abril 2022
Presupuesto de Refugios se mantiene igual que en 2021, no tomó en cuenta inflación advierte RNR
Ciudad de México.- Contrario a lo que ha dicho el gobierno federal, si se toma en cuenta la inflación, el presupuesto para la operación de los Refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, disminuyó de 2020 a 2021 y se mantuvo sin crecimiento de 2021 a este 2022, sin que hasta ahora se haya liberado el dinero con el que estas instancias deben operar este año.
Así lo explicó la Red Nacional de Refugios (RNR) en un informe llamado “Del discurso a los hechos”, en el que se analiza el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos desde un enfoque de Derechos Humanos e igualdad.
De acuerdo con datos estudiados por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, incluidos en el análisis, si bien es cierto que en términos nominales hay incremento en el presupuesto asignado al Programa toda vez que de los 346 millones 482 mil 708 pesos que se destinaron en 2019 (cuando el programa aún estaba a cargo de la Secretaría de Salud) se pasó a 420 millones 203 mil 440 pesos para este 2022, que serán distribuidos por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al incluir el efecto de la inflación (el aumento en el precio de los productos), las cifras muestran otra cosa: de 392 millones de pesos (cifra cerrada) en 2019, se incrementó a 446 millones en 2020; para 2021 el monto asignado calculado con la inflación disminuyó a 420 millones de pesos, cifra que se mantiene igual para 2022.
“Si se compara entre pesos nominales y pesos reales al 2022, es decir, incluyendo el efecto de la inflación, prácticamente no hay incremento (…) En conclusión, lo que hoy se tiene en el PEF 2022 les alcanza a los Refugios como si estuvieran en el 2021. El presupuesto asignado no es suficiente ya que no toma en cuenta la inflación del 7 por ciento en general, y no refleja el incremento en alimentos que llega hasta 12 por ciento más para cubrir necesidades básicas y servicios claves que se brindan gratuitamente a las mujeres y sus hijas e hijos dentro de los Refugios”, concluyó el análisis.
Cambios en la administración del programa afectan operación de refugios
De acuerdo con la RNR, los cambios hechos por esta administración al Programa de Refugios afectaron el suministro de los recursos, lo que impacta directamente la operación de estos espacios.
La Red recordó que tras la circular presidencial número 1 de no transferir recursos a las organizaciones de la sociedad civil, el 21 de febrero de 2019 se canceló la Convocatoria Pública para la asignación de “Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso, sus Centros de Atención Externa (CAER) 2019” del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) de la Secretaría de Salud.
Esta cancelación tenía el objetivo presidencial de entregar el recurso etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para los Refugios y sus CAER directamente a las víctimas y no a los Refugios. No obstante, tras la movilización realizada y las múltiples cartas abiertas y pronunciamientos de la RNR que reflejaban la inviabilidad de esta propuesta, el 23 de febrero se reactivó esta convocatoria. En marzo, el vocero de la presidencia, Jesús Rodríguez Cuevas, declaró que esto fue resultado de «una confusión» y que se seguiría entregando el recurso a los Refugios.
En ese año se anunció por primera vez la intención de la Secretaría de Gobernación de “absorber” a los refugios de las organizaciones de la sociedad civil, y de asumir la rectoría del programa.
La Red explicó que todo lo anterior llevó a diversos retrocesos en el proceso de liberación del PEF2019. La firma de convenios entre la instancia ejecutora del recurso y las organizaciones que operan los proyectos fue en mayo y se aclaró que el recurso entregado sería retroactivo al mes de abril del 2019. El recurso se liberó a los Refugios en junio, pero éstos pudieron operar con acuerdos y compromisos previos con proveedores, colaboradoras/es y préstamos.
En 2020 se realizó la transferencia del Presupuesto para Refugios –contemplado desde el 2003 en la Secretaría de Salud– a la Secretaría de Bienestar, específicamente al actualmente desaparecido Instituto de Desarrollo Social (Indesol). Este proceso, analizó la Red, priorizó los Derechos Humanos, estuvo planeado y desarrollado de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. En ese año, los convenios se firmaron en marzo y el presupuesto se entregó en abril, con un financiamiento efectivo por 9 meses.
De acuerdo con la RNR, la situación fue mucho mejor en 2021, ya que los convenios de colaboración se firmaron en febrero y el presupuesto llegó en marzo, lo que llevó a que históricamente algunos refugios tuvieran recurso por 11 meses efectivos, así como otros por 10 meses.
No obstante, para este 2022 se anunció la desaparición del Indesol y el traslado del Programa a la Conavim. De acuerdo con el comunicado con fecha del 11 de abril, la Conavim informó a la Red que: “También se les hizo del conocimiento que, como efecto del proceso administrativo y legal que fue necesario llevar a cabo para el traslado de los recursos y de la responsabilidad de su operación, desde la Secretaría de Bienestar a Gobernación, solo por este ejercicio fiscal se acotará el periodo de ejecución del gasto, no obstante, se entregará la totalidad del presupuesto aprobado para este programa en 2022”.
Hasta este 24 de abril, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 destinado para la operatividad de los Refugios y sus Centros de Atención Externa no ha sido liberado, señaló la Red.
Es de recordar que en una entrevista pasada con Cimacnoticias, la Comisionada Fabiola Alanís negó que existiera un retraso en la entrega de los recursos y aseguró que la transferencia del programa no había afectado el proceso.
