio, ya que comprobó que nunca fue notificada porque vivía en un albergue por la violencia que Rodrigo ejerció contra ella. Al mismo tiempo, continuó con la denuncia por violencia familiar y la de su hija que ella presentó desde diciembre de 2018.
Fue hasta el 4 de febrero de 2019, cuando el Poder Judicial celebró la primera audiencia por la denuncia de Daniela. Ella consiguió que se vinculara a proceso a su agresor y se decidiera mantenerlo en prisión preventiva justificada.
Como consta en documentos consultados por Cimacnoticias, el agresor de Daniela tiene otras tres denuncias por diversos delitos y presentadas por diferentes mujeres. En 2014, una mujer de nombre María lo denunció por allanamiento de morada. En 2015, una joven de nombre Ivonne denunció que este agresor era su novio (según la denuncia) pero que la golpeó en la calle; en ese mismo año, otra joven de nombre Estefani también lo denunció por agresiones físicas y verbales. En 2019, otra mujer de nombre Paola lo denunció por mantener una relación con su hija menor de edad e impedir que la viera. En 2017 una mujer de nombre Rubí lo denunció por amenazas reiteradas. En 2012 y en 2018, un hombre llamado Héctor y otro llamado Salvador también lo denunciaron por amenazas.
Es de recordar que al participar el pasado 1 de abril en la Conferencia Mujer y Seguridad, que organizó la Embajada de los Estados Unidos en México, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, refirió que la violencia familiar es la denuncia más frecuente en la capital del país. Tan sólo en enero de 2022, en la Ciudad de México se iniciaron 5 mil 24 denuncias por este delito, lo que posicionó la capital del país como la entidad con más casos.
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