En 2012, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) presentó en sus observaciones al Informe del Estado Mexicano sus preocupaciones por el “número cada vez mayor de desapariciones forzosas de mujeres y muchachas en entidades como Chihuahua, Nuevo León y Veracruz”, y la falta de registro sistemático de las desapariciones, así como la lenta respuesta del Estado para buscarlas. Diez años después la sociedad mexicana se dio cuenta que no tomar medidas a tiempo derivó en una feminización de la desaparición.
Hace una semana escribíamos acerca de la condición y diferencia de nacer como mujer en México y sus implicaciones, y los sucesos que ocurrieron en estos días confirman la gravedad de la realidad de las niñas y mujeres jóvenes en este país que se niega a conciliar y anteponer la construcción de soluciones antes que los intereses particulares y confrontaciones de siempre. Hablar de esto no es secundar a quienes lucran partidistamente con la violencia que siempre ha estado ahí en contra de las niñas y las mujeres, en cambio sí es urgir a respuestas que consideren seriamente el origen de este grave problema.
Lo que se concluye de la semana pasada para acá, es que efectivamente nacer en cuerpo de mujer en México está directamente relacionado con las oportunidades de vida, la esperanza de vida y las condiciones para sobrevivir a la violencia feminicida en los primeros años de vida. Si una niña logra llegar a los 15 años después de afrontar condiciones de violencia histórica por esa devaluación de la que aquí escribíamos, afrontará un contexto de riesgo feminicida que se incrementó paulatinamente junto a la presencia del crimen organizado en México.
Hace 10 años, el séptimo Informe del Comité de Expertas señalaba sus preocupaciones en el párrafo 18. Al Comité le preocupan… “El número cada vez mayor de desapariciones forzosas de mujeres y muchachas, el hecho de que las desapariciones forzosas no constituyan un delito en varios códigos penales locales, la falta de un registro oficial sistemático de las desapariciones y la lenta o nula activación de los protocolos de búsqueda en vigor, como el protocolo Alba y la alerta AMBER, por las autoridades”.
En numerosas ocasiones, en textos que he redactado o en intervenciones, he señalado este párrafo, acompañado del comentario de que el Estado Mexicano recibió esta observación y «no hizo nada al respecto», pese al evidente sesgo de la feminización de la desaparición en México, y si algo hay que reiterar y poner sobre la mesa es que las niñas y las mujeres son las víctimas de ese ciclo de desaparición-trata-feminicidio, en un contexto cada vez más alentado hacia la permisividad de la explotación sexual de las niñas y las mujeres en México a través de la “prostitución”.
No es algo nuevo y conviene analizar el problema en su contexto y como parte de una característica de la desaparición en nuestro país que ha pasado por distintas etapas desde finales de los 60 hasta la actualidad.
Antes, desde 2009, la Sentencia de “Campo Algodonero” ya había hecho énfasis en la urgencia de tomar medidas, adoptar acciones, cambios culturales, adopción de medidas institucionales y dejar de criminalizar a las niñas/mujeres jóvenes en su búsqueda cuando desaparecían, emprender búsquedas inmediatas. Fue hasta 2017 que se adoptó de manera oficial en las leyes que no era cierto -nunca lo fue- lo de dejar pasar 72 horas para emprender la búsqueda.
En aquellos casos y en los de 2012 se identificaba una serie de factores que favorecían el contexto para la desaparición de niñas y mujeres jóvenes, como son el incremento de la presencia de actividades del crimen organizado, el aumento de las fuerzas armadas en las calles, el aumento en la disponibilidad de armas de fuego, en el consumo y distribución de drogas, así como la normalización del consumo violento de los cuerpos de las niñas y las mujeres a través de prostíbulos que funcionan en complicidad con las redes de trata para siempre tener cuerpos disponibles.