“No hay ningún retraso. El gobierno federal está muy comprometido con atender al 100 por ciento las necesidades de los refugios que atienden a las mujeres en situación de violencia extrema y eso ha quedado demostrado con el incremento paulatino de presupuesto dedicado para tal fin. En esta administración se ha incrementado sustancialmente los últimos tres años los recursos destinados a los refugios, así que al 100 por ciento están garantizados”, dijo la funcionaria.
Cimacnoticias también documentó que el retraso en la entrega del recurso afectó la operación de los refugios a tal grado que algunas atenciones médicas, educativas, de alimentación y otras, están suspendidas, además de que ha implicado una sobrecarga laboral en las trabajadoras.
Al respecto, la Red dijo que esto demuestra cómo en este 2022, al igual que en el 2019, los planes del gobierno en turno no priorizaron los Derechos Humanos de las mujeres y sus hijas e hijos, no analizaron junto con las organizaciones de la sociedad civil e instancias expertas la viabilidad de las acciones que, “buscando centralizar los servicios ponen en riesgo la operación de los mecanismos que previenen feminicidios y lo que esto se traduce en cientos de mujeres, niñas y niños en riesgo de no continuar accediendo a sus derechos dentro de los espacios de protección y por ende a su derecho a vivir libres de violencias”.
“Desde nuestro análisis este cambio era innecesario en un periodo donde el Proceso del Programa de Refugios y sus Centros de Atención Externa estaba ya avanzado y perfectamente cuidado en el INDESOL”, declaró la Red.
22/AJSE/LGL
Aprueban en San Lázaro reformas en matrimonio infantil, cohabitación forzada y feminicidio en grado de tentativa
Ciudad de México.- El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de cohabitación forzada de personas menores de edad, matrimonio infantil y feminicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con diversos boletines del congreso, se presentó un dictamen para incorporar un capítulo (IX) al primer párrafo del artículo 205-Bis y adiciona dicho capítulo con un artículo 209 Quáter al Título Octavo del Código para establecer “Cohabitación Forzada de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo”
De acuerdo con esta propuesta del artículo 209 Quáter “comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.
Respecto a la sanción se impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa y aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En el artículo 205-Bis se indica que serán imprescriptibles las sanciones señaladas en el artículo 209 Quáter.
En la exposición de motivos se advierte que los matrimonios entre menores de edad o las uniones tempranas atentan contra el interés superior de la niñez, por lo que menoscaba sus derechos fundamentales.
La diputada y secretaria de la Comisión de Justicia, Lizbeth Mata Lozano (PAN) afirmó que se busca tipificar como delito la cohabitación forzada de personas menores de edad, de personas con discapacidad y de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), 423 mil niñas fueron obligadas a casarse, 339 mil a través de un robo o intercambio.
“En pocas palabras, se trata de personas, de tráfico humano, abuso sexual, secuestros disfrazados de matrimonios o equiparables; suceden todos los días en este país a la vista de todos”, agregó.
El dictamen fue enviado al Senado para su análisis y aprobación.
Prevención del matrimonio infantil
Las y los legisladores también aprobaron el dictamen de la Comisión de la Niñez y Adolescencia que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “para precisar como responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno prevenir matrimonios infantiles”.
Establece que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años y “que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria”.
Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto de niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración, desplazamiento o en exclusión social y advierte que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno deberán garantizar el interés superior de la niñez por encima de cualquier uso y costumbre que atente contra la dignidad de niñez y adolescencia.
De acuerdo con datos del Inegi, en 2020 se registraron 335 mil 563 matrimonios, cantidad que representa una disminución de 33.5 por ciento respecto a 2019, cuando hubo 504 mil 923.
De estos matrimonios, 26 fueron con al menos uno de los contrayentes menor de edad. Los estados donde se registraron estos matrimonios: Chihuahua con 7 casos, Durango con 5, Guanajuato y Puebla con 3, y el resto correspondiente a cuatro entidades federativas.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), dijo que algunos estudios señalan que 40 por ciento de las mujeres de 15 a 54 años en localidades rurales se unieron o se casaron antes de los 18 años. Los datos aumentan en 46 por ciento cuando se trata de mujeres hablantes de una lengua indígena. Una de cada diez jóvenes de 15 a 24 años que se casaron o unieron siendo niñas, lo hicieron con hombres diez años mayores que ellas. Tres de cada 10 de niñas de 10 a 15 años en comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas siguen siendo vendidas por usos y costumbres para matrimonios forzados.
Feminicidio en grado de tentativa
También se aprobaron reformas a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, en materia de sanción del feminicidio en grado de tentativa.
El dictamen de la Comisión de Justicia pretende hacer procedente la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio o en grado de tentativa punible.
Establece que no gozarán de la libertad condicionada, libertad anticipada, libertad preparatoria y la sustitución de la pena los sentenciados por este delito y que en los casos de feminicidio cometido en grado de tentativa punible, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito, que de acuerdo con el Código va de 40 a 60 años de cárcel.
Dada la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el país, hoy no hay una medida cautelar que garantice el 100 por ciento de la integridad de las mujeres que fueron agredidas. “No podemos tolerar que haya un solo encabezado más de una mujer asesinada que haya pedido medidas de protección y que éstas hayan fallado para terminar con el amargo desenlace que ya conocemos”.
