Oaxaca, Oax.- La Secretaría de Gobernación (Segob) redujo las medidas de protección a María Elena Ríos, sobreviviente de feminicidio por ataque con ácido, pues consideró que no corre peligro a pesar de que a casi cuatro años del ataque, Jun Antonio Vera Hernández, uno de sus agresores, continúa prófugo.
Esta decisión -dijo-busca inmovilizarla en la gestión de justicia. “Tengo miedo. Han pasado casi dos años y medio y mi proceso no va ni a la mitad”, señaló.
María Elena Ríos fue atacada con ácido en septiembre de 2019, cuando tenía 26 años, al interior de su propio domicilio, por un hombre que al parecer, fue contratado por otro para cometer el delito. Fue dañada en su cara y cuerpo y su mamá también resultó herida durante la agresión.
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Desde entonces emprendió su propia defensa por justicia, y actualmente es una de las defensoras de los derechos de las mujeres más emblemáticas de México. Ríos Ortiz, quien también es saxofonista, explicó que el pasado 29 de marzo estuvo ante la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas dependiente de la Segob, ahí el funcionariado determinó retirarle la medida de protección bajo argumento de que ya no tiene riesgo alguno.
En abril de 2020 el exdiputado local y empresario gasolinero, Juan Antonio V.C., fue detenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa. También detuvieron a Rubén L.C. “El Charrez”, gente de confianza del empresario gasolinero y se presumió que el hijo del exdiputado, “Tony” fue el autor intelectual del crimen contra la saxofonista.
María Elena Ríos Ortiz fue atacada con ácido al interior de su domicilio por Ruvicel H.R, quien de acuerdo a su declaración habría sido contratado por Juan Antonio V.C. para realizar este atentado contra la joven de 26 años de edad.
De acuerdo con la declaración de Ruvicel, quien trabajó un tiempo como chalán en la construcción de una gasolinera del empresario, recibió 30 mil pesos por cometer el delito, mismos que le fueron pagados por Rubén L.C “El Chárrez” y por “El Tony” o “El Gordo”, Hijo de Juan Antonio V.C. Ruvicel H.R y su padre Ponciano H, se trasladaron a Huajuapan de León.
El primero ingresó a la vivienda de Ríos Ortiz bajo pretexto de la realización de un trámite de visa, servicio que ofrecía la joven saxofonista. Estando ahí le lanzo casi medio litro de una sustancia corrosiva y huyó del lugar. Desde el inicio del ataque Ríos Ortiz señaló directamente a Juan Antonio V.C. como su agresor, pero no fue hasta enero, y bajo presión social, que la Fiscalía de Oaxaca puso atención en el caso, reclasificó el delito y logró la detención de los antes mencionados.
“El mecanismo hizo hasta lo imposible por quitarme la medida porque dicen que yo no tengo peligrosidad a pesar de saber que mi agresor sigue libre, que no hay sentencia de mis otros agresores y que constantemente me amenazan. Yo anteriormente tenía el servicio de un escolta para trasladarme a la Ciudad de México a mi tratamiento, a la asesoría legal”, relató.
Agregó que durante la junta de gobierno acordaron mantener las medidas de seguridad seis meses más, sin embargo, el miércoles 6 de abril, a través de un correo electrónico le indicaron que sólo tiene riesgo en su comunidad y en ninguna otra parte del territorio. No obstante, Juan Antonio Vera Hernández, quinto implicado en el ataque con ácido cometido el 9 de septiembre de 2019, no ha sido localizado por las autoridades quienes ofrecieron una recompensa de 1 millón de pesos a quien proporcione datos que lleven a su captura.
“He hablado al Mecanismo y lo único que me dicen es que me ampare, he hablado con CNDH y me proponen un proceso muy tardado y el señor Alejandro Encinas no quiere responder mis llamadas”, relató.
Ríos Ortíz agregó que la Fiscalía de Oaxaca obstaculizó el acceso a la justicia y con esta medida buscan inmovilizarla.
Luego del intento de feminicidio contra María Elena, que en un inicio fue considerado por la fiscalía como lesiones graves, el congreso de Oaxaca tipificó los ataques con ácido como un delito que se sanciona hasta con 40 años de prisión. La reforma adicionó los artículos 412-A y 412-B al capítulo III del Título Vigésimo segundo, denominado “Delitos Contra el Derecho a una Vida Libre de Violencia” del Código Penal de la entidad.
En éste se especifica que si los ataques infieren una alteración en la salud o cualquier otro daño que deje una huella material en el cuerpo de la víctima, la pena irá de 20 a 30 años de prisión, además de una multa de 200 a 500 UMAS.
Y en caso de existir una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad civil, matrimonio, concubinato, noviazgo, relación laboral o docente entre la víctima y el atacante, la pena podría llegar hasta los 40 años de prisión.
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