En el análisis de las condiciones para que se acreditara el feminicidio se encontró que las razones de género aludían a ese contexto de violencia social, especialmente a lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia denomina como violencia feminicida con la impunidad social y del Estado, es decir, esa permisividad en el ánimo colectivo hacia el ejercicio de violencia en los cuerpos de las niñas y las mujeres como un daño colateral de la presencia del crimen organizado y las acciones para “combatirlo”.
En ese mismo Informe, la CEDAW identificó dos contextos en torno a la desaparición de las niñas y mujeres jóvenes en México:
- “Que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como (…) desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados, y”
- El Comité expresa su preocupación por la información recibida en que se indica una conexión entre el aumento de los números de desapariciones de mujeres, en particular muchachas, en todo el país y el fenómeno de la trata de personas.
Esta información vino acompañada de la recomendación de elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y “muchachas”, incluidos su alcance, causas, consecuencias y objetivos, así como sus posibles vínculos con las desapariciones de mujeres y “muchachas” y las nuevas formas de explotación.
Lamentablemente cuando se analiza la información en su contexto y desde una perspectiva de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas es sencillo identificar las causas de la violencia contra ellas, pero parece ser hoy un tema desplazado, porque a muchas personas les parece que ya fue suficiente de colocarlas en el centro y que ya no son prioridad. El problema es que no han entendido que comprender la violencia contra las niñas y las mujeres es la clave para entender las problemáticas sociales más graves que aquejan a este país, es el tamiz necesario para buscar y encontrar soluciones desde enfoques integrales que reconozcan la causa-efecto.
Muchas teorías y sentencias (incluyendo la sentencia de la Corte Penal Internacional por las violaciones y asesinatos de mujeres en Yugoslavia y Ruanda) se han escrito sobre el fenómeno de la violencia expresada en los cuerpos de las mujeres, sus características, motivaciones y contextos, pero es claro que la condición de nacer mujer y sobrevivir a todas las violencias identificadas que acaban con la vida de las niñas, habla casi en una eugenesia selectiva por el sexo, y tiene imbricaciones políticas y con el crimen global.
Que las sobrevivientes que pasan los 15 años afronten contextos graves como el que hoy observamos en México en donde la desaparición de jóvenes menores de 20 años nos muestra que muchas de ellas aparecerán como víctimas de feminicidio del crimen organizado vinculado con la trata, la prostitución y el consumo y distribución de drogas duras.
Si una niña supera el pronóstico de violencia y vive más allá de los 15 años, antes de los 20 habrá enfrentado altas probabilidades de desaparecer por ser mujer. Hay una relación directa entre el incremento en la disponibilidad de armas de fuego con el aumento de feminicidio con armas de fuego, hay una relación directa entre el aumento en la presencia del crimen organizado con la violencia en el ámbito familiar y de pareja que alentado por la impunidad estima que existen condiciones para la comisión del delito de feminicidio “sin consecuencias”, véase el ejemplo de las estadísticas de Quintana Roo.
Hay una relación entre el crimen organizado y las redes de trata para la explotación sexual, la explotación laboral y la esclavitud en las entidades en donde desde hace más de 20 años se consolidó un escenario de violencia y explotación de los cuerpos de las niñas y las mujeres.
La migración de las mujeres está relacionada con la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual.
No puede verse la explosión estadística de la violencia contra las mujeres, el feminicidio y las desapariciones como fenómenos aislados sin atravesarlo por la relación bi-fronteriza, el incremento en la disponibilidad de armas y drogas en territorio nacional, la situación de las fuerzas policiales en México, la prostitución como causa de la trata, los cambios socioculturales de las redes de apoyo y los trazos y diseños urbanos, y todo esto atravesado por el crimen organizado para entender y ver la problemática en su justa dimensión y tratar de manera integral encontrar cómo empezar a resolver esta grave situación.
Lamentablemente todo se sabe y se recuerda con cada asesinada, pero se diluye en discusiones partidistas y ahora hasta en otras agendas por encima de la violencia feminicida que persiste contra las niñas y las mujeres en México.
22/ACM/LGL