Afirmó que con estas medidas se fortalece el marco protector de las mujeres en el momento más oportuno y más necesario. “México está viviendo una tragedia, nos están matando y la impunidad oculta a los culpables.
22/RED
Ciudad de México.- El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de cohabitación forzada de personas menores de edad, matrimonio infantil y feminicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con diversos boletines del congreso, se presentó un dictamen para incorporar un capítulo (IX) al primer párrafo del artículo 205-Bis y adiciona dicho capítulo con un artículo 209 Quáter al Título Octavo del Código para establecer “Cohabitación Forzada de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo”
De acuerdo con esta propuesta del artículo 209 Quáter “comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.
Respecto a la sanción se impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa y aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En el artículo 205-Bis se indica que serán imprescriptibles las sanciones señaladas en el artículo 209 Quáter.
En la exposición de motivos se advierte que los matrimonios entre menores de edad o las uniones tempranas atentan contra el interés superior de la niñez, por lo que menoscaba sus derechos fundamentales.
La diputada y secretaria de la Comisión de Justicia, Lizbeth Mata Lozano (PAN) afirmó que se busca tipificar como delito la cohabitación forzada de personas menores de edad, de personas con discapacidad y de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), 423 mil niñas fueron obligadas a casarse, 339 mil a través de un robo o intercambio.
“En pocas palabras, se trata de personas, de tráfico humano, abuso sexual, secuestros disfrazados de matrimonios o equiparables; suceden todos los días en este país a la vista de todos”, agregó.
El dictamen fue enviado al Senado para su análisis y aprobación.
Prevención del matrimonio infantil
Las y los legisladores también aprobaron el dictamen de la Comisión de la Niñez y Adolescencia que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “para precisar como responsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno prevenir matrimonios infantiles”.
Establece que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años y “que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria”.
Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto de niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración, desplazamiento o en exclusión social y advierte que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno deberán garantizar el interés superior de la niñez por encima de cualquier uso y costumbre que atente contra la dignidad de niñez y adolescencia.
De acuerdo con datos del Inegi, en 2020 se registraron 335 mil 563 matrimonios, cantidad que representa una disminución de 33.5 por ciento respecto a 2019, cuando hubo 504 mil 923.
De estos matrimonios, 26 fueron con al menos uno de los contrayentes menor de edad. Los estados donde se registraron estos matrimonios: Chihuahua con 7 casos, Durango con 5, Guanajuato y Puebla con 3, y el resto correspondiente a cuatro entidades federativas.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), dijo que algunos estudios señalan que 40 por ciento de las mujeres de 15 a 54 años en localidades rurales se unieron o se casaron antes de los 18 años. Los datos aumentan en 46 por ciento cuando se trata de mujeres hablantes de una lengua indígena. Una de cada diez jóvenes de 15 a 24 años que se casaron o unieron siendo niñas, lo hicieron con hombres diez años mayores que ellas. Tres de cada 10 de niñas de 10 a 15 años en comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas siguen siendo vendidas por usos y costumbres para matrimonios forzados.
Feminicidio en grado de tentativa
También se aprobaron reformas a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, en materia de sanción del feminicidio en grado de tentativa.
El dictamen de la Comisión de Justicia pretende hacer procedente la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio o en grado de tentativa punible.
Establece que no gozarán de la libertad condicionada, libertad anticipada, libertad preparatoria y la sustitución de la pena los sentenciados por este delito y que en los casos de feminicidio cometido en grado de tentativa punible, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito, que de acuerdo con el Código va de 40 a 60 años de cárcel.
Dada la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el país, hoy no hay una medida cautelar que garantice el 100 por ciento de la integridad de las mujeres que fueron agredidas. “No podemos tolerar que haya un solo encabezado más de una mujer asesinada que haya pedido medidas de protección y que éstas hayan fallado para terminar con el amargo desenlace que ya conocemos”.
22/RED
Celebran mujeres 15 años de decidir libre y voluntariamente sobre sus cuerpos
Ciudad de México.- Expertas en Derechos Humanos de las mujeres coincidieron en que el aborto debe ser abordado como lo que es, un tema de salud y no como un delito, libre de criminalización y estigma y retirarlo de Códigos Penales.
En un comunicado difundido por IPAS, co-convocante del foro conmemorativo “ILE, 15 años haciendo historia”, realizado esta mañana en el Museo de la Ciudad de México en vísperas de la conmemoración 15 de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital, defensoras de Derechos Humanos entre otras actoras, señalaron que México está listo para regular el aborto,
“Necesitamos transitar a ver el aborto como lo que realmente es: un servicio de salud y dejar de tratarlo como delito. Actualmente, el aborto es el único servicio de salud reproductiva que está regulado en los códigos penales”, destacó la directora de Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM), María Antonieta Alcalde Castro.
Durante su intervención, la secretaria de salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, reconoció que la despenalización del aborto en la capital del país ha significado no tener a ninguna mujer en prisión por decidir sobre su cuerpo, y que ninguna haya muerto por interrumpir un embarazo.
La presidenta y directora de IPAS Global, Anu Kumar, contextualizó que la despenalización se dio en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, que entre sus prioridades establecieron que el aborto fuera un tema central en la agenda regional y global.
En 15 años de aborto legal en la Ciudad de México, más de 247 mil mujeres han accedido a este derecho sin registrarse una muerte por ello. Un total de 94.5 por ciento de quienes accedieron a la ILE son mayores de edad, 78.8 por ciento de los procedimientos de ILE se realizaron con el método de medicamentos, 68.8 por ciento de las usuarias reportaron residir en la CDMX y 31.1 por ciento en otras entidades federativas; además, 41 por ciento de quienes abortaron reportaron estar casadas o en unión libre.
En el foro realizado en conjunto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) participaron la secretaria de la Mujer de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracibar; la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en México, Alanna Armitage; la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Karla Berdichevsky Feldman; la fundadora de GIRE y Debate Feminista, Marta Lamas; la directora ejecutiva de GIRE, Rebeca Ramos Duarte; la co-directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Hernández entre otras defensoras y funcionariado de salud.
22/RED
Universidades, obligadas por Ley a promover medidas y protección contra violencia de género
Ciudad de México.- Desde 2021 que se creó la Ley General de Educación Superior, las instituciones de educación superior están obligadas a promover medidas para la prevención y atención de todos los tipos y modalidades de violencia, en específico la de género, así como para la protección del bienestar físico, mental y social de sus estudiantes y del personal que labore en ellas; sin embargo son pocas las que han asumido su responsabilidad en la prevención y sanción de esta violencia contra las alumnas de la comunidad estudiantil.
De acuerdo con un diagnóstico que hizo la Secretaría de Educación Pública (SEP) a 521 instituciones de educación superior (de un universo de 5 mil 716 escuelas privadas y públicas), 19 por ciento de las universidades no cuenta con un pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual y 17 por ciento nunca ha impartido un curso de inducción en materia de igualdad de género.
Además, 44.8 por ciento reportó que su proceso de difusión no tiene una perspectiva cultural y lingüística; 31 por ciento no tiene una unidad de igualdad de género o área homóloga; y sólo 166 tienen un registro oficial de casos de violencia contra las mujeres, de acuerdo con lo que dijo la directora general de Educación Superior Universitaria de la SEP, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, entrevistada por Cimacnoticias sobre el papel que ha tomado la dependencia con respecto a la violencia contra las mujeres en las universidades.
La antesala de la Ley General de Educación Superior fueron los paros feministas estudiantiles en las principales universidades públicas del país y en las entidades que iniciaron en 2019 y tras los cuales se lograron cambios en los estatutos generales para reconocer y sancionar la violencia contra las mujeres, la impartición obligatoria de materias con perspectiva de género, expulsión de profesores y alumnos agresores, la creación de protocolos, entre otros logros.
No obstante, la violencia contra las mujeres no se ha detenido. Tan sólo este 2022, los medios de comunicación han dado a conocer casos de desaparición, violación sexual y hasta amenazas de feminicidio al interior de los centros educativos.
Al respecto, Rodríguez Armenta dijo que desde marzo de 2021, la SEP inició una colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres para implementar mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito de educación superior.
Esta colaboración, explicó, tiene el objetivo de garantizar que en todas las universidades del país exista un andamiaje institucional que acompañe las denuncias de las mujeres y no las revictimice.
Rodríguez Armenta –a cargo de las 35 universidades autónomas estatales del país, las universidades de apoyos solidarios y las universidades interculturales, en las que estudian 1.6 millones de mujeres y hombres– no dio cifras sobre la violencia que viven las universitarias actualmente, sin embargo destacó que ahora que existe una ley, las instituciones están obligadas a crear estos mecanismos en cinco ejes específicos: visibilización, desnormalización, prevención, denuncia e investigación adecuada.
Por ejemplo, dijo, actualmente su Dirección, en colaboración con el Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), hacen llamamientos, invitaciones y acompañamiento a las y los rectores para revisar por qué no han adoptado protocolos, pronunciamientos o mecanismos en esta materia y para los casos de violencia más mediáticos, ella se comunica directamente con las y los rectores para revisar cómo los llevarán.
Asimismo, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (organismo no gubernamental que agremia a las principales instituciones de educación superior del país) se iniciaron grupos de trabajo para revisar en conjunto temas vinculados con los derechos de las mujeres.
No obstante, explicó Rodríguez Armenta, existe una propuesta que es revisada por el área jurídica de la SEP para que en el convenio por medio del cual las instituciones universitarias reciben el apoyo financiero de gobierno quede explícito como condición que, para otorgarse, los centros educativos deberán tener adoptados ya los mecanismos para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Actualmente, sin embargo, este convenio ya refiere por escrito que debe respetarse la Ley General de Educación Superior, que enfatiza en ello.
La funcionaria analizó que las universidades son el reflejo de la sociedad, por lo que si hay violencia afuera ésta también se expresa dentro de los recintos educativos, por lo que se requiere que las autoridades estén formadas en materia de violencia, específicamente de las mujeres, que propicien un cambio cultural y de valores, y que identifiquen que la violencia empieza desde el no reconocimiento de las mujeres como productoras de conocimiento.
La Ley General de Educación Superior establece que las medidas que deben tomar las instituciones de educación superior se basarán en diagnósticos y estudios de las actividades académicas, escolares y administrativas para lograr una detección y atención oportuna de los factores de riesgo, violencia y discriminación, con protocolos de atención y servicios de orientación y apoyo de trabajo social, médico y psicológico.
El Estado, por su parte, tiene la obligación por ley de emitir diagnósticos, programas y protocolos para la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia y en el caso de la violencia contra las mujeres, excluir medidas de conciliación o equivalentes; crear instancias con personal capacitado para la operación y seguimiento de protocolos; adoptar medidas para considerar la violencia contra las mujeres como causa especialmente grave de responsabilidad; entre otras acciones.
22/AJSE/LGL
«Sin justicia para Claudia Uruchurtu: aplazan por quinta ocasión audiencia intermedia y no hay rastros de su localización
Oaxaca, Oax.- El 26 de marzo del 2021, la activista Claudia Uruchurtu fue vista por última vez por las calles céntricas de Nochixtlán, Oaxaca, en donde había participado en una manifestación pacífica, desde entonces han transcurrido 13 meses y no hay rastro de su desaparición forzada, sus hermanas Sara, Elizabeth y Haydé denunciaron el retraso de la audiencia intermedia que se llevará a cabo hoy, 26 de abril.
Es la quinta ocasión que la audiencia intermedia se aplaza enfatizaron el pasado fin de semana, a través de una conferencia de prensa vía remota, para informar que no hay resultados en la búsqueda de su hermana, quien había denunciado corrupción contra la ex alcaldesa.
Por la desaparición forzada de Claudia hay cinco personas detenidas y vinculadas a proceso, entre ellas la ex alcaldesa de Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta.
Las hermanas denunciaron que el retraso de la audiencia intermedia, donde se ofrecerán y admitirán los medios de prueba a las partes, para concluir con el dictado del auto de apertura a juicio, podría estar vinculado a la elección de gobernador o gobernadora en Oaxaca.
“Tememos que se trate de un tema político electoral por las elecciones locales, que haya injerencia, que quieran manipular todo, Claudia lleva 13 meses desaparecida, y eso es un acto de barbarie, no sabemos dónde hallarla”.
Sara, Elizabeth y Haydé, también hicieron una invitación para que si alguien tiene rastros del paradero de Claudia, lo denuncie de forma anónima ante las instancias de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda y a través de sus redes sociales.
Claudia Uruchurtu Cruz tenía 48 años de edad cuando desapareció y se encargaba de los cuidados de su hijo y su madre.
Las causas por las que luchó Claudia siguen como un pendiente en la agenda del congreso del estado de Oaxaca, de la Fiscalía Anticorrupción, pues sus permanentes y certeras denuncias sobre la corrupción en Nochixtlán fue una de las razones para que se llegara al extremo de este crimen de lesa humanidad.
“Falta aún localizar a Claudia, no callaremos, no claudicaremos hasta encontrar justicia”, concluyeron.
De acuerdo con Consorcio Oaxaca, en lo que va del sexenio de Alejandro Murat, 1697 desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres adultas se han denunciado en la entidad.
En estos primeros cuatro meses del 2022, existen 159 denuncias, 84 mujeres han sido halladas vivas, una más sin vida y 74 no han sido localizadas.
*Este artículo fue retomado del portal página3.mx
22/DM/LGL
Llama OCNF a gobierno de Nuevo León a hacer públicas acciones para atender desapariciones de mujeres y feminicidio
Ciudad de México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) llamó al gobierno de Nuevo León a reconocer la crisis de desapariciones de mujeres y jóvenes que se vive en la entidad y a que haga públicas las acciones que emprenderá para atender la situación de manera prioritaria.
En un comunicado a propósito del feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa,joven de 18 años desaparecida el 9 de abril de 2022 en General Escobedo, Nuevo León y encontrada asesinada el pasado fin de semana, el OCNF condenaron el hecho que no es aislado en la entidad, y recordaron que tan sólo en los dos primeros meses de este año, la entidad se colocó en el tercer lugar en el país por casos de feminicidio: 15 casos de feminicidio y 8 homicidios dolosos de mujeres, un total de 23 mujeres asesinadas.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documentó en lo que va de 2022 que Monterrey, Juárez y Guadalupe, son los municipios con mayor índice de desapariciones.
Desde 2021, dice el Observatorio en el comunicado, la entidad se colocó en los primeros lugares del país por violencia contra mujeres; en ese año ya ocupaba el cuarto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que registró 66 casos de feminicidio y 35 homicidios dolosos de mujeres, un total de 101 mujeres asesinadas.
Respecto a los casos de desaparición en 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documentó un mil 145 casos de mujeres desaparecidas y no localizadas, de las cuales localizaron a 880, por lo que 265 mujeres, adolescentes y niñas continúan reportadas como desaparecidas o no localizadas por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2021, señala el comunicado.
Por todo ello el Observatorio llamó al gobierno de la entidad encabezado por Samuel García, para que priorice las medidas dictadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en el marco de la Alerta de Violencia de Género para el estado.
A la fiscalía estatal le pidió investigar con perspectiva de género la desaparición y posterior asesinato de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, a fin de sancionar a todas las personas que por acción y omisión contribuyeron a la materialización de la desaparición, asesinato y cualquier otra violación a sus Derechos Humanos.
A la Comisión Estatal de Búsqueda estatal le pidió revisar las acciones que ha emprendido en los últimos 6 meses a fin de diagnosticar cuáles son los ajustes que se tienen que realizar a fin de garantizar el cumplimiento de su visión.
Al Grupo Inter y Multidisciplinario de la Alerta de Violencia en Nuevo León, le pidió incorporar un análisis sobre la situación de desaparición en el estado y emitir medidas específicas para atender la problemática, ya que se identifica un patrón que puede estar incurriendo en delitos de trata y feminicidio.
22/RED
En 2021, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, de los 307 mil 679 eventos de detención migratoria en el país, 75 mil 592 (43 por ciento niñas y 57 por ciento niños) fueron de niñez y adolescentes migrantes, la mayoría provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil. Mientras que datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) señalan que durante ese mismo año 31 mil 688 menores de edad solicitaron asilo. De acuerdo con UNICEF, en el continente americano las niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años representan 23 por ciento del total de la población migrante internacional de la región. La adolescencia de 15 y 19 años representa 39 por ciento y la niñez de 0 a 4 años 13 por ciento.
90 por ciento de esta niñez y adolescencia provienen de países con altos indices de violencia de género y pocas acciones gubernamentales para atender y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, aunado a sistemas economicos y sociales precarios que los colocan con pocas posibilidades de acceder, por ejemplo a la educación.
En el caso de las niñas y las adolescentes, la exclusión hace una distribución desigual de la comida, la salud, la educación y la carga de trabajo en el hogar. Desde muy pequeñas son víctimas de violencia familiar, en algunos casos esta situación las orilla a casarse a temprana edad donde también encuentran abusos, control y violencia por parte de sus parejas.
El acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva es limitado. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 1 de cada 4 adolscentes es madre, con implicaciones importantes en su trayectoria de vida como el abandono escolar y dificultades para su inserción en el mercado laboral. Las niñas y las adolescentes se convierten tanto en territorio de venganza como de desprecio por parte de los grupos criminales. Estos contextos empujan a las niñas y las adolescentes a salir de sus países, situaciones que cruzan con la reunificación familiar, ataques a sus familias o amenazas directas por parte de pandillas o bandas del crimen organizado y búsqueda de mejores condiciones de vida.
Centroamérica sigue siendo la región con los más altos niveles de violencia proveniente de grupos delictivos organizados, incluyendo un aumento sin precedentes en los índices de homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado en las pandillas y extorsión. Entre los perfiles de las personas que huyen de estos países se encuentran: personas percibidas por las maras como resistentes a su autoridad territorial, personas con profesión o posición susceptible de extorsión, informantes, testigos o víctimas de delito, grupos del crimen organizado o fuerzas de seguridad, familiares o dependientes de miembros de la mara, o grupos del crimen organizado, habitantes del área de operación de la mara u otros percibidos como simpatizantes, exmiembros de las pandillas, desertores, y miembros de la comunidad LGBTIQ+, entre otros.
La respuesta del Estado mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), a la migración de la niñez y la adolescencia ha sido la detención y deportación. Sin embargo, luego de la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014 y la armonización con la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en noviembre de 2020, que entró en vigor en enero de 2021, donde se prohíbe la detención de niñez y adolescencia migrante y sus familias, las detenciones y deportaciones sin una evaluación del Interés Superior de la Niñez no deberían continuar.
En el último año, México ha intentado conciliar sus compromisos de contener la migración y proteger a la niñez y la adolescencia migrante, pero no lo ha logrado. Por un lado, aceptó facilitar el cierre del sistema de asilo estadounidense a través de la política Título 42 y el Protocolo “Quédate en México”; y por otro, mantiene la militarización de las fronteras con más de 27 mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, desplegados para labores de contención migratoria, además del poco fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la apertura de Centros de Asistencia Social sin las condiciones para atender a la niñez y la adolescencia y supeditando la política migratoria de contención y securitización al Interés Superior de la Niñez en los Planes de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Aunque existen algunos esfuerzos por proteger a la niñez y la adolescencia migrante como la creación, en 2019, de la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), no es suficiente. Es urgente transitar del papel a la acción y generar cambios no sólo en la legislación sino también en las autoridades y en la forma en que gestionan la migración de la niñez y la adolescencia -desde una visión adultocentrista, discriminatoria, racista y xenófoba-. Debemos apostar a pasar de una política que contiene, detiene y deporta, a una que protege y garantiza las mejores condiciones para el desarrollo de la niñez y la adolescencia migrante, ya sea en México o en un tercer país.
En unos días se celebrará el Día de la Niña y el Niño y mientras que para algunos será un día de risas, regalos y caramelos, para la niñez migrante será un día más de tránsito, de detención, de regreso a situaciones de riesgo en su país, porque al Estado mexicano se le olvidó que antes de ser migrantes son niñas y niños, resilientes, con sueños, con esperanzas y con el derecho a una vida digna y libre de violencia.
*Formación e Incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
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Presentan acciones de prevención y erradicación de la violencia
Ciudad de México.- Este 25 de abril, que como cada mes se conmemora el Día Naranja, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Secretaría de Seguridad Pública –acompañadas por funcionarias de Chiapas– presentaron el informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencia basadas en el género.
Al presentar este informe, la titular del Inmujeres, Nadine Gasman Zylberman, aseguró que de manera coordinada entre las instituciones federales y los gobiernos de los estados y los municipios han buscado desarrollar modelos de atención y de atención primaria de la violencia.
Este modelo, presentado originalmente en una conferencia del pasado noviembre, es eje de la política nacional integral y consiste en prevención, atención y sanción, para lo cual se despliegan servicios e intervenciones dirigidos a la población, así como un cuarto paso que es la erradicación, que requiere programación y presupuesto, estadísticas y evaluación y armonización legislativa.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dijo que 80 por ciento de los casos de feminicidio son causados por una persona cercana y conocida de la víctima, y anunció una iniciativa para el registro de agresores sexuales y feminicidas para que las fiscalías estatales tengan un banco de ADN para uso forense, en el cual se registre información genética de los agresores y sea utilizado para vincular evidencia entre entidades, con apoyo de un grupo de expertos de la SSPC.
La funcionaria dijo también que “en los próximos meses” se va a expedir un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para los primeros respondientes y a la par se va a emprender una certificación policial de los tres niveles de gobierno para que prevengan y atiendan cualquier caso de violencia con los estándares adecuados.
Cuestionada directamente sobre cómo funcionaria el registro de ADN, Icela Rodríguez respondió: “estamos iniciando apenas la discusión sobre esta propuesta. Por eso decimos nosotros que es una propuesta, una iniciativa que tiene la Secretaría para ayudar en las investigaciones”.
Cimacnoticias también preguntó a las funcionarias si son vigentes la estrategia «Puertas Violeta» y «Siempre Vivas» que fueron anunciadas por ellas en el pasado, y cuáles han sido sus resultados.
Al respecto, la titular del Inmujeres dijo: “hemos estado trabajando de una manera coordinada en diferentes estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres en el marco del protocolo, del modelo del que hablamos, acciones que van desde las redes Mujeres Constructoras de Paz”.
Es de recordar que desde el inicio de su administración, el gobierno federal lleva enlista una serie de acciones que no han logrado disminuir la violencia y no constan en documentos oficiales, empezando por el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, uno de los documentos más importantes de la administración federal pues contiene las acciones específicas que cada dependencia de gobierno debe realizar para atender esta problemática, y que se publicó oficialmente hasta diciembre de 2021.
Además, desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2018, y hasta el 25 de noviembre de 2021, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Gobernación (Segob) había presentado en conferencia de prensa al menos tres acciones para prevenir la violencia, sin que ninguna conste en algún documento oficial ni exista aún evidencia sobre su impacto, estas son: Puerta Violeta, el Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres, el Plan Emergente para Prevenir y Sancionar las violencias contra las mujeres y la Red de servicios especializados para mujeres que se llama “Siempre vivas, siempre libres, siempre iguales.
En el caso de la acción «Puerta Violeta», anunciada por la entonces secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Segob informó a Cimacnoticias vía transparencia que no tenía facultades sobre este programa, llamado también Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes; el Inmujeres, por su parte, precisó también vía transparencia que para esta acción, que consiste en unidades de atención en los municipios, el gobierno federal únicamente brindó asesoría y acompañamiento a los grupos impulsores locales que han implementado las unidades en el Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí, sin embargo, no tenía información específica de cada una de estas unidades.
El Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres, por otra parte, fue presentado en abril de 2020 por la entonces titular de la Conavim, la maestra Candelaria Ochoa, ante el Congreso de la Unión pero no formaba una política pública y nunca derivó en un documento oficial.
Otro caso es el de la Red de Servicios Especializados para mujeres que se llama “Siempre Vivas, Siempre Libres, Siempre Iguales”, presentado este enero de 2021, para el cual la Conavim dijo vía transparencia, que no genera, registra, ni mantiene información al respecto.
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Retraso en entrega de recursos a Refugios impacta en atención a usuarias
Ciudad de México.- Mientras que para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el retraso en la entrega de los recursos para la operación de los refugios no debe preocupar a las organizaciones civiles, para “Mónica”, una joven mujer usuaria de estos espacios, esto significa un día más sin atender un dolor en la muela derecha que no la deja ni comer ni descansar, producto de una patada que le propinó su agresor y la cual requiere de una operación costosa que debe cubrirse con el recurso federal.
Abril casi termina y la Secretaría de Gobernación, a través de Conavim, no ha firmado los convenios por medio del cuales los refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, recibirán los 420 millones de pesos que el congreso destinó a su operación para este 2022.
Mientras, cada día que pasa la situación se vuelve más crítica dentro de estos espacios de acogida. Un ejemplo de ello es el caso del Refugio que opera la organización Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia A.C., en la Ciudad de México, al que Cimacnoticias tuvo acceso el pasado 22 de abril.
Sin insumos para trabajar y con jornadas extendidas
Las profesionistas de este Refugio (dos trabajadoras sociales, una enfermera, dos psicólogas, una abogada y una maestra, una administradora y la directora) no se dan abasto para garantizar una atención completa y de calidad a las 8 familias (8 mujeres y 23 niñas y niños) que ingresaron entre enero y abril de este 2022, ello a pesar de no tener el recurso suficiente para mantener su operación.
Esto es así porque 80 por ciento de los fondos con los que anualmente cuenta este Refugio para su operación provienen del “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, el cual se esperaba, como ocurrió en 2021, se recibiera en marzo pasado.
A cinco días de concluir abril, los convenios no han sido firmados y el recurso sigue sin llegar a los refugios. Ello a pesar de que, cuestionada por Cimacnoticias y por legisladoras en el Senado de la República, la Comisionada Fabiola Alanís ha negado reiteradamente este retraso y ha asegurado que el tiempo no es importante sino el monto que se entregará completo a las organizaciones.
Para las trabajadoras de este Refugio, sin embargo, el tiempo es vital, ya que por ejemplo, desde enero pasado no han podido comprar lápices de colores ni otro material didáctico que se requiere para cubrir las necesidades educativas de las y los niños que llegan a los refugios con sus madres.
La educación no es una atención secundaria en este Refugio, ya que en algunos casos, producto también de la violencia, hay niñas y niños que nunca han pisado una escuela. La pedagoga del refugio evalúa el rezago de cada niña y niño, y adapta un plan educativo, con materiales didácticos especiales, que las y los preparen para su ingreso a la escuela una vez que salgan del refugio.
Lo mismo pasa en el rubro de salud, donde tres enfermeras se organizan para atender las necesidades básicas de las familias pero han tenido que dejar en espera las atenciones especializadas y más costosas, como el tratamiento que requiere “Mónica” (nombre falso por motivos de seguridad).
En este refugio tampoco tienen ya insumos para llevar a cabo el programa de inserción laboral, a través del cual las mujeres aprenden a hacer una actividad que les permita construir su autonomía económica. Por falta de recursos, desde enero pasado se suspendió el contrato con las talleristas y, en su lugar, el personal que queda ha tenido que asumir la tarea extra de impartir talleres de otra índole.
Las profesionistas también han tenido que distribuir entre ellas las funciones del personal que desde enero pasado ya no pudieron pagar, por ejemplo, personal de limpieza, una nutrióloga y talleristas.
No sólo eso, con el recurso federal las profesionistas también pagan sesiones de contención emocional, las cuales ya no se llevan a cabo. A decir de la psicóloga de este centro, la atención para las profesionistas es sustantiva toda vez que todas las mujeres que están siendo atendidas actualmente en este refugio llegaron ahí tras violencias tan graves que se catalogan todas como intentos de feminicidio.
Por falta de recursos, hasta la comida de las mujeres está comprometida. También desde enero, el refugio tuvo que suspender el trato con el proveedor habitual de comida y actualmente sostienen la alimentación de las usuarias con donaciones de bancos de alimentos.
Pese a estas condiciones, las 13 trabajadoras que laboran en el refugio han garantizado una atención especializada y de calidad para las familias que se alojan con ellas y que mantienen ocupadas todas las habitaciones del refugio, las cuales son individuales pero por familia. Además, con gestiones de diferente tipo, les aseguran un espacio de trabajo y uno de vivienda para que cuando las mujeres salgan tengan un plan de vida y una red de apoyo del cual sostenerse.
“Llegué en muy mal estado, deprimida, pero aquí todo va regresando poco a poco, con muchas atenciones por parte de las profesoras de aquí. Llevo aquí un mes y días pero siento que he avanzado en muchísimas cosas. Ya estoy un poco más segura de mi misma, ya he confrontado mis miedos, mi autoestima, mi carácter, ya otra vez teniendo el autoestima que perdí hace mucho tiempo. Aquí yo siento cariño, atención, gracias a aquí yo tengo una comida, un techo, una cama calientita. A mí no me han negado absolutamente nada (…) ya estoy trabajando mi plan de vida para ahora que salga”, dijo Fabiola, de 22 años de edad, que vive en el refugio desde el pasado 17 de marzo, luego de haber sido víctima de violencia y privación de su libertad por parte de su expareja, y quien pudo salvar su vida gracias a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la refirió al refugio.
La directora del Refugio, Tania Reynosa Mayora, explicó que el retraso del recurso significa una afectación directa en su sueldo, y las atenciones que requieren un costo más alto se mantienen suspendidas, y vivir limitadas de insumos básicos.
Para la directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una vida libre de violencia A.C., Marilú Rasso, es importante destacar que el recurso público destinado a la atención de las violencias de las mujeres, las niñas y los niños es una obligación del Estado que ha firmado y ratificado instrumentos internacionales en la materia, y hasta el día de hoy los refugios son el mecanismo más eficiente para la prevención del feminicidio y necesitamos ese dinero para operar y no dejar de atender con la calidad que merecen las mujeres que en esté momento requieren un espacio para salvaguardar su vida e integridad. No se trata de buena voluntad ni de conformarnos con lo mejor posible dentro de lo difícil, se trata del ejercicio de los DH de las mujeres y las niñas. En ese sentido no podemos retrasar ni un día más la entrega del recurso, porque en nuestro país todos los días se asesinan a 10 mujeres por el solo hecho de ser mujeres. No se puede postergar ni un segundo más la entrega de ese recurso porque significa la diferencia entre la vida y la muerte.
Es de recordar que durante 2021, los refugios para mujeres víctimas de violencia para sus hijas e hijos estaban a cargo del ya desaparecido Instituto de Desarrollo Social (Indesol), de la Secretaría de Gobernación, a donde fueron trasladados ese mismo año.
Aunque para este 2022 la Cámara de Diputados asignó el presupuesto para los refugios en la Secretaría de Bienestar y hasta se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en enero de este año se anunció que este programa quedaría a cargo de la Conavim. Desde entonces y hasta este 25 de abril, la comisionada Fabiola Alanís Sámano, ha asegurado que los recursos para los refugios están garantizados, también ha negado en entrevistas con Cimacnoticias que no existe ningún retraso y que el monto está por entregarse a los refugios, aunque nunca ha dado una fecha específica para esta entrega.
Alanís Sámano también aseguró que está en permanente comunicación con las organizaciones de la sociedad civil a cargo de los refugios y que ninguno ha cerrado, sino que siguen operando. La funcionaria omitió precisar que este funcionamiento no es gracias al gobierno federal sino a que las trabajadoras están trabajando extra y sin condiciones adecuadas para que esto sea posible.
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